Mucho estaba en juego para los padres de Virginia cuando su nuevo gobernador, Glenn Youngkin, asumió el cargo el 15 de enero. Ellos trabajaron arduamente para conseguir los votos republicanos, y los derechos de los padres fueron el tema decisivo para su estrecha victoria en las elecciones para gobernador.
Hasta ahora, los padres no parecen estar decepcionados.
En su primer día en el cargo, Youngkin firmó tres órdenes ejecutivas relacionadas con la educación: prohibir la Teoría Crítica de la Raza (TCR) en la educación pública, poner fin a la orden del uso de mascarillas en las escuelas y autorizar una investigación para las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun en relación con el presunto mal manejo de dos casos de agresión sexual en el recinto escolar.
“Los conceptos inherentemente divisivos, como la teoría crítica de la raza y su progenie, instruyen a los estudiantes para que solo vean la vida a través de la lente de la raza y presumen que algunos estudiantes son consciente o inconscientemente racistas, sexistas u opresores, y que otros estudiantes son víctimas», decía la primera orden ejecutiva de Youngkin.
Shawntel Cooper, una madre del condado de Loudoun, en el norte de Virginia, cuyo discurso en contra de la TCR en una reunión de la junta escolar el año pasado puso de relieve a nivel nacional la preocupación de los padres sobre este tema, asistió a la firma de las órdenes ejecutivas en la oficina del gobernador en Richmond.
«Traté de no llorar, pero no pude contenerme», dijo Cooper a The Epoch Times. «Es una victoria para los niños, la familia y la libertad— derribar la barrera de un modelo único para todos. Fue muy emotivo para mí que mi hija estuviera allí y viera cómo se realizaban las firmas. Me dio mucha fuerza y me sentí honrada.
«Nuestros líderes realmente hicieron lo que dijeron que iban a hacer el primer día».
Cooper y otros padres en todo el estado y el país han protestado por la transmisión de las ideas de la TCR en el sistema de escuelas públicas, mediante políticas administrativas, capacitación de maestros e instrucción de estudiantes. La TCR es un análisis cuasi-marxista que divide a la sociedad en grupos «opresores» y «oprimidos» según la raza.
Scott Mineo, el fundador del grupo de defensa Parent Against Critical Theory, con sede en Loudoun, también expresó su agradecimiento por las disposiciones.
«Fue un comienzo muy fuerte en un día muy fuerte», dijo Mineo a The Epoch Times.
Anteriormente, Mineo se había mostrado escéptico ante la promesa de campaña de Youngkin de prohibir la TCR. En opinión de Mineo, la TCR es un marco que continua cambiando sus manifestaciones en las escuelas públicas, por ejemplo, bajo lemas como «inclusividad» y «aprendizaje socioemocional». Sin comprender el núcleo de la TCR como una lente para enmarcar todos los problemas por raza, un líder no podría prohibirla de manera eficaz, dijo. En otras palabras, prohibir la TCR sin prohibir sus principios no conduciría a ninguna parte.
Sin embargo, Youngkin «abordó exactamente la preocupación» en una entrevista de Fox News el domingo. «En realidad nos dirigimos a los principios de la TCR. Fuimos hacia los principios de los conceptos de división racial porque es exactamente donde el sustento de la TCR está incrustado en nuestras escuelas en Virginia», dijo el gobernador. Youngkin agregó que un curso titulado «teoría crítica de la raza» no era la cuestión.
Las escuelas públicas del condado de Loudoun, al igual que otros administradores escolares de todo el país, niegan que se esté enseñando la TCR a los alumnos.
Mientras tanto, también se han iniciado esfuerzos legislativos para abordar este problema. El delegado republicano en su primer mandato, Wren Wiliams, presentó un proyecto de ley el 12 de enero, el primer día de la sesión de la Asamblea General, para responsabilizar a los educadores por enseñar conceptos divisivos convirtiéndolos en un delito penal. Este proyecto permitiría a los padres afectados recurrir a los fondos públicos para cambiar a sus hijos a otra escuela o para educarlos en casa.
El proyecto de ley también propone que los estudiantes de Virginia deban aprender los documentos fundacionales de Estados Unidos: la Declaración de Independencia, la Constitución de Estados Unidos, etc.
