En Argentina, un Juzgado Federal de Primera Instancia aceptó una demanda colectiva que ordena al Poder Ejecutivo Nacional a suspender provisionalmente la liberación incontrolada a campo abierto de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) como la comercialización de la soja RR 2 PRO / liberty, en violación de la ley de semillas vigente, como así también se disponga el «etiquetado» de los productos que los contengan.
En ella se acusa al Estado argentino por incumplimiento del deber de control, y a un grupo de empresas multinacionales por su acción contaminante, entre ellas Monsanto, Syngenta, DuPont, Novartis, Nidera, Dow Agrosciences, Pionner, Agrevo, Ciba Geigy y Bayer, productoras de productos transgénicos, principalmente semillas de soja, maíz,algodón, arroz y el paquete químico asociado a su uso: glifosato, sales derivadas del mismo, surfactantes y coadyuvantes, informó el medio La Capital, el 20 de junio.
«El fallo es considerado histórico», destacó el reporte.
En una decisión sin precedentes en Argentina, el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº3 de la Capital Federal, a cargo de Claudia Rodríguez Vidal, declaró admisible la acción legal.
Los abogados demandantes en su presentación indicaron que «se exhorta al Poder Legislativo a dictar una ley de bioseguridad y de presupuestos mínimos para uso del recurso suelo».
Además solicitaron que se condene a las empresas demandadas a «recomponer» o «reparar» la flora y fauna dañadas mediante la reimplantación de cultivares convencionales, la fertilización de suelos y el repoblamiento de especies.
«Para el caso de que ello no fuese posible, se las condene al pago de una suma de dinero a determinar por alguno de los sistemas de monetarización del daño ambiental de uso internacional y, a tal fin, conformar un Fondo de Compensación Ambiental o Fideicomiso, en concepto de resarcimiento», relata el reporte de La Capital.
La resolución caratulada «Giménez Alicia Fanny otros», con expediente original Nº 22339/2014, reconoce idoneidad y representación para actuar en nombre de la totalidad de la ciudadanía argentina a un pequeño grupo de afectados directos de las fumigaciones con agrotóxicos, como así también afectados en su carácter de consumidores de alimentos transgénicos», señaló.
El medio argentino detalló que los demandantes se pronuncian en contra de los productos OGM, sus características asociadas, su tendencia al monocultivo, «el método de siembra directa con la consecuente reducción de mano de obra rural, la concentración económica en manos de pocos productores y pooles de siembra, el meganegocio de las empresas multinacionales oligopólicas y el iimpacto sobre la salud de las poblaciones rurales y el medio ambiente».
A su vez indica que «se suspenda, también, la aplicación de los agrotóxicos utilizados para su cultivo hasta tanto se determine científicamente la inocuidad de los mismos para el ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, la salud de los seres vivos, el patrimonio cultural de los argentinos y, sobre todo, la sostenibilidad de dicho modelo de producción».
La causa legal fue presentadapor los abogados especialistas: Jorge Mosset Iturraspe, Daniel Salaberry, Graciela Cristina Vizcay Gómez, Miguel Araya, Horacio Belosi y Santiago Kaplun.
El Gobierno de Argentina sostiene el cultivo transgénico y publica en su página de Internet los productos aprobados. El primero de ellos, la soja transgénica con tolerancia al glifosato, por una resolución de marzo de 1996.
El Glifosato es considerado por la Organización Mundial de la Salud como un producto cancerígeno. En Argentina sin embargo, son 24 millones las hectáreas, cutivadas con organismos transgénicos, en su mayoría asociados al glifosato, algo que la bióloga Alicia Massarini, investigadora adjunta de CONICET, declaró recientemente, se trata de productos genicidas y ecocidas – por su efecto OGM como agrotóxico.
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