Perder a su padre y a su tía por la pandemia fue algo surrealista para Lorraine Caggiano. Todo ocurrió dos semanas después de regresar a Nueva York de una boda en Connecticut, antes de las restricciones de cierre.
Su madre fue la primera en presentar los síntomas, tuvo fiebre el 12 de marzo. Después de ser atendida de urgencias, donde dio negativo para faringitis estreptocócica y gripe común, se le realizó la prueba de COVID-19 y se le pidió que se auto-aislara durante una semana.
Durante el período de aislamiento, Caggiano llevó a su padre de 83 años a vivir con su familia por precaución. Pero ya era demasiado tarde. Cuatro días después, su padre se despertó confundido e indispuesto.
«En un momento, no podía ni poner un pie delante del otro para entrar a la ducha, y respiraba con dificultad, así que dijimos: ‘Ok, algo está mal aquí'», dijo Caggiano a The Epoch Times.
Llevaron al padre de Caggiano al hospital donde falleció el 28 de marzo por complicaciones relacionadas con COVID-19. Eso fue tan solo unos días después de perder a su tía por la misma enfermedad.
«Nunca vi a mi padre en el hospital porque no se nos permitía ir, obviamente. No lo vi en un ataúd porque no podíamos hacerle un funeral. No pudimos tener nada», dijo.
Caggiano, quien también estuvo enferma con fiebre durante 12 días, ahora está exigiendo respuestas sobre cómo el virus que surgió en Wuhan, China, se convirtió rápidamente en una pandemia mundial.
Es una de las muchas personas que se sumaron a la demanda colectiva del Berman Law Group, con sede en Florida, para solicitar daños y perjuicios al Partido Comunista Chino (PCCh) por la forma en que manejó el brote del virus PCCh, comúnmente conocido como el nuevo coronavirus.
«Espero que de esto salga algo de responsabilidad, algo de claridad y algo de verdad para ver qué fue lo que realmente, realmente sucedió», dijo Caggiano. «Y para ver cómo avanzar para prevenir tal cosa. Quiero decir, el mundo se volvió loco —esta es una locura».
Al igual que Caggiano, muchos estadounidenses se han unido a demandas colectivas similares por todo el país para exigir respuestas y compensaciones por el papel del régimen chino en la propagación del virus. Mientras tanto, en todo el mundo, las solicitudes de responsabilidad y respuestas del régimen también están aumentando.
Por lo menos se han presentado seis demandas colectivas de particulares o empresas en los tribunales federales de Estados Unidos contra el régimen, incluidas las de Florida, Texas, Nevada y California. Los fiscales generales de Missouri y Misisipí han presentado demandas separadas en contra el régimen chino a nombre de sus estados, y otros estados han expresado su interés en entablar una demanda.
A nivel mundial, también se han presentado demandas similares en Italia, Israel, Nigeria, Egipto y Argentina.
En muchas de esas demandas se sostiene que el patrón del régimen comunista de suprimir información, amenazar a los denunciantes y tergiversar la gravedad de la enfermedad entre mediados de diciembre y mediados de enero ocasionó o contribuyó a la propagación del virus, lo que resultó en una gran devastación humana y económica.
Informes anteriores de The Epoch Times citaron investigaciones, entrevistas con habitantes de Wuhan e informes internos del gobierno que han revelado cómo las autoridades chinas han estado minimizando significativamente la gravedad del brote. Por otra parte, algunos expertos jurídicos han señalado que Beijing podría ser considerada legalmente responsable en virtud del derecho internacional por el supuesto encubrimiento y mal manejo del virus.
Un estudio, en fase previa de impresión y que aún no ha sido sometido a revisión por pares, de investigadores de la Universidad de Southhampton (Reino Unido), reveló que si las autoridades chinas hubieran actuado tres semanas antes, el número de casos podría haberse reducido en un 95%.
