La Universidad de California-Los Ángeles (UCLA) planea utilizar sus propios fondos para proporcionar ayuda financiera a los estudiantes inmigrantes ilegales, quienes están excluidos de recibir subsidios federales de emergencia.
La decisión se produce después de que la Secretaria de Educación Betsy DeVos aclarara el mes pasado que los inmigrantes ilegales, incluidos los que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, no son elegibles dentro de los 6000 millones de dólares en subvenciones de emergencia que el Congreso puso a disposición en la Ley CARES para ayudar a los estudiantes universitarios a cubrir los gastos incurridos debido a la actual pandemia.
La UCLA recibió alrededor de 36 millones de dólares en dinero federal a través de la Ley CARES, la mitad de los cuales se destinaron a los estudiantes en forma de subsidios directos en efectivo. El sitio web de la universidad instruye a los estudiantes a presentar una solicitud en línea antes del 22 de mayo para verificar que sean elegibles para recibir ayuda financiera federal y que tengan afectados sus gastos por la pandemia. Cada estudiante elegible puede recibir al menos 200 dólares del programa CARES.
Valeria García, directora del programa de estudiantes indocumentados de la UCLA, dijo al periódico estudiantil Daily Bruin la semana pasada que la universidad también está planeando ofrecer 200 dólares a los estudiantes inmigrantes ilegales que utilizan las becas privadas e institucionales de la universidad.
«Estos fondos serán críticos para apoyar algunas necesidades básicas de los estudiantes indocumentados y sus familias», dijo García en un correo electrónico. «Es importante señalar que estos fondos no equivalen a la cantidad que se da a los individuos a través de la Ley CARES», añadió.
Por otra parte, la corte suprema del estado de California rechazó la semana pasada la demanda de un grupo conservador que desafiaba el plan del gobernador Gavin Newsom de distribuir 75 millones de dólares a unos 150,000 inmigrantes ilegales desempleados a través de organizaciones sin fines de lucro. Esos pagos serán financiados por una combinación de dinero de los contribuyentes y donaciones privadas.
La demanda, presentada por el grupo legal sin ánimo de lucro Center for American Liberty, argumentaba que la asignación de fondos estatales por parte de Newsom violaba tanto las leyes estatales como las federales que niegan los beneficios de desempleo a los inmigrantes ilegales. También sostuvo que el programa violaba la prohibición de la Constitución del estado de dar regalos a organizaciones que no sean dirigidas exclusivamente por el estado.
La petición fue desestimada por el Tribunal Superior de California en una orden de una sola sentencia el 6 de mayo sin alguna explicación.
«El Gobernador dejó claro en sus comentarios que está otorgando 75 millones de dólares en lugar de los beneficios de desempleo que las leyes estatales y federales prohíben a los extranjeros que trabajan aquí ilegalmente», dijo el abogado Harmeet K. Dhillon, un funcionario del Partido Republicano. «También es preocupante que las organizaciones sin fines de lucro sin nombre, que no tienen que rendir cuentas al contribuyente, van a recibir y distribuir los dólares de los contribuyentes».
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