El gobernador de Misisipi, el republicano Tate Reeves, firmó este martes un proyecto de ley que permitirá cambiar la bandera de ese estado, la última en EE.UU. con un emblema de guerra de los confederados, que defendían la esclavitud.
Dos días después de que la Cámara y el Senado estatal avalaran la iniciativa, Reeves estampó su firma, tal como lo había anticipado, en una ley que, aseguró, permite «pasar la página en Misisipi retirando una bandera» que ha ondeado desde 1894.
El proyecto logró su aprobación después de las movilizaciones y vandalismo por los derechos de los afroamericanos y contra la brutalidad policial que se han extendido por todo el país tras el asesinato, el pasado 25 de mayo, de George Floyd a manos de un policía blanco.
«Este no es un momento político para mí, sino una ocasión solemne para llevar a nuestra familia de Misisipi a unirse, a reconciliarse y seguir adelante», afirmó Reeves.
El funcionario reconoció que esta «fue una conversación difícil» para su estado, pero defendió que, más que los ojos del país pidiendo un cambio, le importa que sus ciudadanos sepan que su estado los reconoce.
También se refirió a las «preocupaciones» de quienes no están contentos con el cambio de la insignia estatal y rechazó las «turbas que derriban estatuas».
Las protestas desatadas por la muerte de Floyd en Minesota han dado paso a la remoción por parte de los manifestantes de estatuas y monumentos en honor a la Confederación que defendió la esclavitud en la Guerra Civil o de Secesión en Estados Unidos (1861-1865).
«Una bandera es un símbolo de nuestro presente, de nuestra gente y de nuestro futuro», apuntó el gobernador, quien defendió la necesidad de encontrar una insignia «que sea un mejor emblema para todo Misisipi».
El proyecto establece la creación de una comisión que diseñe el nuevo símbolo, que no incluiría la bandera de la batalla confederada y añadiría las palabras «In God We Trust» (En Dios confiamos).
La bandera resultante deberá ser votada en noviembre próximo.
El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el viernes pasado una orden que establece que el Gobierno federal se asegurará de que cualquier persona que ataque monumentos sea procesada y enfrente penas de hasta 10 años de cárcel.
Además, las fuerzas de seguridad federales intervendrán para proteger los monumentos cuando las autoridades locales no lo hagan.
La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, informó este lunes que más de 100 personas han sido detenidas en EE.UU. por vandalizar estatuas y monumentos en medio de las manifestaciones.
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