El Tribunal Supremo de EE. UU. dictó una breve orden el lunes por la noche resolviendo uno de los dos casos que impugnaban el decreto migratorio de Donald Trump.
La corte anuló el fallo de un tribunal de apelaciones que bloqueó el Decreto de Trump del 6 de marzo, que prohibía por 90 días el ingreso a EE. UU. de personas de seis países de mayoría musulmana.
La orden ejecutiva de Trump fue apelada en las demandas,una ante la justicia del estado de Maryland y otra en la de Hawai, y con ello se había suspendido la aplicación de la orden migratoria de Trump.
El argumento que utilizó la Corte para desestimar la apelación fue que la orden ejecutiva del presidente Trump expiró el 24 de septiembre de 2017, por lo que ya no existe un caso vigente o controversia.
Las dos partes principales de la prohibición migratoria
Con este fallo los jueces de la Corte Suprema actúan contra la apelación del estado de Maryland, dirigida contra la suspensión por 90 días de la entrada de viajeros de naciones con poblaciones de mayoría musulmana, sin tocar la prohibición referida a la entrada de refugiados a EE. UU.
Por otra parte, este fallo del máximo tribunal no significa que el veto migratorio vuelva a estar vigente de manera automática, puesto que de momento solo se ha anulado la apelación interpuesta por los fiscales del estado de Maryland.
La misma instancia suprema aún debe pronunciarse sobre la decisión de los fiscales de Hawai que fue ratificada por el Noveno Circuito de Apelaciones.
La demanda de Hawai permanece en la Corte, pero la administración de Trump ha pedido también que sea desestimada porque las restricciones para los refugiados – impuestas por 120 días – expirarán el próximo 24 de octubre, cuando se adoptarán nuevas medidas para los refugiados que buscan la admisión.
Venezuela y Corea del Norte
El presidente Trump emitió en septiembre una orden ejecutiva que incluye a dos países no musulmanes, Corea del Norte y Venezuela, entre los siete que están sujetos a las nuevas restricciones migratorias.
Según Breibart, ese hecho haría que cualquier pretensión de argumentar discriminación religiosa en la orden ejecutiva de Trump tenga menos probabilidades de prosperar.
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