El gobierno de Estados Unidos planea imponer restricciones de visado a funcionarios chinos implicados en la represión de grupos religiosos y étnicos minoritarios en China, según informa el Departamento de Estado.
«Hoy, el Departamento de Estado está tomando medidas para imponer restricciones de visado a funcionarios de la República Popular China (RPC) por su implicación en la represión de comunidades religiosas y étnicas marginadas», dijo el portavoz del departamento, Matthew Miller, en un comunicado de prensa del 12 de julio. «La RPC no ha cumplido sus compromisos de respetar y proteger los derechos humanos».
Como ejemplos, citó «el genocidio en curso y los crímenes contra la humanidad en Xinjiang, la erosión de las libertades fundamentales en Hong Kong, los persistentes abusos contra los derechos humanos en Tíbet y la represión transnacional en todo el mundo».
El Sr. Miller no nombró a los funcionarios que se enfrentan a restricciones de visado ni dijo cuántas personas pueden verse afectadas.
La declaración se produce después de que repetidos informes describieran la represión y el acoso continuos de Bejín a los seguidores religiosos y en medio de crecientes llamamientos en el Congreso y en otros lugares para que se tomen medidas para proteger a los grupos reprimidos en China.
El Departamento de Estado publicó el mes pasado su informe 2023 sobre libertad religiosa internacional. El informe, que citaba a organizaciones no gubernamentales e informes de los medios de comunicación, concluía que el Partido Comunista Chino (PCCh) seguía imponiendo un estricto control sobre los grupos religiosos restringiendo la libertad de los seguidores religiosos que consideraba una amenaza para los intereses del PCCh.
Según el informe, los seguidores de estos grupos religiosos se enfrentaban al acoso, tortura, arresto, detención, malos tratos físicos, adoctrinamiento forzoso en la ideología del PCCh e incluso la muerte.
En un informe publicado en mayo, la Comisión Estadounidense para la Libertad Religiosa Internacional indicaba que el régimen comunista de China se encontraba entre los «peores violadores» de la libertad religiosa de su pueblo, así como entre los «perpetradores más activos» de represión transfronteriza y otras actividades malignas en el extranjero.
El informe de la comisión indicaba que, en 2023, la libertad religiosa en China empeoró a medida que el régimen impulsaba la «sinicización de la religión», exigiendo que todos los principales grupos religiosos se ajustaran a la ideología y las políticas del PCCh.
«La sinicización exige que los grupos sigan la interpretación marxista de la religión del PCCh, incluso alterando las escrituras y doctrinas religiosas para ajustarse a esa interpretación».
También descubrió que «se extraen órganos de Falun Gong y uigures, algunos mientras aún están vivos».
El mes pasado, la Cámara aprobó la Ley de Protección de Falun Gong para combatir los crímenes del PCCh de extracción de órganos y poner fin a la persecución de décadas del grupo espiritual, también conocido como Falun Dafa. Además, el año pasado la Cámara aprobó la Ley de 2023 para poner fin a la extracción forzada de órganos.
La comisión recomendó que el gobierno federal de Estados Unidos «siga imponiendo sanciones, en coordinación con sus socios, contra funcionarios y entidades chinos responsables de graves violaciones de la libertad religiosa». También instó al Congreso a prohibir los grupos de presión extranjeros de agentes que representan al régimen chino y a sus entidades comerciales afiliadas al Estado que atentan contra la libertad religiosa y los derechos humanos conexos.
La comisión también pidió al Departamento de Estado que volviera a designar a China como «país especialmente preocupante» por «incurrir en violaciones sistemáticas, contínuas y atroces de la libertad religiosa», tal y como se recoge en la Ley de Libertad Religiosa Internacional.
Washington utiliza a menudo las restricciones de visado para perseguir la implicación de funcionarios chinos en violaciones de los derechos humanos. En agosto del año pasado, el Departamento de Estado impuso restricciones de visado a funcionarios chinos por su papel en la asimilación forzosa de más de un millón de niños tibetanos en internados gestionados por el gobierno.
En mayo de este año, el Departamento de Estado también impuso restricciones de visado a funcionarios chinos y hongkoneses por la sentencia condenatoria dictada contra 14 activistas prodemocráticos de Hong Kong en virtud de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Beijín.
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