Cuando los practicantes de una de las comunidades espirituales más grandes de China se enteraron por primera vez de que estaban siendo perseguidos el 20 de julio de 1999, presumieron que debía haber un error. ¿Por qué el régimen chino se molestaría con meditadores pacíficos que tratan de vivir de acuerdo con los principios de Verdad, Compasión y Tolerancia?
Con la esperanza de explicar qué es Falun Gong a las autoridades y alcanzar una resolución pacífica, muchos practicantes se dirigieron a su oficina local de peticiones o a la sede de la oficina de peticiones en Beijing. El concepto de petición es viejo en China y se refiere al derecho, al menos en el papel, de que los ciudadanos apelen al gobierno y comenten sus quejas.
El 25 de abril de 1999, cuando más de 10.000 practicantes de Falun Gong se encontraron fuera de Zhongnanhai, el recinto donde se encuentra el liderazgo del Partido, el entonces primer ministro chino Zhu Rongji se reunió con representantes y prometió resolver sus preocupaciones. Sólo tres meses después, la campaña para erradicar a Falun Gong comenzó y los practicantes fueron arrestados y brutalmente maltratados en cárceles, centros de lavado de cerebro y campos de trabajo, todo bajo las órdenes del ex jefe del Partido Comunista Jiang Zemin.
Ahora, en vísperas del décimo octavo aniversario de esa persecución, todavía la más grande en China, el líder chino, Xi Jinping, ha instado a los funcionarios chinos a hacer todo lo posible para ayudar a los «peticionarios».
De acuerdo con un artículo del 19 de julio por el portavoz del estado Xinhua, Xi pidió a los funcionarios que trabajan en las oficinas de petición para que «hagan todos los esfuerzos posibles» para resolver las quejas públicas. «También instruyó a los funcionarios a manejar legítimamente y acorde con la ley las demandas de la gente.
Dadas las operaciones codificadas del régimen chino y su tendencia a controlar fuertemente la mensajería pública cerca de fechas políticamente sensibles, es difícil imaginar que Xi hizo sus comentarios sin la expectativa de que fueran entendidos como referencias obvias a Falun Gong.
Como el grupo más grande de presos de conciencia en China, los practicantes de Falun Gong han sido arrestados por hacer peticiones legales por más de 18 años; los abogados chinos de derechos humanos decididos a demostrar que la campaña anti-Falun Gong es ilegal también han sido blanco de ataques.
Tampoco las observaciones ocurren de manera única. El llamado de Xi para mejorar el trabajo que se hace con las peticiones o demandas es parte de una serie de gestos hechos por parte de su liderazgo cerca de las fechas de aniversario de la persecución a Falun Gong. No hay indicios actuales de que la política contra Falun Gong cambie en un futuro próximo, pero estos casos, así como una serie de cambios institucionales relacionados con la persecución, sugieren un eventual cambio en el viento político.
El 21 de abril de 2016, Xi y el primer ministro chino, Li Keqiang, anunciaron que es del interés del régimen «resolver amistosamente las apelaciones que son razonables y legales de las masas» que presentan peticiones, así como salvaguardar sus derechos legales.
Ese 20 de julio, la Comisión Central de Asuntos Políticos y Jurídicos (PLAC), que controla el aparato de seguridad del régimen chino, anunció en una reunión a nivel nacional sobre la reforma judicial, que buscaban «establecer un sistema sólido para prevenir los cargos injustos, falsos y equivocados», mientras que también buscaban ocuparse de errores históricos de la justicia. La reunión del PLAC se llevó a cabo en Changchun, ciudad china del nordeste, donde el fundador de Falun Gong, Li Hongzhi, presentó la práctica al público en 1992.
Xi también promulgó políticas durante este mandato, lo que sugiere que está planeando cambiar el régimen chino de la política persecutoria de su predecesor Jiang Zemin.
Poco después de que Xi asumiera el poder en 2012, propuso abolir el sistema de campos de trabajo forzado del régimen chino. Los practicantes de Falun Gong formaron la mayoría de los presos en estos campos y otros lugares de detención durante muchos años. El sistema de los campos de trabajo, un sitio clave para la persecución de Falun Gong, se cerró formalmente en diciembre de 2013.
En mayo de 2015, Xi impulsó una reforma jurídica que requirió que los tribunales y fiscalías chinas reconocieran todas las quejas penales presentadas. Esto llevó a que practicantes de Falun Gong y a otros ciudadanos chinos a presentar más de 200.000 denuncias contra Jiang Zemin por crímenes contra la humanidad, un acontecimiento que habría llevado a brutales muertes y torturas durante la era del dominio de Jiang.
Y en octubre de 2016, la «Oficina 610», un órgano extralegal del partido que organiza y supervisa la persecución de Falun Gong, fue criticada por la policía interna del partido como parte de la campaña anti-corrupción de Xi. Antes, los jefes de la oficina 610 habían sido purgados o puestos en otro lugar fuera de esa oficina. Tal tratamiento a la Oficina 610 que ha sido protegida por Jiang también habría sido prácticamente inconcebible bajo el liderazgo político anterior.
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