Biden disuelve rápidamente las medidas de seguridad fronteriza de Trump

Por Charlotte Cuthbertson
26 de Enero de 2021
Actualizado: 26 de Enero de 2021

WASHINGTON —La Administración Biden se ha apresurado a realizar sus promesas de inmigración y seguridad fronteriza en la Casa Blanca.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo durante una sesión informativa el 21 de enero que “consideramos que la inmigración es parte de la equidad racial, que es un tema amplio, pero así es como el presidente ha hablado de esa crisis en los últimos meses”.

Psaki dijo que el presidente Joe Biden estaba enfocado en abordar cuatro crisis, que incluyen controlar la pandemia, hacer que la gente vuelva a trabajar, el cambio climático y la equidad racial.

El primer día, la administración firmó ordenes ejecutivas y emitió memos para suspender temporalmente las deportaciones de extranjeros ilegales, revertir la prohibición de viaje de países propensos al terrorismo del expresidente Donald Trump, detuvo la construcción del muro fronterizo así como la suma de personas al programa “Permanecer en México”, mantuvo y reforzó el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), y emitió un amplio paquete para el Congreso que incluye amnistía para millones de inmigrantes ilegales.

Las medidas de Biden se aplican cuando una caravana de 9000 hondureños se enfrentaba al ejército guatemalteco en una provincia fronteriza.

Detiene “Permanecer en México”

El cambió que podría tener el mayor impacto en la seguridad de la frontera y los cruces ilegales es la orden de Seguridad Nacional de detener la adición de inmigrantes ilegales al programa de Protocolo de Protección al Migrante (MPP), también conocido como “Permanecer en México”.

El programa MPP obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se resuelve su caso de asilo.

El programa ha sido promovido como un gran avance para detener el fenómeno de “captura y liberación”, en el que cientos de miles de inmigrantes ilegales reclamaban asilo al entrar en Estados Unidos. Antes de la puesta en marcha del programa “Permanecer en México”, estas personas, independientemente de los méritos de su solicitud de asilo, eran liberadas rápidamente en Estados Unidos con una audiencia judicial a menudo programada para años más tarde, a la que la mayoría no se presentaba.

El fenómeno de “captura y liberación” fue uno de los principales impulsores de las caravanas y la crisis fronteriza de 2019, cuando un millón de inmigrantes ilegales entraron en Estados Unidos por la frontera sur.

Trump introdujo el MPP a finales de 2019, el cual se amplió a lo largo de la frontera sur y ahora hace que el 90% de los cruces fronterizos ilegales sean rápidamente deportados o enviado a México a la espera de su solicitud de asilo. Su resultado ha sido menos cruces ilegales y menos solicitudes de asilo sin mérito.

Detiene construcción del muro

Biden firmó una orden ejecutiva pocas horas después de su inauguración que puso fin a la declaración de emergencia en la frontera sur y detuvo inmediatamente la construcción del muro.

“La política de mi Administración será que no se desvíen más dólares de los contribuyentes estadounidenses para construir un muro fronterizo”, declara la orden ejecutiva. “También estoy ordenando una revisión cuidadosa de todos los recursos asignados o redirigidos a la construcción de un muro fronterizo”.

Alejandro Mayorkas, elegido por Biden para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo que no ha revisado lo que haría con el actual muro fronterizo, incluyendo la posibilidad de quitar partes del mismo.

“Estoy esperando estudiar esta cuestión, entender los costos y beneficios de hacerlo” dijo al Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado durante su audiencia de confirmación el 19 de enero.

El Congreso recientemente asignó 1400 millones de dólares para la construcción del muro en el paquete de Autorización de Defensa Nacional, el cual Mayorkas dijo que examinaría para “ver cuáles son las oportunidades de suspender cualquier obligación de este tipo, si de hecho, la ley lo permite, y actuar en consecuencia”.

Mayorkas fue jefe de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos durante el primer mandato del presidente Barack Obama y luego subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional durante su segundo mandato.

Durante la Administración de Trump, se construyeron más de 450 millas de valla fronteriza a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, gran parte de las cuales han sustituido a barreras antiguas o ineficaces.

El Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, que apoyó a Trump para la presidencia, ha dicho que el levantamiento de la valla fronteriza es esencial para frenar los cruces ilegales y mantener a los agentes seguros.

El presidente del consejo, Brandon Judd, ha dicho que los agentes fronterizos están agradecidos por el nuevo muro, que viene con carreteras de acceso, iluminación y tecnología.

Anula la prohibición de viajes

También el primer día, Biden adoptó una acción ejecutiva para revocar la prohibición de viajes que Trump había impuesto a varios países propensos al terrorismo que no habían facilitado sistemáticamente “información sobre terroristas, delincuentes o sobre la identidad” de sus viajeros.

