Un nuevo foco de conflicto parece vislumbrarse ante el desembarco en Uruguay de la empresa ShanDong BaoMa, la compañía más importante de China en la fabricación y almacenamiento de harinas de pescado, con el propósito de construir un puerto pesquero con una inversión de más de 200 millones de dólares.
Jiang Hongjun, gerente general de la firma, señaló al medio La República que el objetivo principal sería construir una base logística para la “reparación, mantenimiento y suministro de recursos materiales para flotas pesqueras del Atlántico Sur”.
Sin embargo, además de despertar la alarma por los antecedentes del modus operandi de muchas embarcaciones de ese país en Latinoamérica, las características particulares de este proyecto ya han despertado la atención de los analistas, dado que el gigante asiático contaría con una “zona franca” que le permitiría despachar barcos sin intromisión de parte del Estado uruguayo.
“China literalmente pasaría a tener soberanía en el Río de la Plata, una ventaja logística y comercial que se transformaría en un atractivo extra para las flotas pesqueras migratorias”, enfatiza el especialista en conservación marina Milko Schvartzman, en el portal Diálogo Chino.
Según detalla el periódico uruguayo, este descomunal proyecto incluye, entre otras cosas, un muelle de transporte para la producción acuática, un astillero de fabricación y reparación de barcos, una fábrica de hielos (para los productos marítimos congelados), un depósito de petróleo y edificios de oficinas y viviendas.
De hecho, las extraordinarias ventajas que obtienen los pesqueros de origen chino vienen siendo criticadas desde hace tiempo por el sector empresarial argentino, quienes denuncian que mientras a la pesca de origen chino en Mar Argentino no se le aplica ningún arancel para entrar a China, a las exportaciones argentinas sí. “Pescar en las 200 millas es muy rentable para ellos”, señaló al respecto Guillermo De los Santos, presidente de la Cámara de Poteros Argentinos (CAPA). Las 200 millas delimitan la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Argentina sobre las aguas del Océano Atlántico.
«Hay una invasión (de barcos)», afirmó a BBC Mundo Guillermo Caille, responsable de la ONG argentina Patagonia Natural y experto en pesca, con respecto a la creciente pesca de calamar por parte de navegaciones de origen asiático en Latinoamérica.
Cabe destacar que en los últimos meses esta problemática volvió a tomar repercusión mundial cuando un guardacostas argentino, mediante el uso legal de la fuerza, hundió un pesquero chino que estaba pescando calamar dentro de la ZEE. El buque chino estaba acompañado por otras dos embarcaciones que lograron escapar. Tras casi dos meses de esfuerzos coordinados por la Interpol y la colaboración de siete países, en cuatro continentes, las Fuerzas Armadas de Indonesia detuvieron a uno de los barcos pesqueros que se habían fugado, comunicó el portal especializado FIS.
Consecuencias inestimables
En base a los informes de la FAO-ONU, la mayoría de los océanos del mundo se encuentran en una situación crítica de sobre explotación, o al límite de ser colapsados. Los impactos en el ecosistema debido a la sobre explotación pesquera son inestimables y no abundan estudios científicos sobre el tema.
Ante la apremiante situación de la notoria escasez pesquera en el mar de China, y ante la negativa de nuevos acuerdos pesqueros con países de la región de Asia y Oceanía, para satisfacer la demanda de su enorme población, el gigante asiático ha buscado nuevas fronteras marítimas para hacerse del tan preciado recurso. Y ha puesto la mirada en el Atlántico Sur.
El Océano Atlántico Sur es una de las regiones con mayor biodiversidad marina del planeta. En un contexto en el cual se carece de control efectivo sobre esta vasta extensión marítima, donde sobresale por su ausencia un acuerdo regional y ante la falta de un organismo que regule y limite la explotación de los recursos ícticos, China se llevaría la parte del dragón.
Las consecuencias de instalar una zona franca portuaria pesquera china en Uruguay, y brindar logística a una ciudad flotante de barcos legales (e ilegales, estimados en más de 500 en el pico de la temporada en la ZEE), serían dramáticas. Estos “operan sin ningún control ambiental, laboral ni sanitario, utilizando mano de obra esclava, depredando el ecosistema marino y contaminando”, según afirma Schvartzman.
Aún más, no solo afectarían seriamente al ecosistema marítimo por la excesiva captura no regulada de los preciados y escasos recursos ícticos del Atlántico Sur, sino que golpearían fuertemente las economías vinculadas a la pesca de toda la región, incluso la de Uruguay, puesto que los pescadores locales no podrían competir con los bajos precios que ofrecen los pesqueros ilegales de origen chino en los puertos de destino.
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