La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó hoy al Gobierno de Honduras a que ponga fin al alto índice de impunidad en el país y al uso ilegítimo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, en algunos casos «en complicidad» con el crimen organizado.
La CIDH, en un informe publicado hoy y elaborado tras su visita al país en diciembre de 2014, estima que más del 80% de los homicidios cometidos en Honduras quedan impunes por la incapacidad de los órganos de investigación.
La Organización de Estados Americanos (OEA), de la que la CIDH es un órgano autónomo, acordó en enero con el Gobierno de Honduras el envío de su primera misión en el continente para luchar contra la corrupción y la impunidad, firmada por cuatro años y con financiación internacional.
Durante su visita al país en 2014, la Comisión observó que una de las causas de la inseguridad ciudadana «proviene del mismo cuerpo policial, de la policía militar y del ejército a través del uso ilegítimo de la fuerza, en algunos casos en complicidad con el crimen organizado».
Las Fuerzas Armadas hondureñas participan «activamente» en funciones de seguridad ciudadana a través de cuerpos especializados como la creación de una policía militar, actúan en el sistema penitenciario y se recurre a ellas para solucionar conflictos agrarios, según el informe.
«La seguridad ciudadana debería ser de competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles, debidamente organizados y capacitados. Las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana (…) y su involucramiento en esta amplia gama de funciones del Estado representa un riesgo para la vigencia del Estado de Derecho», considera el comisionado Francisco Eguiguren, relator de la CIDH para Honduras.
El informe advierte asimismo de que persisten «importantes desafíos» en relación con la independencia de jueces y fiscales, en particular los que derivan del marco normativo dispuesto por el Estado para regular los procesos de selección y disciplina.
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«Las y los operadores de justicia deben contar con garantías reforzadas de estabilidad en sus cargos derivado de la necesidad de garantizarles un actuar independiente. No deben estar sujetos a remoción como resultado de las decisiones que, conforme a derecho, adoptan en sus labores», señala el comisionado José de Jesús Orozco.
La Comisión, tras su visita entre el 1 y el 5 de diciembre de 2014, concluye que la tasa de homicidios en Honduras continúa siendo una de las más altas de la región y del mundo «a pesar de que cifras del Estado apuntan a una disminución en 2014».
Esos altos índices de violencia, considera la CIDH, son el resultado de varios factores: el incremento del crimen organizado y el tráfico de drogas, una deficiente respuesta judicial que conlleva a la impunidad, la corrupción, y altos niveles de pobreza y desigualdad.
«Se deben adoptar medidas urgentes a fin de bajar la tasa de homicidios, atacar las causas estructurales de la violencia y la impunidad, así como proteger a la población ante esta situación», recomienda la Comisión.
«Además, se deben impulsar las investigaciones judiciales de manera pronta, diligente e imparcial (…) y aplicar las sanciones penales que correspondan, para evitar la impunidad y la repetición de hechos similares», añade.
La CIDH reconoce no obstante en su informe «los esfuerzos del Estado» para abordar la situación de derechos humanos en el país, como la «apertura al escrutinio internacional» con la presencia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
La misión será evaluada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, cada seis meses ante el Consejo Permanente, e incluye un Observatorio del Sistema de Justicia Penal que será la principal herramienta de la sociedad civil para examinar la evolución de la iniciativa y señalar incumplimientos. La OEA se reserva el derecho a retirarse si el Gobierno no cumple.
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