Una sinopsis del proyecto de ley bipartidista de infraestructura de USD 1.2 billones

Por Joseph Lord
11 de Agosto de 2021
Actualizado: 11 de Agosto de 2021

Análisis de noticia

El Senado aprobó la Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura el martes por la mañana luego de intensos debates sobre el proyecto de ley en la Cámara y el Senado. El proyecto de ley, cuyo valor es de USD 1.2 billones, está muy lejos del plan de los demócratas de USD 3.5 billones. Aún así, algunos han criticado el proyecto de ley por su contenido que va más allá de la mejora de la infraestructura básica.

Algunos de los elementos legislativos habituales incluyen alrededor de USD 250,000 millones asignados durante 5 años para la mejora de las carreteras, más USD 3000 millones adicionales para el Programa de Transporte Tribal en las reservaciones indígenas. Otra disposición exige invertir alrededor de USD 30,000 millones en puentes de los EE. UU., alrededor de USD 2500 millones para la mejora de la infraestructura metropolitana, la creación de rutas seguras a la escuela para los estudiantes de escuelas públicas, la mejora del acceso al transporte en las áreas rurales, el desarrollo y renovación de senderos recreativos y la mejora de rutas de evacuación en caso de desastres naturales u otras emergencias.

Amtrak, el servicio estatal de trenes de pasajeros, recibirá USD 19,220 millones en subvenciones para diferentes líneas ferroviarias en todo el país. Se otorgaron USD 1320 millones adicionales a la Administración Federal de Ferrocarriles. Finalmente, el proyecto de ley requería una inversión de USD 225 millones en investigación y desarrollo ferroviario por parte de la Administración Federal de Ferrocarriles. La legislación también asignó USD 1500 millones por año durante cinco años, un total de USD 7500 millones, para el desarrollo de ferrocarriles interurbanos. En resumen, el proyecto de ley de infraestructura asigna USD 28,050 millones durante cinco años al mantenimiento y desarrollo de ferrocarriles.

Bajo la idea de que Internet es o debería ser un servicio público, varias secciones del proyecto de ley se centran en proporcionar Internet a las zonas rurales y pobres a un costo enorme. Una de las asignaciones más grandes en el proyecto de ley se destinó a este propósito, otorgando a la FCC USD 14,200 millones para el Programa de Conectividad Asequible, un programa diseñado específicamente para brindar Internet a estudiantes estadounidenses. Además de esto, el Congreso reservó hasta USD 2000 millones para servicios públicos rurales como educación a distancia, telemedicina e internet de banda ancha. Aún más se destinó a expandir el acceso a Internet: hasta USD 42,500 millones se destinarán al Programa de Equidad, Acceso e Implementación de Banda Ancha; junto con USD 2000 millones adicionales específicamente para el Fondo de conectividad de banda ancha y, finalmente, USD 2800 millones para “Igualdad digital”.

Varios programas y asignaciones en el proyecto de ley se destinan a esfuerzos para combatir el cambio climático en lugar de mejorar específicamente la infraestructura. Por ejemplo, asigna USD 50 millones para reducir las emisiones de camiones en las instalaciones portuarias. El proyecto de ley también incluye una subvención de USD 100 millones para reducir la temperatura de la superficie de las calles del centro de la ciudad, USD 13,000 millones para mejorar la calidad del aire, inversiones para mejorar el acceso a combustibles alternativos en los Estados Unidos y un programa de reducción de emisiones de carbono.

Otras disposiciones del proyecto de ley están menos relacionadas con la infraestructura. Por ejemplo, el proyecto de ley pide un “análisis cuantitativo de las muertes y lesiones graves de los usuarios vulnerables de la carretera” [que] “considera la demografía de las ubicaciones de las muertes y lesiones graves, incluida la raza, el origen étnico, la edad, los ingresos y la edad”. La Comisión Denali, una agencia federal que se enfoca en el desarrollo del estado de Alaska, recibirá USD 20 millones por año durante cinco años. El Proyecto Central de Utah, un programa de desarrollo de recursos hídricos en Utah, recibirá USD 50 millones para la finalización del proyecto. Se establecen USD 500 millones adicionales para financiar la investigación y el desarrollo de autobuses escolares de emisiones bajas o emisiones cero.

Otros USD 125 millones no se destinarán a infraestructura en absoluto, sino que se destinarán durante 5 años a capacitación y educación.

El proyecto de ley también crea nuevas regulaciones para la industria automotriz. Una de esas disposiciones exige un mandato para que los fabricantes de automóviles incluyan medidas de prevención de colisiones contra vida silvestre en todos los vehículos fabricados tres años después de la aprobación del proyecto de ley. También requiere que todos los vehículos fabricados después de la misma fecha estén equipados con “tecnología avanzada de prevención de conducción en estado de ebriedad o bajo los efectos del alcohol”. No está claro si esto significa que los automóviles tendrán que venir equipados con un alcoholímetro o algún otro tipo de tecnología. Una sección especialmente extraña del proyecto de ley exige que se realicen investigaciones federales en limusinas.

Una parte del proyecto de ley exige una “tarifa de usuario por milla”–un impuesto federal basado en el millaje conducido por los consumidores. Para recopilar esta información, el proyecto de ley exige el uso de dispositivos de terceros para el diagnóstico a bordo, apps para smartphones, datos telemétricos recopilados por los fabricantes de vehículos y datos obtenidos por las compañías de seguros de automóviles, entre varias otras herramientas.

Otra sección se centró en “empresas comerciales desfavorecidas”, y dijo que “la discriminación y las barreras relacionadas continúan planteando obstáculos importantes para las empresas propiedad de minorías y mujeres que buscan hacer negocios en los mercados de transporte de superficie con asistencia federal en los EE. UU.”. La sección continuó haciendo la audaz afirmación de que “los esfuerzos neutrales en cuanto a raza y género por sí solos son insuficientes para abordar el problema”. Por lo tanto, el proyecto de ley requiere que al menos el 10 por ciento de las asignaciones para las pequeñas empresas se otorguen en función de la raza o el sexo.

Una disposición del proyecto de ley apunta al mercado de las criptomonedas, una medida que atrajo críticas bipartidistas en la Cámara y estimuló la introducción de una enmienda para cambiar la regla que fue derribada el lunes por la tarde.

Esta versión final del proyecto de ley, que ha estado en negociación durante meses, dejó a muchos en el Congreso descontentos ya que los progresistas han presionado por un proyecto de ley más grande y los elementos libertarios han presionado por uno más pequeño. No está claro si el proyecto de ley será aprobado por la Cámara en este contexto.


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