El Parlamento de Cataluña aprobó en la mañana de este lunes una resolución que busca promover la independencia de esa región de España, una iniciativa que el Gobierno de Madrid considera ilegal y que buscará impugnar recurriendo al Tribunal Constitucional.
La votación definitiva arrojó un resultado de 72 escaños a favor de los 135 diputados presentes. Así la Cámara catalana aprobó un texto que buscará en cerca de un mes iniciar los trámites de las «leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública», que pongan las bases de la nueva hipotética república catalana.
Aunque se prevé el rechazo contundente del Gobierno español, los dosgrupos independentistas de la cámara han sido enfáticos en señalar que en ningún momento su decisión «se supeditará a las decisiones del Estado español».
La resolución presentada en la Cámara regional por dos formaciones independentistas (Junts pel si y CUP) en favor de la «desconexión» de Cataluña de España polariza la política española desde hace semanas y protagoniza el período previo a las elecciones legislativas que tendrán lugar el 20 de diciembre.
Junts pel si (62 escaños) y CUP (10) tuvieron enfrente en el debate a los 63 diputados de otras cuatro formaciones: Ciudadanos (liberales centristas), PSC (socialistas), Si que es Pot (izquierda) y PP (centroderecha).
El Gobierno español que preside Mariano Rajoy, del Partido Popular (PP), ha reiterado en diferentes ocasiones que recurrirá esa resolución ante el Tribunal Constitucional por considerar que vulnera el ordenamiento jurídico, lo que ocurrirá previsiblemente a mediados de esta semana.
En su moción, los promotores de la independencia mencionan explícitamente que no respetarán lo que dictamine el Constitucional si, como creen los expertos, anula la resolución secesionista.
De su lado, el portavoz de Junts pel si, Raul Romeva, justificó la propuesta de avanzar hacia la independencia en que se trata de una «demanda democrática y una urgencia social», porque la independencia «va esencialmente de defender los derechos de las personas» y que éstas «vivan mejor».
Romeva se anticipó a la respuesta del Gobierno español con la advertencia de que no conseguirá frenar el proceso cargando «los tribunales con artillería legalista».
Los portavoces de los grupos que rechazan la secesión acusaron a los promotores de querer romper la legalidad y el Estado de Derecho y de avanzar hacia un proceso de consecuencias graves e imprevisibles.
La centrista Inés Arrimadas, cuya formación (Ciudadanos) es la segunda en escaños del Parlamento regional, acusó al presidente en funciones, Artur Mas, de querer eludir con el proceso independentista su comparecencia ante la Justicia, ya que su propio partido, CDC, está implicado en varios casos de corrupción.
Con 7,5 millones de habitantes, Cataluña aporta casi el veinte por ciento del Producto Interior Bruto español y, debido a que se trata de una de las llamadas «regiones históricas» (con el País Vasco, Andalucía y Galicia), cuenta con un alto nivel de autogobierno. Sus competencias van desde la Policía propia hasta la gestión de las cárceles, pasando por empleo, economía, educación o sanidad.
La Cámara catalana celebrará también esta lunes el debate de investidura del nuevo presidente regional, tras las elecciones del pasado 27 de septiembre.
Artur Mas, que gobierna desde 2010, es el candidato presentado por Junts pel Si, una coalición integrada por partidos independentistas y otras agrupaciones sociales y que ganó los comicios, aunque no obtuvo mayoría absoluta.
Pero la polémica sigue, Artur Mas necesita para ser investido los votos de los diez diputados de la CUP (izquierda radical independentista), que se han negado a apoyarle ya que lo relacionan con los casos de corrupción aparecidos en su partido y una política de recortes en el gasto social.
La votación sobre Mas se celebrará este martes y, en caso de no contar con mayoría absoluta se repetiría el jueves próximo. En este segundo caso ya sería necesaria la mayoría simple, pero Mas tampoco lograría la investidura si no cuenta con apoyos de otros grupos del Parlamento, ninguno de los cuales le respalda.
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