Un informe (pdf) del centro de estudios británico Henry Jackson Society publicado en abril encontró que el régimen chino podría ser demandado por más de 4 billones de dólares en daños y perjuicios por su negligencia y su rol contributivo en la pandemia. Esto representa el costo estimado para los países del G-7 —las siete principales economías del mundo— después de haber abordado las consecuencias económicas de las medidas drásticas adoptadas para proteger la salud y la seguridad de sus sociedades en respuesta a la pandemia.
Sam Armstrong, coautor del informe, dijo que las numerosas demandas y solicitudes de investigación sobre el manejo del virus por parte del régimen chino son una manifestación de la exigencia mundial de justicia. Él dijo que como actualmente no hay un foro acordado para que la gente busque esta responsabilidad, los individuos están encontrando sus propias formas de hacerlo.
«Ese resentimiento, esa sensación burbujeante de que China se salió con la suya causando estragos, no desaparecerá hasta que se encuentre una salida alrededor de la cual todos puedan agruparse», dijo Armstrong a The Epoch Times.
Armstrong dijo que cree que hay un movimiento en construcción que pide una investigación sobre los orígenes de la pandemia, que él predice que alcanzará su punto máximo cuando la comunidad internacional ya no pueda seguir ignorándolo. Múltiples países ya han expresado su deseo de iniciar dicha investigación. Australia, a pesar de haber recibido un retroceso de China, se mantiene firme en su reclamo de realizar una investigación internacional independiente sobre la pandemia. Estas peticiones han sido reiteradas por la Comisión Europea, Suecia y Alemania.
En Estados Unidos, Trump y otros funcionarios de la administración también han sido muy críticos con la falta de transparencia del PCCh en el manejo de las primeras etapas del brote. El Presidente Donald Trump dijo anteriormente que Estados Unidos está haciendo «investigaciones serias» sobre el manejo del virus por parte del PCCh. Él también insinuó que la administración podría estar buscando formas de compensar a Estados Unidos por los daños sufridos.
Por su parte, los legisladores estadounidenses han propuesto proyectos de ley para penalizar a China en caso de que no coopere con las investigaciones. A principios de esta semana, el senador Lindsey Graham (R-S.C.) introdujo un proyecto de ley —la Ley de Responsabilidad COVID-19— que permite al presidente imponer sanciones a China si el régimen no proporciona una relación completa de los acontecimientos que condujeron al brote de la COVID-19.
«Estoy convencido que sin el engaño del Partido Comunista Chino el virus no estaría aquí en Estados Unidos», dijo Graham en una declaración. «Debemos determinar cómo surgió el virus y tomar medidas, como el cierre de los mercados húmedos, para asegurarnos que no vuelva a suceder. Es hora de presionar a China y hacerlos responsables».
El representante Doug Collins (R-Ga.) presentó un proyecto de ley complementario de Graham en la Cámara de Representantes.
Otro proyecto de ley propone enmendar la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras para crear una excepción limitada que permita a los estadounidenses demandar a China por daños y perjuicios por la pandemia.
El régimen chino ha rechazado repetidamente las solicitudes de investigaciones sobre el origen del virus, diciendo que no accederían a ninguna, al tiempo que aseguran que dichas solicitudes tienen «motivaciones políticas«. El régimen también ha desestimado algunas de las demandas.
El 18 de mayo ante la Organización Mundial de la Salud, el líder chino Xi Jinping señaló que Beijing estaría abierto a una revisión de la respuesta mundial a la pandemia.
Buscando el foro adecuado
El informe de la Sociedad Henry Jackson identificó una serie de posibles vías legales que están abiertas a los estados y a los individuos que están buscando compensación por la devastación generada por la pandemia.