Biden calificó la prohibición de discriminatoria tanto para los musulmanes como para las naciones africanas y una ” mancha en nuestra conciencia nacional”.

Los países de la lista de prohibición de viajes eran Eritrea, Irán, Kirguistán, Libia, Myanmar, Nigeria, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria, Tanzania, Venezuela y Yemen. Cada nación tenía restricciones personalizadas. Países como Somalia, por ejemplo, carecen desde hace décadas de un gobierno que emita documentos básicos como certificados de nacimiento y permisos de conducir, lo que hace imposible investigar a los viajeros.

Bajo el mandato de Trump, el DHS revisó casi 200 países entre marzo y julio de 2017 para identificar aquellos que debían proporcionar más información con las solicitudes de visado para asegurar a las autoridades estadounidenses que el individuo no es una amenaza para la seguridad o la seguridad pública.

Uno de los criterios era la integridad de los documentos; por ejemplo, si un país emitía pasaportes con un chip incorporado o no, o si el país podía aportar pruebas de que sus ciudadanos son quienes dicen ser.

Otros criterios son si el país es un refugio terrorista conocido o potencial; si participa en el Programa de Exención de Visados; y si no recibe regularmente a sus nacionales sujetos a órdenes de deportación de Estados Unidos.

El departamento pasó entonces 7 semanas trabajando con los países para ayudarles a cumplir los criterios.

En septiembre de 2017, Trump emitió una proclamación que modificaba su orden original, que, tras una batalla legal, fue confirmada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

La orden de Biden requiere que el Departamento de Estado haga un plan para revisar las solicitudes de visado que habían sido denegadas durante la duración de la prohibición de viajes de la Administración Trump.

DACA y la amnistía

Otra orden ejecutiva del 20 de enero ordena al DHS continuar con el programa DACA, el cual Trump anuló en septiembre de 2017, calificándolo de extralimitación ejecutiva y pidiendo al Congreso que conceda una vía a la ciudadanía para los beneficiarios.

“Siento amor por esta gente, y espero que ahora el Congreso pueda ayudarles y hacerlo correctamente”, dijo Trump en ese momento.

El Congreso aún no ha dado una solución permanente y el programa ha sido objeto de disputas judiciales desde entonces.

El DACA fue introducido a través de una orden ejecutiva por el expresidente Barack Obama en 2012 como una medida temporal que daba a los beneficiarios una prórroga renovable de dos años de la deportación, así como autorización de trabajo y acceso a la seguridad social.

“Ahora, seamos claros, esto no es una amnistía, esto no es inmunidad, esto no es un camino a la ciudadanía, no es una solución permanente”, dijo Obama en ese momento.

Desde su creación, unos 800,000 inmigrantes ilegales se han inscrito en el programa.

Los beneficiarios de DACA deben haber llegado al país de forma ilegal antes de cumplir los 16 años y deben tener menos de 31 años cuando solicitaron el estatus DACA, entre otros criterios.

La edad media de los beneficiarios de DACA supera los 25 años y los que están en la edad máxima tienen ahora 39 años. El 81% de los beneficiarios son mexicanos, pero algunos proceden de países tan lejanos como Pakistán y Filipinas.

Solo unos pocos beneficiarios de DACA seleccionados al azar fueron investigados a través de la verificación de antecedentes durante la admisión original, y en 2018, a más de 2100 beneficiarios se les había revocado su elegibilidad debido a condenas penales y actividad de pandillas, según el DHS.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en ingles) realizó una estimación de los costos de una vía a la ciudadanía para una población base de DACA ligeramente más amplia en respuesta a la introducción de la Ley DREAM en julio de 2017.

El proyecto de ley fue presentado en el Senado por el senador Lindsey Graham (R-S.C.) y las siglas DREAM significan Desarrollo, Ayuda y Educación para Menores Extranjeros.

La CBO estimó que 3.25 millones de extranjeros ilegales cumplían los criterios básicos de elegibilidad, pero, basándose en las tasas de solicitud de DACA, unos 2 millones solicitarían y serían aprobados.

Utilizando ese cálculo, la CBO estimó que la Ley DREAM habría generado un costo neto de 26,000 millones de dólares en los 10 años siguientes.

La mayoría de los beneficiarios de DACA pagan actualmente la mayoría de los impuestos, pero no pueden recibir la mayoría de los beneficios federales. La Ley DREAM habría generado unos 1000 millones de dólares en ingresos fiscales adicionales, pero los beneficiarios habrían recibido unos 27,000 millones de dólares en nuevas prestaciones, como subsidios de Obamacare, créditos fiscales por hijos, Medicaid y cupones de alimentos.

La estimación de la CBO excluye el impacto presupuestario de los gobiernos estatales y locales.

Más allá de la población del DACA, Biden ha prometido una amnistía y una vía de acceso a la ciudadanía para los inmigrantes ilegales que actualmente residen en Estados Unidos, que se calcula que son entre 11 y 25 millones de personas.

