Un tribunal de distrito de la provincia de Henan en el centro de China, desestimó recientemente cargos contra practicantes de Falun Gong, una tradicional disciplina espiritual que fue marcada para ser perseguida en 1999, debido a «cambios en las interpretaciones judiciales». El caso es el último e inusual ejemplo en el que las autoridades chinas se han negado a llevar a cabo las políticas extra-legales del régimen contra el grupo durante casi dos décadas.
Los acusados Zhang Zhe, Li Xiaojun y Sun Yanping fueron puestos en libertad el 28 de julio por la Fiscalía del Distrito de Shanyang, según Minghui.org, un centro de información que documenta la persecución de Falun Gong. Fueron arrestados después de presentar demandas contra Jiang Zemin, el ex líder del Partido Comunista que inició la campaña contra la disciplina.
Después de más de un año de detención y tortura, los practicantes salieron de la custodia visiblemente demacrados, según Minghui. El cabello negro de Zhang Zhe se había vuelto gris en sus 14 meses de detención y su espalda se había encorvado.
Falun Gong, una práctica de auto cultivación centrada en la meditación y la mejora espiritual, atrajo entre 70 y 100 millones de practicantes en la década de 1990 según las estimaciones del partido comunista y de Falun Gong, respectivamente. Su popularidad despertó la ira del líder en ese momento, Jiang Zemin quien vio la independencia de Falun Gong como un desafío al control social y político del régimen.
En los 18 años siguientes, millones de personas que se negaron a renunciar a su fe fueron expulsadas de sus trabajos, encarceladas o convertidas en esclavos en centros de reclusión, trabajando forzadamente para fabricar juguetes para el mercado en el extranjero. También fueron susceptibles a la sustracción forzada de órganos aprobada por el Estado, dicen los investigadores.
Antes de que pudieran marcharse, se les pidió a los tres que firmaran un formulario en el que se indicaba que sólo se les mantuvo bajo custodia durante 15 días, un aparente esfuerzo de la policía para evitar repercusiones por el prolongado período de detención, que violaba los protocolos judiciales normales. Ellos lo rechazaron.
Aunque no se aclararon los cambios judiciales específicos a los que se refiere la fiscalía, es posible que el tribunal se refiriera a una serie de reformas judiciales bajo la administración de Xi Jinping en 2015, que exigían que los tribunales de China registraran todas las denuncias penales.
La orden de Xi fue tomada como una oportunidad por los practicantes de Falun Gong de intentar llevar a Jiang Zemin a la justicia. Desde entonces, más de dos millones de denuncias penales han sido presentadas por practicantes de este movimiento y por ciudadanos chinos que los apoyan con el fin de que Jiang sea procesado, según informes incompletos recopilados por Minghui.
Sin embargo, la persecución no ha terminado. Solo en Henan se han visto por lo menos 43 arrestos entre marzo y agosto, según Minghui. Pero aunque no se han producido cambios formales en la política oficial, los funcionarios locales parecen haber suavizado su postura. En múltiples ocasiones, los abogados de derechos humanos han defendido a los practicantes sin sufrir grandes repercusiones. Docenas de practicantes lograron salir de la corte sin cargos a principios de este año. Una fiscalía regional retiró un caso contra cuatro practicantes de Falun Gong el pasado mes de julio, citando «pruebas insuficientes».
El actual líder del partido Xi Jinping cerró los campos de trabajo forzado desde que llegó al poder después del 18 Congreso Nacional en 2013. La campaña contra la corrupción que ha dirigido, ha disciplinado a 1,2 millones de funcionarios, muchos de los cuales habían participado y se habían beneficiado de la campaña de persecución de Jiang.
Zhang Zanning, un profesor de derecho en la Universidad de Dongnan que ha tomado casos de Falun Gong, le dijo a La Gran Época que arrestar a los practicantes de Falun Gong era algo que estaba en contra de la ley. «No sólo no se han registrado demandas, sino que los peticionarios fueron arrestados – esto definitivamente no es legal», dijo. «Esto probó que nuestro país no está gobernado por la ley. El poder de los líderes ensombreció la ley».
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