El Tribunal Superior de Justicia de Brasil confirmó este miércoles que el exjuez Wilson Witzel permanecerá suspendido del cargo de gobernador de Río de Janeiro por seis meses por irregularidades en el manejo de fondos públicos en la gestión para combatir la pandemia del virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
Con 14 votos a favor de la suspensión y uno en contra, la Corte Especial del alto tribunal ratificó en su sesión de este miércoles la decisión dictaminada por el magistrado Bendito Gonçalves la semana pasada, tras responder a una petición de la Fiscalía General.
El Supremo Tribunal Judicial está compuesto por 33 magistrados y la Corte Especial -conformada por los 15 jueces más antiguos- es el órgano al que le compete juzgar autoridades con fuero, como es el caso del gobernador.
Para mantener la suspensión del cargo, se requerían mínimo 10 de los 15 votos.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, el gobernador es la presunta cabeza de una red de corrupción dedicada al desvío de dinero público del área de salud.
Junto con Witzel, fueron denunciadas el pasado viernes ocho personas más, entre ellas su esposa, Helena Witzel, y el presidente de la Asamblea Legislativa de Río, André Ceciliano, y otras 17 fueron capturadas acusadas de pertenecer a la red de corrupción.
Por esos mismos hechos, el exjuez de 52 años responde en un juicio político con fines de destitución que tramita desde junio pasado en la Asamblea Legislativa regional.
La defensa de Witzel intentó anular la sentencia del alto tribunal con un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia, pero este miércoles su presidente, el magistrado José Antonio Dias Toffoli, negó la solicitud.
Los votos
En la sesión de este miércoles, el magistrado Gonçalves, que también es el instructor del caso, al votar, recordó que la Fiscalía llegó a pedir la captura del mandatario, una solicitud que fue negada por él argumentando que la separación del cargo era suficiente para frenar los supuestos delitos.
Otros jueces que reafirmaron la cautelar señalaron que las pruebas de la Fiscalía corroboran la «gravedad» del caso y que no puede seguir ejerciendo «un cargo tan importante» una persona que está siendo investigada.
De los 15 magistrados que se pronunciaron, Napoleão Nunes Maia Filho, fue el único en votar contra la suspensión argumentando que no se había escuchado a Witzel a quien consideraba que se le estaba «juzgando» «monocráticamente», una labor que debería realizar la Asamblea Legislativa de Río, por haber sido elegido popularmente.
Las acusaciones
Las investigaciones concluyeron que el Gobernador habría utilizado la oficina de abogados de su esposa para recibir dinero malversado a través de contratos simulados por un valor aproximado de 500,000 reales (unos 91,000 dólares).
El 26 de mayo la justicia ya había ordenado registrar la residencia del Gobernador y la oficina de su esposa por las irregularidades en el manejo de fondos públicos en la gestión para combatir la pandemia del COVID-19.
Witzel, quien se considera «víctima» de una trama con intereses políticos, ha reiterado su inocencia.
«Respeto la decisión del Superior Tribunal de Justicia. Comprendo la conducta de los magistrados ante la gravedad de los hechos presentados, pero reafirmo que jamás cometí actos ilícitos», señaló Wiztel a través de sus redes sociales.
Mientras dure la suspensión de Witzel, su cargo será ocupado por el actual vicegobernador, Claudio Castro, paradójicamente también investigado en este mismo caso y cuyas oficinas y residencia fueron allanadas el viernes.
El estado de Río de Janeiro ha sido epicentro de varios de los más graves asuntos de corrupción registrados en el país durante las últimas dos décadas, hechos por lo que todos los gobernadores que ha tenido durante este siglo han estado o están tras las rejas.
Con más de 16,000 muertes y 226,000 casos confirmados de la COVID-19, Río de Janeiro es el tercer estado más afectado por la pandemia en Brasil.
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