Algunas de estas rutas identificadas incluyen la presentación de demandas por incumplimiento de la responsabilidad del estado y violaciones de los tratados ante tribunales, arbitrajes y cortes internacionales, presentación de demandas en los tribunales de Hong Kong, presentación de demandas en tribunales extranjeros como los de Estados Unidos o el Reino Unido, y la presentación de la disputa directamente a la Organización Mundial de la Salud por supuestas violaciones del Reglamento Sanitario Internacional.
Como señalaron muchos expertos jurídicos, no se puede obligar a Beijing a someterse a la justicia internacional ni a participar en esos foros. El grupo de expertos sugirió que lo que la comunidad internacional podría hacer en su lugar es solicitar la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Las opiniones consultivas se pueden solicitar por el Consejo de Seguridad de la ONU, la Asamblea General de la ONU u otros organismos de la ONU. Beijing puede tener poderes de veto en el Consejo de Seguridad, pero no tiene el poder de bloquear las resoluciones de la Asamblea General, dijeron los autores.
Una opinión legal de la CIJ no necesariamente puede proporcionar una solución a una disputa entre otros países contra Beijing sobre su respuesta a la pandemia, pero podría aclarar la ley. Armstrong señaló que una opinión consultiva de la CIJ tiene sus debilidades porque Beijing podría disputar cualquier hecho presentado por otros países —una disputa que puede no tener ninguna resolución.
«La dificultad es que una opinión consultiva solo puede adjudicar asuntos de derecho pero no puede adjudicar asuntos de hecho», dijo Armstrong.
Sugirió que la comunidad internacional en su lugar podría establecer su propio foro de acuerdo con las reglas que este decida, como el uso de un tribunal popular independiente o un foro similar a la investigación holandesa sobre el derribo del vuelo 17 de Malaysia Airlines.
«Este tendrá que crear una estructura capaz de manejar las cuestiones de hecho, así como las cuestiones de derecho», dijo.
Por su parte, el Dr. Robert Sanders, profesor asociado de seguridad nacional en la Universidad de New Haven, ha sugerido alternativas a la investigación. Dijo a The Epoch Times que cree que la comunidad internacional podría crear un fondo internacional, en el que Beijing sería el principal contribuyente, que le permitiría a las víctimas del virus solicitar una compensación por los daños relacionados con el COVID-19.
Mientras tanto, los individuos siguen encontrando su propia salida para buscar justicia del régimen sobre la pandemia. Berman Law Group dijo que había recibido una cantidad abrumadora de ofertas de más de 40 países para sumarse a su demanda.
Desde entonces, el bufete ha establecido una alianza mundial de ciudadanos y bufetes de abogados internacionales para ayudar a las personas extranjeras que puedan tener reclamaciones viables contra el régimen chino en sus propios tribunales. El grupo también ayudará a los posibles demandantes a presentar reclamaciones en Estados Unidos o en un tribunal internacional y ayudará a los nacionales extranjeros a abogar por la introducción de enmiendas en las leyes de sus países para permitir la acción colectiva.
«El Partido Comunista Chino ha utilizado la condición de superpotencia mundial de China para hacer que otros se sometan a sus caprichos. Ahora es el momento de que todos se aseguren que si China quiere participar en la economía mundial, debe responder por su continuo encubrimiento de los orígenes del virus y su inhumana facilitación de su peligrosa propagación en una pandemia», dijo el bufete de abogados en una declaración.
Obstáculos
Algunos expertos legales no son optimistas acerca de si prevalecerá alguna de las demandas internas, y dicen que los demandantes se encontrarían con dificultades significativas para vencer el obstáculo de la inmunidad soberana extranjera.
La inmunidad soberana es la doctrina jurídica que aísla a los países de ser demandados en los tribunales de otros países. En Estados Unidos, la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera limita las demandas contra naciones extranjeras por responsabilidad civil, a menos que un caso entre en la lista limitada de excepciones de la ley.
