Una demanda de America First Legal (AFL) alega que ciertas entidades conspiraron con el gobierno estadounidense para imponer la censura de temas como las elecciones de 2020 y el COVID-19 en plataformas de redes sociales.
Según un comunicado de prensa del 2 de mayo, la demanda colectiva federal se presentó contra personas y entidades identificadas por haber «conspirado con el gobierno para negar a los estadounidenses sus derechos inalienables, señalando contenidos y creadores a entidades gubernamentales para que éstas, a su vez, presionaran a las plataformas para que eliminaran esos contenidos o a esos creadores. Crearon un régimen de vigilancia, censura y control digno de la China comunista».
La vigilancia y la censura masivas desatadas por estas partes se dirigieron supuestamente contra el discurso político de millones de estadounidenses en plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube, afectando al discurso conservador en cuestiones como las vacunas contra el COVID-19, la integridad de las elecciones y los mandatos de vacunación.
Según la demanda (pdf), se cuestiona «probablemente el mayor programa de vigilancia y censura masivas de la historia de Estados Unidos», que incluye dos iniciativas: la «Asociación para la Integridad de las Elecciones» (EIP) y el «Virality Project» (VP). Se dice que ambos programas están en curso.
La EIP se puso en marcha en 2020 y se dice que ha participado en la vigilancia masiva de 859 millones de posteos solo en Twitter.
La demanda afirma que el 72 por ciento de las solicitudes de censura procesadas por la EIP estaban relacionadas con la «llamada deslegitimación» de los resultados de las elecciones de 2020, con más del 99 por ciento de esos posteos en redes sociales estrangulados durante el período electoral.
La demanda señala que la EIP admitió que la censura se dirigía «de forma abrumadora a discursos políticamente conservadores o de tendencia derechista». Citaba un informe de la EIP en el que se afirmaba que entre los «principales difusores repetidos de narrativas falsas y engañosas» se encontraban el expresidente Donald Trump y su familia.
«Grupos de izquierda como MITRE, Common Cause, el DNC, el Defending Digital Democracy Project y la NAACP presentaron solicitudes informando sobre el discurso a la EIP». Sin embargo, «la EIP no informa de que ningún grupo político de derecha presentara solicitudes a la EIP».
La EIP consiguió que las plataformas de redes sociales censuraran el discurso. Según la demanda, el 35 por ciento de las URL que la EIP compartió con Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok fueron eliminadas, etiquetadas o bloqueadas.
Las solicitudes y URL de EIP incluían «millones de posteos en redes sociales, incluidos casi 22 millones de publicaciones solo en Twitter durante un período de cuatro meses en 2020».
La organización señaló «repetidamente» el sitio web del demandante Jim Hoft, The Gateway Pundit, como «proveedor de desinformación en redes sociales». The Gateway Pundit fue clasificado por encima de Trump, Breitbart News y Sean Hannity como «difusor repetido de desinformación electoral».
Censura de contenidos sobre el COVID-19
En 2021, los acusados ampliaron las actividades de censura a la expresión relacionada con el COVID-19, las vacunas contra el COVID-19 y las restricciones y mandatos por el COVID-19.
Virality Project «tiene como objetivo el discurso político y religioso de derecha asociado con la desconfianza y la oposición a los mandatos gubernamentales, incluidos destacados oradores de derecha», afirma la demanda.
Durante un periodo de siete meses, se dice que Virality Project se centró en discursos que «cuestionaban la seguridad, distribución y eficacia de las vacunas».
Afirmar que las vacunas contienen material objetable por motivos religiosos o que son producidas por empresas farmacéuticas que han ocultado repetidamente los daños en favor de los beneficios se consideraba desinformación antivacunas.
«VP se centra, no sólo en la desinformación sobre las vacunas, sino en el discurso político y la organización política contra los pasaportes de vacunas y los mandatos de vacunación», decía la demanda.
El discurso conservador que se opone a los mandatos impuestos por el gobierno y la oposición a los mandatos de vacunación por parte de los empleadores se consideraron desinformación. Además, la oposición a los mandatos de mascarillas y a los confinamientos se clasificó como el «punto de vista del espectro político de derecha», señala la demanda.
El expresentador de Fox News Tucker Carlson fue citado 42 veces en un informe de Virality Project, en el que se le calificaba como «uno de los divulgadores más destacados y sensacionalistas de información falsa o engañosa sobre las vacunas durante toda la pandemia del COVID-19».
Otros de los señalados por Virality Project son el activista por la seguridad de las vacunas Robert F. Kennedy Jr, Candace Owens, el Dr. Joseph Mercola y la fundadora de America’s Frontline Doctors, la Dra. Simone Gold.
