Una coalición de fiscales generales estatales envió el miércoles una carta al presidente Joe Biden en la cual le recuerdan que cualquier acción ejecutiva potencialmente inconstitucional o extralimitación federal no quedará sin respuesta.
La carta, firmada por seis fiscales generales, advierte al gobierno de Biden que cualquier acción que pueda exceder su autoridad legal, que sea inconsistente con los principios constitucionales o que ponga en riesgo las libertades civiles, podría desencadenar una acción legal por parte de los estados.
«Estamos dispuestos a reunirnos con su administración para discutir más a fondo cómo los temas que se mencionan a continuación afectan a nuestros Estados; el litigio nunca es la primera opción, y nos gustaría ayudar a su equipo en su importante trabajo en nombre de todos los estadounidenses, en consonancia con la Constitución y el Estado de derecho», escribió el fiscal general de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, que lidera el grupo, en la carta dirigida a la Casa Blanca (pdf).
«Sin embargo, si usted firma leyes inconstitucionales aprobadas por el Congreso, será nuestra responsabilidad y deber impugnar esas leyes en los tribunales. Si los funcionarios del gabinete, los funcionarios del ejecutivo y las agencias van más allá de los límites de su autoridad estatutaria, no siguen los procedimientos legalmente requeridos o no cumplen con la obligación fundamental de la Ley de Procedimiento Administrativo de tomar decisiones razonadas, también será nuestra responsabilidad tomar medidas».
La Ley de Procedimiento Administrativo, o APA, es una ley federal que regula el proceso de elaboración de normas por parte de las agencias y se ha invocado con frecuencia para impugnar las normas y reglamentos del poder ejecutivo.
Los fiscales de Arkansas, Indiana, Misisipi, Montana y Texas se sumaron a la petición de Morrisey.
Esto se produce después de que Biden emitiera una serie de órdenes ejecutivas durante su primera semana como presidente. Algunas de las órdenes ejecutivas han anulado políticas de la era Trump, mientras que otras han establecido o ampliado políticas relacionadas con el cambio climático, la equidad racial y la pandemia del virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
Algunas de las órdenes ya han suscitado un amplio debate, como las decisiones de reincorporarse al Acuerdo Climático de París y de cancelar el oleoducto Keystone XL, que se espera que ponga en riesgo miles de puestos de trabajo y socave la relación de Estados Unidos con Canadá. El gobierno de Biden también ha recibido críticas por adoptar una teoría crítica de la raza casi marxista en sus políticas, que buscan dar prioridad a ciertos grupos raciales que históricamente han estado en desventaja sobre otros.
Del mismo modo, se espera que la orden de Biden que aborda la discriminación por motivos de identidad de género y orientación sexual amenace la libertad constitucional de ejercer las propias creencias religiosas de las personas y organizaciones que afirman la concepción tradicional de las personas humanas como seres creados biológicamente masculinos y femeninos.
«El presidente no puede tomar atajos constitucionales ni eludir las restricciones legales sin hacer inevitablemente más daño que bien a nuestro país», escribieron los fiscales. «Los fundamentos de nuestra república y de la vida estadounidense están integrados en el diseño cuidadosamente elaborado de nuestra Constitución».
«En consecuencia, hoy, mediante esta carta, le instamos respetuosamente a que, cuando lleve a cabo sus prioridades políticas, respete los principios constitucionales fundamentales que deben ser apreciados y respetados por toda persona a la que se le confíe el honor y la responsabilidad de la presidencia», escribieron a Biden.
La carta señala la libertad religiosa y de expresión, así como el derecho a portar armas, como dos áreas de preocupación.
Los fiscales señalan que, aunque siempre hay presiones para que los presidentes y el Congreso de Estados Unidos se excedan en su poder «para que no se les juzgue por ignorar cuestiones importantes o por no abordar problemas críticos», el deber de un presidente es defender la separación de poderes de la Constitución de Estados Unidos, así como respetar la soberanía de los estados.
Añadieron que los límites al poder federal no son un defecto de la Constitución, y que cuando hay que abordar ciertas cuestiones excluidas de la esfera federal, los «estados están preparados y son capaces de hacer el trabajo».
El gobierno de Biden ya se ha enfrentado a varios desafíos legales por sus acciones ejecutivas. Un juez federal de Texas bloqueó temporalmente la orden ejecutiva de Biden para detener la deportación de ciertos inmigrantes durante 100 días. La orden se considera un revés para la administración, que había hecho campaña para aplicar cambios de gran alcance en materia de inmigración, incluido un plan que legalizaría a unos 11 millones de inmigrantes ilegales.
Previamente, el miércoles, Western Energy Alliance, un grupo que representa a los productores de combustibles fósiles en tierras federales, impugnó la orden ejecutiva de Biden destinada a detener el arrendamiento de petróleo y gas en tierras y aguas federales.
Los desafíos legales contra las órdenes presidenciales no son infrecuentes. Durante los cuatro años de mandato del expresidente Donald Trump, los fiscales demócratas demandaron con frecuencia a su administración por una serie de acciones ejecutivas y regulaciones en ámbitos como la salud, el clima y la inmigración.
Según una página web dirigida por el Dr. Paul Nolette, profesor asociado de ciencias políticas en la Universidad de Marquette, que hizo un seguimiento de las demandas contra el expresidente, la Administración Trump fue demandada 157 veces en casos en los que los estados fueron demandantes iniciales, interventores exitosos o en demandas de un solo estado.
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