En algunos juicios se intenta superar las cuestiones de jurisdicción argumentando que sus casos probablemente alcanzarían el umbral de excepción de la ley para la actividad comercial. Los abogados dicen que la actividad comercial en los «mercados húmedos» de China, a la que China culpó inicialmente del brote, ha tenido un efecto directo en Estados Unidos. Sin embargo, algunos expertos jurídicos son escépticos en cuanto a la posibilidad de que esto dé frutos.
«Esa [excepción] requiere una actividad comercial, ya sea aquí o en el extranjero, si es en el extranjero, [necesita] un efecto directo en Estados Unidos o un acto comercial relacionado con una actividad comercial que ocurre en Estados Unidos», dijo José Álvarez, profesor de derecho internacional de la Universidad de Nueva York. «No veo qué actividad comercial están alegando aquí».
La ley, dijo Álvarez, también requiere que los demandantes muestren qué activos de esa actividad comercial podrían ganar en una demanda por daños y perjuicios.
«Los activos tienen que ser activos de actividad comercial, no se puede ir por ahí adjuntando cuentas bancarias de la embajada china, por ejemplo», dijo. «Por lo tanto existen varios obstáculos y el principal es, por supuesto, apuntar a una excepción, pero incluso si se tiene esa excepción, no es raro no ser capaz de encontrar realmente los activos comerciales que se pueden adjuntar».
También señaló que en esos juicios se exige a los demandantes establecer la relación causal entre las acciones del régimen chino y los daños ocasionados en Estados Unidos, lo cual puede que no sea una tarea sencilla dado que podrían intervenir factores causados por Estados Unidos que pudieran romper o debilitar ese vínculo.
Por su parte, Sanders alertó del peligro de limitar la protección de la inmunidad soberana de otros países en los tribunales de Estados Unidos porque podría dar lugar a un retroceso de China.
«Es un arma de doble filo porque si usted, como soberano, permite que los brazos de sus entidades estatales reduzcan la inmunidad soberana de un país, ¿por qué no deberían corresponder y reducir su protección de la inmunidad soberana en su propio país?», dijo Sanders.
Añadió que los riesgos asociados a la adopción de medidas legales contra el régimen incluyen la posibilidad de sufrir represalias por parte de Beijing.
«China [podría] decidir que si usted no coopera conmigo, usted es un adversario para mí en esta área, y yo voy a afectarlo económicamente, ya sea comercialmente o de otra forma», dijo.
Estas tácticas agresivas, que han sido apodadas por la diplomacia del «guerrero lobo» en China, ya se están observando en varios lugares del mundo a medida que los países duplican sus peticiones de realizar una investigación sobre el manejo del virus por parte del régimen. Muchos de estos países están avanzando endureciendo su postura y reconsiderando su dependencia de la fabricación y la tecnología de China, como Australia.
En respuesta a las solicitudes de que se realice una investigación independiente, Beijing ha hecho múltiples declaraciones incendiarias contra Australia, amenazando con que China podría boicotear los productos australianos. La Ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Marise Payne, respondió alertando a Beijing en contra de la «coerción económica».
Sin embargo, Beijing no pareció prestar atención. Posteriormente, Beijing golpeó las exportaciones agrícolas clave de Australia con suspensiones y amenazas arancelarias.
Australia ha respondido solicitando conversaciones comerciales urgentes pero no se ha echado atrás en su petición de una investigación sobre la pandemia del virus del PCCh. El régimen chino ha denegado hasta ahora el reclamo de Australia.
Armstrong dijo que aunque existen importantes barreras a estas demandas, cree que se deben presentar para enviar un mensaje de que no se va a tolerar el incumplimiento de la ley.
«Es correcto hacer una demanda cuando alguien ha quebrantado la ley, con el fin de hacer notar que las personas que violan la ley no serán ignoradas», dijo Armstrong. «Y en este caso, China violó la ley».
Catherine Yang, Cathy He y el reportero de NTD Kevin Hogan contribuyeron con este informe.
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El PCCh prohíbe a chinos de otros países regresar a China
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