La demanda señala que «el VP también censura el discurso veraz; induce con éxito a las plataformas de redes sociales a censurar y suprimir el discurso relacionado con el COVID que no era falso o, en muchos casos, ni siquiera violaba las políticas de la plataforma».
El seguimiento de Virality Project rastreó contenidos con unos «6.7 millones de interacciones en las redes sociales a la semana, o más de 200 millones de interacciones» durante un periodo de siete meses.
En marzo, el periodista de investigación Matt Taibbi reveló información sobre la presunta colusión entre Virality Project y Twitter para censurar contenidos considerados desinformación sobre las vacunas contra el COVID-19. Según Taibbi, VP también actuó en colusión con el gobierno.
En un posteo en las redes sociales, Taibbi calificó Virality Project de «éxito rotundo», ya que «el gobierno, el mundo académico y un oligopolio de posibles competidores corporativos se organizaron rápidamente detrás de un esfuerzo secreto y unificado para controlar la mensajería política.»
Participación del gobierno
«Cuatro entidades —el Observatorio de Internet de Stanford, el Centro para un Público Informado de la Universidad de Washington, Graphika y el Laboratorio Forense Digital del Atlantic Council— colaboran estrechamente con funcionarios federales, estatales y locales para vigilar y censurar puntos de vista desfavorables en las redes sociales».
La EIP se formó entre estas cuatro instituciones con el objetivo de «censurar y suprimir el discurso desfavorable en las redes sociales», afirma la demanda. Posteriormente, las entidades se centraron en el discurso considerado desinformación sobre el bajo el Virality Project.
La demanda indica que la EIP se creó en consulta con la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional. Se dice que los becarios de la CISA originaron la idea del EIP.
La EIP se diseñó para llenar un «vacío» en la capacidad del gobierno para vigilar la llamada «desinformación» e «información errónea» sobre las elecciones en las redes sociales», afirmaba la demanda.
«Renee DiResta ha indicado que la EIP se diseñó para eludir los problemas legales y constitucionales que surgirían si la CISA u otros organismos gubernamentales se dedicaran directamente a la vigilancia masiva y la censura de la expresión en las redes sociales».
Además de la CISA, otros socios gubernamentales que envían solicitudes a la EIP son el Centro de Compromiso Global (GEC, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado y el Elections Infrastructure Information Sharing & Analysis Center, que es una organización de funcionarios de gobiernos estatales y locales coordinada por el Center for Internet Security «en virtud de la financiación de la CISA».
Acciones «orwellianas» e inconstitucionales
La demanda insiste en que las acciones de censura de los demandados son «descaradamente ilegales e inconstitucionales», ya que el gobierno tiene prohibido inducir, animar o promover a personas privadas a cumplir objetivos que tiene constitucionalmente prohibidos.
«Los demandados lanzaron su colosal programa de vigilancia y censura masivas, en estrecha colaboración con funcionarios del gobierno, precisamente porque esos funcionarios carecen de los recursos y la autoridad legal para hacerlo directamente».
La demanda cita como demandados en el caso al Observatorio de Internet de Stanford y a su director y responsable de Investigación, Alex Stamos y Renee DiResta, a la Dra. Kate Starbird de la Universidad de Washington, a Graphika y al Laboratorio Forense Digital del Atlantic Research Council.
AFL ha presentado la demanda en nombre de Jill Hines, codirectora de Health Freedom Louisiana, y Jim Hoft, fundador del popular sitio web de noticias The Gateway Pundit.
«Bajo el disfraz orwelliano de vigilar la ‘errónea’ y la ‘desinformación’, las organizaciones y entidades a las que demandamos hoy son responsables de erosionar radicalmente los derechos y libertades de los que depende la supervivencia de la sociedad libre», declaró el presidente de AFL, Stephen Miller.
La demanda de la AFL llega en un momento en que los republicanos de la Cámara de Representantes han citado a varios funcionarios de Biden por la campaña de la Administración para censurar a los usuarios de las redes sociales mediante la coordinación con las grandes empresas tecnológicas.
Las citaciones fueron enviadas por el representante Jim Jordan (R-Ohio), presidente del Comité Judicial de la Cámara, el 28 de abril a la directora de la CISA, Jen Easterly, a la directora de los CDC, Dra. Rochelle Walensky, y a James Rubin, funcionario del GEC.
Se dice que las tres personas no han respondido adecuadamente a las peticiones de proporcionar documentos y comunicaciones entre sus agencias y las plataformas de redes sociales.
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