Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como FARC son, fueron y seguirán siendo noticia.
Efectivamente, después de más de medio siglo desde su creación en la selva colombiana -en mayo de 1964- por Pedro Antonio Marín, más conocido como Mario Marulanda Véliz “tirofijo”, hoy mantienen un protagonismo pleno en la vida diaria de ese país.
Su objetivo, en los años 60, fue acabar con la desigualdad económica, social y política, además de combatir la injerencia norteamericana en Colombia a través del establecimiento de lo que definieron como un Estado marxista-leninista y bolivariano. Una causa política, pero que legitimó la lucha armada para alcanzar el poder.
Hoy, pasado ya medio siglo de vida, se calcula que han enrolado a cerca de 20.000 personas, manteniendo en la actualidad en torno a los 8.000 a 10.000 guerrilleros, en tanto que su líder es Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”.
Recientemente, INFOLATAM publicó que, en medio de las conversaciones sobre el proceso de paz que se desarrollan con el gobierno en la ciudad de La Habana, se invitó a la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE) a participar, cuestión que fue rechazada por esta institución por considerarse que no son parte de la negociación.
Lo que las FARC buscan es que no se encarcele en prisión a ninguna de las partes, ya que -para ellos- eso condicionaría el éxito del proceso de paz llevándolo al fracaso. En esa línea, si bien han sostenido que no debe atribuirse sólo a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de los crímenes de Estado y que las cadenas de responsabilidad de mando tienen una línea que conduce hasta el poder político, en lo que es una evidente intención de jugar al empate, apelan a la posibilidad que ofrece el derecho colombiano de aplicar penas alternativas restaurativas que impidan en el futuro reclamos ante cualquier corte nacional o internacional. ¿Impunidad?
El tema es que la opinión pública colombiana está dividida, aunque mayoritariamente -el 57%- se opone a que los guerrilleros no paguen con cárcel. En otros datos, un 32% opina que la guerrilla debe ser derrotada militarmente, otro 33% aprueba el proceso de paz, mientras que el Presidente Santos logra repuntar su nivel de aprobación con un 46%. Ciertamente el clima de tranquilidad ayuda, pero también las cifras, pues Colombia logró reducir su tasa de homicidios del 30,3 por cada 100.000 habitantes en el 2013 a 26,49, una de las más bajas en años.
Aunque se niegan a aceptar su vínculo con el narcotráfico, lo que no hay duda es que las FARC han cobrado permanentemente un impuesto a los traficantes, y varios de sus líderes se han visto involucrados en negocios con el crimen organizado. ¿Será posible su desmovilización y reconversión?
Más allá de esta pregunta, el proceso de paz será difícil de seguir si las FARC continúan rompiendo el cese al fuego. Pasado, presente y lamentablemente futuro, al menos en el corto y mediano plazo, las FARC seguirán estando presentes.
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