Cinco activistas provida fueron declarados culpables de los cargos de impedir la entrada de mujeres a una clínica abortista de Washington en 2020.
Ellos enfrentan hasta 10 años de prisión por el cargo de conspirar para impedir que otra persona ejerza sus derechos.
Abogados de The Thomas More Society dijeron que el 29 de agosto los manifestantes —miembros del Progressive Anti-Abortion Uprising (PAAU)— también fueron declarados culpables de violar la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas (ley FACE), ante la Corte de Distrito de EE. UU. en Washington.
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La ley tipifica como delito el uso de la violencia, la obstrucción física o la intimidación para bloquear el acceso a los servicios reproductivos.
Las acciones no violentas que infrinjan esta ley pueden acarrear hasta un año de cárcel al cometer un delito menor.
«La corte determinó que debido a que la violación de la ley FACE —en este caso— fue un delito de ‘violencia’, los cinco acusados deben ser encarcelados de inmediato», declaró el abogado principal, Steve Crampton.
«Así que los acusados fueron conducidos fuera de la sala por alguaciles federales Marshals. Esto es un ultraje».
Los cargos surgieron de un incidente ocurrido el 22 de octubre de 2020, cuando la directora de activismo del PAAU, Lauren Handy, Herb Geraghty, John Hinshaw, Heather Idoni, Will Goodman, Jay Smith, Paula Harlow, Jean Marshal, Joan Bell, Jonathan Darnel y Caroline Davis entraron en el establecimiento Washington Surgi-Clinic.
La Sra. Davis aceptó un acuerdo con la fiscalía y testificó a favor del gobierno. Las señoras Smith, Harlow, Marshal, Bell y el Sr. Darnel serán juzgados más adelante.
La fiscalía dijo que conspiraron para bloquear las entradas de la clínica. Sus abogados dijeron que no lo hicieron.
The Epoch Times se puso en contacto con Lisa J. Klem, enlace de prensa de la Corte de distrito, pero no respondió antes de la hora de publicación.
En una transcripción del alegato final facilitada por la Sociedad Thomas More, el abogado Martin Cannon dijo a los miembros del jurado que la Sra. Handy no bloqueó la entrada a la clínica.
«Ustedes lo vieron en vídeo», dijo el abogado Cannon. «Ella no bloquea nada».
El Sr. Darnel grabó un vídeo de la incursión provida en la clínica. En él, algunos activistas cantaban himnos, mientras otros se encadenaban a las sillas de la clínica.
«Los ‘salvadores’ están haciendo su trabajo. No permiten que las mujeres entren en la clínica abortista», decía en el vídeo un manifestante con mascarilla. «Mientras ellos estén ahí dentro, ninguna mujer podrá entrar a matar a sus hijos».
El Sr. Cannon rechazó los cargos de conspiración contra los derechos civiles.
Por último, el abogado indicó al jurado que «mantuviera las leyes en vigor» a pesar de las «pasiones de ambos lados» sobre el aborto.
En una transcripción judicial de los alegatos finales adquirida por The Epoch Times, el fiscal Sanjay Patel dijo que todos los participantes en la protesta eran claramente culpables.
Las pruebas demuestran que los acusados conspiraron para violar la ley FACE, dijo el fiscal.
También señaló que los manifestantes impidieron el paso a una parturienta cuyo bebé, según los médicos, moriría con toda probabilidad en el útero o al nacer.
Si alguno de los acusados utilizó la fuerza, todos ellos son culpables, dijo el Sr. Patel, añadiendo que tres manifestantes utilizaron la fuerza.
Según el fiscal, el Sr. Smith empujó una puerta y empujó a una enfermera, la Sra. Marshal empujó a una enfermera para entrar en la clínica, y la Sra. Harlow «utilizó la fuerza y lanzó su (…) cuerpo contra el gerente de la clínica».
Antes de que comenzara el juicio, la jueza Kollar-Kotelly prohibió a la defensa utilizar varias estrategias, dicen los documentos judiciales.
«Se requiere inmediatez. Un acusado no puede ponerse la capucha de un justiciero para insertarse en una situación de su propia creación y posteriormente alegar estar defendiendo a un tercero para justificar sus acciones», dicen las instrucciones de la jueza al jurado.
La «defensa de necesidad» es la idea de que, en una situación de emergencia, un acusado cometió un delito para evitar que ocurriera otro mayor.
Geraghty argumentó que protestaban para evitar la muerte inminente de bebés no nacidos.
La corte también rechazó la defensa de la «tercera persona». Este término jurídico se basa en la idea de que es legal infringir la ley para defender la vida de otra persona.
La jueza además rechazó cualquier defensa basada en la sugerencia de que las acciones de los activistas estaban protegidas por la Primera Enmienda.
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