El estado de Arizona presentó una demanda por fraude al consumidor contra Google, alegando que la empresa utilizó prácticas «desleales» para rastrear los datos de localización de sus usuarios, incluso después de que éstos hubieran desactivado la función de rastreo.
En la demanda, presentada el 27 de mayo por el fiscal general Mark Brnovich, se alega que la empresa de tecnología violó la Ley de Fraude al Consumidor de Arizona. Exige a Google que «devuelva los ingresos brutos derivados de sus actividades en Arizona».
En la demanda se solicitan daños no especificados y se argumenta que el fabricante del sistema operativo del teléfono inteligente Android había configurado el software de su móvil para engañar a los propietarios de los dispositivos sobre las protecciones que se les ofrecían en relación con sus datos personales.
«Presentamos una demanda por fraude al consumidor contra Google por prácticas engañosas e injustas utilizadas para obtener datos de localización de los usuarios, que Google explota luego para su lucrativo negocio de publicidad», dijo Brnovich en una declaración en Twitter.
Brnovish señaló que el año pasado más del 80 por ciento de los ingresos de Google (135,000 millones de los 161,000 millones de dólares) provinieron de la publicidad. Dijo en un hilo de Twitter que presentaron la demanda para poner fin a la «engañosa recopilación de datos de usuarios» de Google y también para «obtener un alivio monetario».
«Google recopila información detallada sobre sus usuarios, incluyendo sus ubicaciones físicas, para dirigir la publicidad a los usuarios», añadió. «A menudo, esto se hace sin el consentimiento o conocimiento de los usuarios».
Un portavoz de Google le dijo a The Epoch Times en un correo electrónico del 28 de mayo que el fiscal general de Arizona y sus abogados «parecen haber caracterizado incorrectamente nuestros servicios».
«Siempre hemos incorporado características de privacidad en nuestros productos y hemos proporcionado sólidos controles para los datos de localización», dijo el portavoz. «Esperamos poder aclarar las cosas».
Arizona comenzó su investigación sobre las prácticas de Google después de un artículo de 2018 de The Associated Press «que detallaba cómo los usuarios se dejan llevar por una falsa sensación de seguridad, creyendo que Google proporciona a los usuarios la capacidad de inhabilitar realmente su historial de localización», según Brnovish.
Associated Press informó hace dos años que los usuarios podían poner en pausa un ajuste llamado «Historial de Ubicaciones», y la página de soporte de Google dijo: «Puedes desactivar el Historial de Localizaciones en cualquier momento. Con el Historial de Localizaciones desactivado, los lugares a los que vas ya no se almacenan».
Pero incluso con la función en pausa, algunas aplicaciones de Google almacenan automáticamente datos de localización con fecha y hora.
El año pasado, 50 estados y territorios de EE. UU., incluyendo el Distrito de Columbia y Puerto Rico, lanzaron una investigación antimonopolio sobre Google y el «potencial comportamiento monopólico» de la compañía. La investigación está dirigida por el fiscal general de Texas Ken Paxton, quien hizo el anuncio formalmente el 9 de septiembre.
La investigación bipartidista del fiscal general incluyó a todos los estados de la nación excepto California y Alabama. Alphabet, propietaria de Google, dijo el 6 de septiembre del año pasado que el Departamento de Justicia también había solicitado información y documentos relacionados con anteriores investigaciones antimonopolio de la empresa.
Mientras tanto Google, que es dueño de YouTube, admitió recientemente a The Epoch Times que la plataforma de video había estado borrando de su sección de comentarios algunas frases chinas que critican al Partido Comunista Chino (PCCh).
Una de las frases aparentemente prohibidas era «gongfei» (共匪), que puede ser traducida como «bandido comunista» y parece que se remonta a la época de la guerra civil china.
Otra frase que se suprimió fue «wumao» (五毛), que significa literalmente «cincuenta centavos», y se utiliza comúnmente para describir al ejército de trolls de Internet que el PCCh utiliza para difundir su propaganda en línea. Se rumorea desde hace tiempo que una vez se les pagó 50 centavos por publicación.
El reportero de Epoch Times Petr Svab, Reuters y The Associated Press contribuyeron a este informe.
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