Los ingresos medios en los hogares españoles se redujeron un 2,3 por ciento, aumentando un 22,2 por ciento el porcentaje de población en riesgo de pobreza, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2014, publicada el 26 de mayo de 2015 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en relación a los registros de 2013.
La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), es un estudio de estadística anual dirigido a hogares que proporciona información sobre la renta, el nivel y la composición de la pobreza y la exclusión social en España y en comparación con otros países de la Unión Europea.
Según criterios de Oficina Europea de Estadística (Eurostat), el umbral de riesgo de pobreza se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas. En 2014, para los hogares de una persona, este umbral se situó en 7.961 euros, un 1,9% menos que el estimado en el año anterior; en hogares compuestos de dos adultos y dos menores de 14 años fue de 16.719 euros.
Una persona que vive sola constituye una unidad de consumo y se le atribuiría un valor de 1. Al resto de adultos se le asigna un peso de 0,5 y a los menores de 14 años un peso de 0,3. Así un hogar con dos adultos contaría como 1,5 unidades de consumo y uno formado por dos adultos y dos niños, como 2,1 unidades de consumo.
Además de los ingresos del año anterior al momento en que se realiza la entrevista, para realizar la encuesta se recoge información complementaria sobre las condiciones de vida en el año en curso. En este sentido, en la primavera de 2014, el 16,1% de los hogares españoles manifestó llegar a fin de mes “con mucha dificultad” (porcentaje 0,8 puntos menor que en al año anterior); el 42,4% no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos (4,1% en 2013); el 45,0% de los hogares no se podía permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año (0,8 puntos inferior); y el 10,2% tenía retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal (0,9 puntos por encima del registrado el año anterior).
El indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social (siglas de “At Risk Of Poverty or Social Exclusion”) forma parte de los indicadores de la estrategia Europea 2020 de la Unión Europea y combina tres conceptos: el riesgo de pobreza, la carencia material y la baja intensidad en el empleo. Así pues, estaría en riesgo de pobreza o exclusión social, la población con unos ingresos por unidad de consumo por debajo del 60% de la mediana; aquellos con una carencia material severa, que quedaría establecida cuando de una lista de nueve conceptos se carece de al menos cuatro de ellos; y los hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año de referencia de los ingresos.
En la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2014, el indicador agregado AROPE se situó en el 29,2% de la población residente en España, frente al 27,3% registrado el año anterior.
Por grupo de edad, cabe destacar la presencia de los menores de 16 años como el grupo en que se dio un mayor porcentaje de riesgo de pobreza (29,6%), y la continuada disminución de este indicador entre los mayores de 65 años (de 10 puntos entre 2010 y 2014).
En relación con la actividad, el 45,1% de los parados estaba en riesgo de pobreza. Por su parte, el 9,0% de los jubilados se encontraba por debajo de este umbral.
Según la nacionalidad, el porcentaje era del 18,4% para los españoles, del 35,7% para los extranjeros de la Unión Europea y del 55,4% para las personas cuya nacionalidad no era de un país de la UE. Según características, atendiendo al nivel de estudios, la tasa de riesgo disminuye sustancialmente cuando se alcanza un nivel superior de estudios, y en cuanto al tipo de hogar, la mayor tasa se dio en hogares de personas con hijos dependientes a cargo y la menor, en hogares formados por dos adultos sin niños dependientes.
La tasa de riesgo de pobreza no mide pobreza absoluta, sino ingresos bajos en relación al conjunto de la población; y entre sus utilidades, este tipo de estudios destaca por constituir un elemento de referencia fundamental para el seguimiento del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social.
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