También apoya la asistencia sanitaria gratuita para los inmigrantes ilegales. Biden dijo que revertiría la regla de carga pública de Trump, que actualmente prohíbe a los ciudadanos no estadounidenses y a los residentes permanentes acceder a los cupones de alimentos y a otras prestaciones sociales. También afirma que daría visas a los estudiantes extranjeros que obtengan un título de doctorado en Estados Unidos.

En caso de amnistía, los estudios predicen que al menos seis veces el número original de personas elegibles se convertirían en ciudadanos, basándose en la migración en cadena, en la que los ciudadanos pueden traer a sus familiares.

Center for Immigration Studies publicó un informe que muestra que cada nuevo inmigrante legal mexicano, por ejemplo, patrocinó a 6.38 inmigrantes legales adicionales, basándose en la población de inmigrantes de 1996 a 2000.

Suspensión de las deportaciones

El 21 de enero, el DHS emitió un memorando para suspender las deportaciones de extranjeros ilegales durante 100 días, con la excepción de aquellos que “hayan participado o sean sospechosos de terrorismo o espionaje”.

El secretario interino del DHS, David Pekoske, dijo que, en su lugar, el departamento destinará recursos a la frontera sur “ya que se enfrenta a la crisis de salud pública más grave del siglo”. Biden ha designado a Pekoske como secretario interino hasta que Mayorkas sea confirmado por el Senado.

“A la luz de estas circunstancias únicas, el Departamento debe aumentar los recursos en la frontera para garantizar un procesamiento seguro, legal y ordenado, para reconstruir procedimientos de asilo justos y eficaces que respeten los derechos humanos y el debido proceso, para adoptar directrices y protocolos de salud pública adecuados, y para dar prioridad a la respuesta a las amenazas a la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza”, dijo Pekoske.

El memorándum dice que el departamento no puede responder a todas las violaciones de la ley de inmigración ni expulsar a todas las personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, y que tiene la intención de priorizar las amenazas terroristas, los inmigrantes ilegales que entraron en Estados Unidos a partir del 1 de noviembre de 2020 y los que han sido condenados por un delito grave que se consideran una amenaza para la seguridad pública.

El 22 de enero, el estado de Texas demandó a la Administración Biden por esta medida.

En la demanda, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, pide al tribunal federal que declare ilegal el memorando de Pekoske y que impida a los demandados ejecutar la orden.

“En su primer día en el cargo, la administración Biden dejó de lado las leyes de inmigración promulgadas por el Congreso y suspendió la expulsión de extranjeros ilegales cuya expulsión está obligada por esas mismas leyes”, afirma la demanda. “Al hacerlo, ignoró los principios constitucionales básicos y violó su promesa escrita de trabajar en cooperación con el Estado de Texas para abordar en manera compartida las preocupaciones de la aplicación de la legislación de inmigración. Esta revocación ilegal causará a Texas un daño inmediato e irreparable si no se le prohíbe”.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la agencia encargada de la aplicación de la ley en el interior, así como de las investigaciones sobre el tráfico sexual de niños y otros delitos, ha dado prioridad durante años a la expulsión de extranjeros criminales.

En el año fiscal 2020, las Operaciones de Ejecución y Deportación del ICE llevaron a cabo casi 186,000 expulsiones, de las cuales el 92% tenían condenas penales o cargos penales pendientes, según el informe de fin de año del ICE.

El ICE también llevó a cabo más de 103,000 detenciones en el interior, poco menos del 30 por ciento por debajo del año fiscal 2019 debido a las restricciones por el COVID-19.

Aproximadamente el 90 por ciento de los arrestados tenía una condena o cargo penal, según el informe. Entre los arrestados había extranjeros con cargos o condenas penales por 1837 delitos de homicidio, 37,247 delitos de agresión y 10,302 de agresión sexual o delitos sexuales.

Otras acciones

En una llamada con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 23 de enero, Biden dijo que su plan incluía “aumentar la capacidad de reasentamiento y las vías alternativas legales de inmigración”, así como mejorar el trámite en la frontera de los solicitantes de asilo.

El 20 de enero, Biden firmó una orden ejecutiva para incluir a los extranjeros ilegales en el reparto de fondos federales y la representación en el Congreso basada en el censo.

El presidente también dio a conocer un amplio paquete de reformas migratorias para el Congreso, que incluye una amnistía masiva, la ampliación de los criterios de asilo, un aumento de las admisiones de refugiados y más programas federales para inmigrantes.

También prometió un plan interinstitucional de 4000 millones de dólares en cuatro años para abordar “las causas subyacentes de la migración en la región”, incluyendo el aumento de la asistencia a El Salvador, Guatemala y Honduras.

Con información Ivan Pentchoukov.

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