La fuerza paramilitar del régimen chino ha comenzado a renunciar a sus proyectos empresariales, una medida que podría tener un impacto significativo en las graves violaciones a los derechos humanos que siguen ocurriendo en China.
El 15 de noviembre, en la ciudad de Jinan, capital de la provincia de Shandong, en el este de China, la Policía Armada Popular mantuvo una reunión relacionada al avance tenido para salir de una variedad de negocios. A la reunión se le dio oficialmente el torpe título de: «Un resumen en el que se dispone cesar el trabajo de servicio compensado».
En la reunión se dijo que los paramilitares chinos ya cancelaron un total de 1.903 «proyectos de cooperación médica», es decir, el manejo de hospitales, negocios inmobiliarios y otros proyectos de entretenimiento y alojamiento.
Según Wang Bing, el vice comandante de la Policía Armada, salir de estos convenios comerciales es una «importante tarea política», que ha sido «colocada en una posición importante para ser desplegada y puesta en práctica con fuerza».
El número de «proyectos médicos cooperativos» que se han cancelado es de 375, según el breve anuncio, proporcionado por Xinhua, la agencia de noticias oficial. No está claro cuántos de estos proyectos son hospitales.
La medida para salir de la industria de negocios fue ordenado por Xi Jinping, el líder del régimen chino, a principios de año, y abarca también al Ejército Popular de Liberación. La medida está en línea con las reformas más amplias de Xi para eliminar el alcance de la corrupción en las fuerzas armadas.
La Policía Armada Popular es una fuerza paramilitar interna del tamaño de un ejército permanente, y cuenta con alrededor de 1,5 millones de miembros desde hace unos años. Tradicionalmente ha sido utilizada por los funcionarios locales para suprimir las protestas masivas y realizar el trabajo de patrulla fronteriza.
Sin embargo, existe también otro componente político y de derechos humanos potencialmente significativo para la Policía Armada Popular que se ve obligada a abandonar sus intereses comerciales, incluido el funcionamiento de los hospitales.
Según investigadores independientes, los hospitales administrados y afiliados por la Policía Armada parece estuvieron muy involucrados en la sustracción forzada de órganos. Los hospitales de la Policía Armada pueden operar con poca supervisión del sector civil y pueden establecer lucrativas relaciones secretas con prisiones y otros centros de detención.
Los investigadores creen que la mayoría de los órganos extraídos para ser trasplantados en China han venido de presos de conciencia. En un informe de casi 700 páginas a principios de este año, tres investigadores estimaron que el número de trasplantes realizados en China ha sido tan alto como 100.000 anualmente, y que el grupo más afectado es a los practicantes de Falun Gong, una disciplina espiritual perseguida en China desde 1999.
No está claro si el retiro de la Policía Armada Popular y del Ejército Popular de Liberación en el manejo de estos hospitales realmente llevará al cese de esta forma de abuso en China.
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