Dos casos legales vigentes en China dieron luz a un instrumento vagamente formulado, pero muy poderoso, ejercido por el Partido Comunista: Secretos de Estado.
Uno de los objetivos es el ex jefe de seguridad de China, Zhou Yongkang, quien fue acusado de tres delitos: recibir sobornos, abuso de poder, y filtrar secretos de Estado. (¿Qué secretos?, aún no está claro).
El otro es el juicio de Gao Yu, una veterana periodista china que acaba de ser encarcelada por siete años, por dar a una revista de noticias china en el extranjero una copia de un documento del partido.
En ambos casos, los observadores se preguntan: ¿Qué es exactamente lo que cuenta como un secreto de estado en China?
En las democracias occidentales, las clasificaciones pueden usualmente por lo general sólo ser dadas por un número limitado de agencias gubernamentales y la información debe ser de inteligencia, militar, y otra información relacionada directamente con la seguridad nacional.
En China, no es así de simple.
En el caso de Gao Yu, que está acusada de enviar una copia electrónica del Documento No. 9, una directiva ideológica secreta del partido para extirpar discusiones de ideas como la democracia y los derechos civiles; al fundador de Ming Jing, un medio de comunicación en el extranjero, a través de Skype.
Cuando ella envió el contenido del documento ya había sido informado ampliamente, incluyendo sitios web que aparecen vinculados al gobierno, y se han planteado interrogantes sobre el proceso oficial bajo el cual fue clasificado como secreto de estado de primer lugar.
Sin embargo, el 17 de abril, un tribunal de Pekín condenó a la mujer de 71 años de edad, a siete años de prisión.
El caso de Zhou Yongkang parece más complejo, aunque la definición de «secreto de estado» también parece utilizarse convenientemente por los fiscales. Según la agencia Reuters, que citó dos fuentes no identificadas con «lazos con el liderazgo chino, Zhou» a principios de 2012 le dijo al ex miembro del Buró Político y estrecho aliado Bo Xilai, que los investigadores del partido planeaban derribarlo.
Si esta particular acusación aparecerá como parte del juicio contra Zhou todavía no está claro.
El Partido tiene un enorme incentivo para mantener sus leyes sobre secreto de estado muy bien definidas, las empresas extranjeras se ven obligadas a andar sigilosamente alrededor de la información que obtienen de los miembros del Partido; disidentes y críticos pueden ser silenciados con una imputación por secretos de estado; y enemigos políticos pueden ser convenientemente derribados.
Las leyes sobre secretos de estado han sido vagas desde el inicio de la República Popular.
Por ejemplo, la lista de los secretos de estado en las regulaciones de 1951 osciló entre áreas obvias como la defensa nacional y las relaciones exteriores a la cultura y la higiene. En tanto distintos niveles de clasificación secreta se introdujeron en la actualización de 1988, y se han añadido las regulaciones de Internet en una enmienda de 2010, el régimen chino ha hecho poco para definir la información que consideren lo suficientemente grave como para enviar a alguien a la horca por divulgación.
«Nadie puede identificar qué es un secreto de Estado», dijo Xu Wenli, anterior miembro superior de investigación en la Universidad de Brown, y un activista democrático chino desde hace mucho tiempo, en una entrevista telefónica.
«¿Quién decide lo que es un» secreto de estado»?», Preguntó Xu Wenli. «No hay un verdadero Estado de Derecho en China, así que nadie recibirá un juicio justo».
Muchas organizaciones en China pueden decidir clasificar información como secreto de estado, con poca capacidad de proceso o de revisión judicial transparente. Susan Finder, una profesora de derecho de la Universidad de Hong Kong, se encontró que, aparte del Partido y su aparato legal y de seguridad, instituciones como la Cruz Roja de China, la Universidad de Tsinghua y la Corporación Tecnológica y de Ciencia Aeroespacial China pueden hacer clasificaciones, a veces incluso molestando a los cuadros dirigentes en el aparato de seguridad.
Nicholas Bequelin, el director para Asia Oriental de Amnistía Internacional, hizo una serie de publicaciones que analizan el origen y el uso de las leyes de secretos de estado en China. Su conclusión: «Las imputaciones por secretos de estado han sido durante mucho tiempo el arma elegida para silenciar a los críticos, disidentes, periodistas y enemigos del partido».
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