Ecuador enfrenta desde hace varios años y simultáneamente varios procesos (se indican que son más de 16 demandas) con petroleras en cortes internacionales de arbitraje por varios miles de millones de dólares en juego. Solo una de las 16 demandas económicas que tiene el Ejecutivo, se vislumbra algo de claridad.
Hoy, el mandatario de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que su gobierno ha pactado con Oxy una rebaja del 18% sobre la indemnización de 1.062 millones de dólares que debe pagar a la petrolera estadounidense tras la condena que le impuso el Banco Mundial por cancelar un contrato de extracción en 2006.
«Ya hemos conseguido un descuento de al menos el 18% de lo que tenemos que pagarle a Oxy pero seguimos negociando fuertemente», aseguró el mandatario en una rueda de prensa en Guayaquil (suroeste).
Correa aseguró que se está negociando con la petrolera un «acuerdo integral» para cerrar los desacuerdos con Ecuador y denunció que Oxy «quiere reservarse el derecho a seguir demandando» a su país, algo que tildó de «inaceptable». «Si pagamos se cierra cualquier litigio de Ecuador contra Oxy y de Oxy contra Ecuador», dijo.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal del Banco Mundial, ordenó en noviembre a Ecuador, que afronta dificultades económicas por la abrupta caída del crudo, el pago de la millonaria indemnización a Oxy (Occidental) luego de que en 2006 canceló el contrato mediante el cual la empresa estadounidense extraía unos 100.000 barriles por día de crudo en la Amazonía.
La caducidad se produjo por la venta sin autorización de Quito de 40% de las acciones de Oxy a la canadiense Encana en agosto de 2000.
Ecuador abandonó el CIADI en 2010 -aunque los arbitrajes planteados con anterioridad sigue vigentes- y denuncia una inequidad en ese sistema de arbitral creado por inversionistas para defender sus intereses.
La mayoría (y las más cuantiosas) demandas, vienen de las petroleras que salieron del país porque no aceptaron renegociar sus contratos ni someterse a la nueva legislación sobre las ganancias extraordinarias. Burlington, Murphy y Petrobras, estas han solicitado el arbitraje internacional a raíz de la exigencia de cambiar los contratos, y el monto que aspiran a cobrar supera los 3.000 millones de dólares.
El de más envergadura es el que sigue en la Corte de La Haya por el caso de la petrolera Chevron, que fue condenada por la justicia ecuatoriana a pagar 9.500 millones de dólares por daño ambiental a indígenas y pobladores amazónicos.
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