«Mi objetivo al aprobar esta legislación es defender la visión de Martin Luther King Jr: un Estados Unidos donde nuestros niños NO sean juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter», dijo Williams en una declaración enviada por correo electrónico a The Epoch Times, y agregó que quería «acabar con la Teoría Crítica de la Raza desde su raíz, en todas sus formas».
Agresiones sexuales en las escuelas de Loudoun
Tras la orden ejecutiva de Youngkin, el nuevo fiscal general de Virginia, Jason Miyares, anunció el 15 de enero que la investigación sobre un presunto encubrimiento de las agresiones sexuales en las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun (LCPS, por sus siglas en inglés) estaba oficialmente abierta.
Los ataques se refieren a dos incidentes el año pasado que involucraron al mismo adolescente agresor.
El 12 de enero, el joven de 15 años fue sentenciado a libertad condicional en un centro residencial cerrado hasta que cumpliera los 18 años y se le ordenó registrarse como delincuente sexual.
El joven fue declarado culpable en octubre por cargos de sodomía forzada y felación forzada dentro de un baño en la escuela secundaria Stone Bridge el 28 de mayo. En noviembre, se declaró sin oposición a los cargos de secuestro y delito menor de agresión sexual por otra agresión que ocurrió en un aula de Broad Run High School el 6 de octubre. El 12 de enero, un juez de Loudoun lo declaró culpable de los cuatro cargos.
LCPS fueron acusadas de errores al permitir que el joven asistiera a otra escuela secundaria mientras esperaba el juicio por el primer ataque. El superintendente Scott Ziegler también recibió duras críticas por presuntamente ocultar su conocimiento de la agresión sexual del 28 de mayo en una reunión de la junta escolar en junio. La protesta pública hizo que el condado contratara a un bufete de abogados para que realizara una investigación sobre su gestión sobre las agresiones.
«Estamos agradecidos con nuestro gobernador Glenn Youngkin», dijeron Jessica y Scott Smith, padres de la víctima en el incidente de mayo a The Epoch Times. «Por fin, la cordura y la transparencia están regresando al gobierno».
Un día antes de que asumiera el cargo el nuevo gobernador, la Junta Escolar del Condado de Loudoun anunció que LCPS habían designado a un nuevo coordinador interino del Título IX. En el futuro, dijo que emplearían a un coordinador de Título IX de tiempo completo y personal de investigación adicional para realizar una revisión de todas las denuncias de acoso reportadas en los últimos 12 meses.
En respuesta, los Smith dijeron que los pasos fueron «demasiado pequeños, demasiado tarde para ayudar a nuestra hija, y son poco más que de naturaleza superficial en un esfuerzo por salvar su propio pellejo».
En la misma declaración, la junta escolar dijo que no publicaría el informe del bufete de abogados que había realizado la investigación independiente «porque la privacidad de las familias involucradas debe ser protegida».
La declaración de la junta escolar continuó: «El interés nacional en esta investigación impediría cualquier posibilidad de permitir que las familias se recuperen en privado y avancen con dignidad».
Agregó que el informe también fue retenido porque estaba bajo la «protección del privilegio abogado-cliente».
Los Smith no estuvieron de acuerdo con la decisión de LCPS. Dijeron a The Epoch Times el 14 de enero: «¿Cómo puede una investigación independiente externa, financiada por los contribuyentes, no ser publicada y, en cambio, mantenerse en secreto para la gente? Sencillamente, el sistema escolar no puede tener las dos cosas, y sus acciones son completamente inaceptables».
«Creemos que una vez más, LCPS continúan participando en un encubrimiento activo y están tratando de evitar rendir cuentas a las víctimas y sus familias», agregaron.
Jessica Méndez, miembro de la junta directiva de Fight for Schools, un grupo de defensa de padres del condado de Loudoun, aplaudió la investigación del nuevo fiscal general.
«Nos sentimos validados de alguna manera y que nuestras preocupaciones son reales y genuinas, y que algo debe suceder. La gente debe rendir cuentas», dijo Méndez a The Epoch Times.
«Tener el apoyo del liderazgo en Richmond es fundamental», dijo, refiriéndose a la capital del estado. Méndez dijo que Fight for Schools continuaría promoviendo cambios en las escuelas mientras aprovecha el apoyo de Richmond como «cobertura aérea».
LCPS no ha respondido a la pregunta de The Epoch Times sobre su respuesta a la investigación estatal.
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