Ayuntamiento de Portland prohíbe inmediatamente a la policía trabajar con las fuerzas federales

Por Zachary Stieber
23 de Julio de 2020
Actualizado: 23 de Julio de 2020

Todos los oficiales de policía de Portland tienen prohibido trabajar con oficiales federales, bajo las nuevas políticas que el Ayuntamiento aprobó el miércoles.

Las resoluciones dicen que cualquier miembro de la Oficina de Policía de Portland que “proporcione, solicite o reciba de manera voluntaria apoyo operacional de las fuerzas federales militarizadas” se enfrentará a medidas disciplinarias. Además, prohíben a la policía usar la fuerza o arrestar a periodistas u observadores legales.

Aprobadas por unanimidad por los comisionados Chloe Eudaly, Ted Wheeler, Amanda Fritz y Jo Ann Hardesty, las nuevas normas entraron en vigor inmediatamente.

Wheeler, el alcalde de la ciudad y comisionado de policía, dijo en una declaración a finales del miércoles que estaba orgulloso de copatrocinar las resoluciones “afirmando que Portland no se coordinará con las tropas federales que ocupan nuestra ciudad y que los periodistas no serán blanco de ataques”.

El alcalde se unió a una multitud que incluía a los alborotadores que atacaron el Tribunal de Mark O. Hatfield, un edificio federal.

La Asociación de la Policía de Portland, un sindicato de policías, la oficina y el Departamento de Seguridad Nacional no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las resoluciones.

El alcalde de Portland, Ted Wheeler, habla con los medios de comunicación mientras está rodeado de manifestantes frente al Centro de Justicia del Condado de Multnomah el 22 de julio de 2020 en Portland, Oregon. (Nathan Howard/Getty Images)

El sistema gubernamental de Portland tiene un grupo de comisionados en el Ayuntamiento, cada uno con un papel diferente. Todos los comisionados actuales son demócratas.

Eudaly y Hardesty afirmaron que los manifestantes que se reunieron cada noche han sido pacíficos, a pesar de las evidencias en video y las fotografías que muestran que los grupos se han involucrado cada noche en conductas criminales antes de que los oficiales federales respondan. También dijeron que los oficiales federales están usando una fuerza desproporcionada. Al menos un oficial federal está siendo investigado.

“Es realmente claro que nosotros como consejo debemos tomar una posición firme contra la colaboración y cooperación de la Oficina de Policía de Portland con este escuadrón federal de matones que ha sido enviado a Portland para obstaculizar a las personas que están exigiendo cambios en nuestros esfuerzos policiales”, dijo Hardesty durante la audiencia del ayuntamiento.

Durante un evento virtual por separado el miércoles, Hardesty afirmó que la oficina ha estado enviando “saboteadores y provocadores”, que causan incendios y cometen crímenes que llevan a una respuesta contra las “multitudes pacíficas”. Horas más tarde, emitió una disculpa por difundir “declaraciones infundadas y desinformación”.

Hardesty intenta arrebatar el control de la policía de Portland a Wheeler, que hasta ahora se ha resistido a esos esfuerzos. Ha publicado un plan este mes que pide que se desfinancie a la policía.

Un alborotador arroja un objeto en llamas en la corte de Mark O. Hatfield en Portland, Oregon, el 22 de julio de 2020. (Nathan Howard/Getty Images)

El Ayuntamiento ha impuesto limitaciones a la fuerza policial, incluyendo la limitación del uso de gas lacrimógeno y otras municiones para control de multitudes. Los oficiales federales no están bajo tales restricciones. Wheeler les ha pedido que se atengan a ellas.

La administración Trump envió agentes federales a la ciudad más grande de Oregón el 4 de julio después de que los alborotadores atacaran el juzgado.

El representante de Seguridad Nacional, Chad Wolf, dijo a los periodistas en la Casa Blanca el miércoles que Portland ha sido testigo de casi dos meses de “ataques violentos coordinados por anarquistas contra un tribunal federal y oficiales federales de la ley que juraron protegerlo”.

El secretario ha dicho que el gobierno federal no necesita una invitación de las ciudades para proteger la propiedad federal. También ha afirmado que un aumento de los recursos federales en Portland no habría sido necesario si los agentes de la ley locales estuvieran haciendo su trabajo.

El jefe de la policía de Portland, Chuck Lovell, dijo a los periodistas la semana pasada que sus agentes a veces tomaban medidas cerca de los agentes federales, pero que ninguno de los dos grupos dirigía las acciones del otro.

“Nos comunicamos con los oficiales federales con el propósito de conocer la situación y desconflicción. Estamos operando en una muy, muy cercana proximidad unos de otros”, dijo.

Wheeler ordenó recientemente a los agentes federales que se retiraran del centro de mando de la policía de Portland y la oficina de bomberos de la ciudad, que supervisa Hardesty, ya no permite a ningún agente del orden público utilizar las estaciones de bomberos.

Los oficiales de policía de Portland estuvieron notablemente ausentes en los últimos días, incluso cuando se produjeron disturbios en el área del tribunal, que se encuentra a cuadras de un recinto policial.

Mientras tanto, los organismos y funcionarios federales se enfrentan a una oleada de acciones en los tribunales y en otros lugares a medida que los funcionarios elegidos locales y estatales, junto con los miembros del Congreso, buscan vías legales para expulsarlos de Portland.

La fiscal general de Oregón, Ellen Rosenblum, presentó una demanda este mes que busca evitar que las fuerzas federales arresten a las personas. El senador Jeff Merkley (D-Ore.) introdujo una enmienda que limitaría el uso de agentes federales para el control de multitudes. Un grupo bicameral de congresistas está presionando a los inspectores generales de los Departamentos de Seguridad Nacional y Justicia para que investiguen el uso de la fuerza federal para sofocar manifestaciones violentas y los senadores demócratas exigieron detalles de la operación.

Un grupo diferente de legisladores federales escribió a la Casa Blanca esta semana instando a la administración Trump a bloquear el financiamiento de los contribuyentes para que no llegue a los estados y ciudades que permiten a los anarquistas actuar desenfrenadamente.

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