La orden de vacunación contra COVID-19 del gobierno federal de Estados Unidos dirigida a los trabajadores de la salud no puede entrar en vigor en Texas, dictaminó un juez federal esta semana.
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) emitieron una orden de vacunación el mes pasado a pesar de no tener una autoridad clara del Congreso para hacerlo, dijo el juez de distrito de Estados Unidos, Matthew Kacsmaryk, un candidato de Trump, en un veredicto de 31 páginas el 15 de diciembre, en el que establece una medida cautelar preliminar.
El gobierno de Biden citó la Ley de Seguridad Social diciendo que le permite imponer el decreto que obligaría a todos los empleadores de atención médica en la nación que aceptan la financiación de Medicare o Medicaid a despedir a los trabajadores no vacunados si esta medida no se bloquea antes del 4 de enero de 2022.
Algunas secciones de la ley permiten al secretario de sanidad dictar normas, pero la ley no menciona las vacunas.
«Los demandados citan disposiciones legales que autorizan al secretario del HHS a condicionar la financiación a las normas de mantenimiento de las instalaciones», escribió Kacsmaryk. «Ordenar estándares de instalaciones es drásticamente diferente a ordenar a quién contrata o despide un proveedor de atención médica».
La ley establece específicamente que el secretario no puede «ejercer ninguna supervisión o control (…) sobre la selección, permanencia o compensación de ningún funcionario o empleado de ninguna institución, agencia o persona que preste servicios sanitarios», señaló Kacsmaryk.
«En este caso, la orden de los CMS excede con mucho su autoridad legal. Permite que el secretario del HHS haga depender la situación laboral de un trabajador sanitario al cumplimiento de la vacunación COVID-19», añadió. «El Congreso prohíbe tal interferencia en las decisiones de empleo. Además, la regulación de la salud pública y la seguridad más allá de las normas de las instalaciones es enfáticamente la competencia de los estados a través de sus poderes policiales».
El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, celebró el veredicto.
«Este decreto es totalmente inconstitucional y los tribunales están de acuerdo», escribió en Twitter.
El veredicto significa que la orden de vacunación queda bloqueada en 25 estados.
A su vez el requisito de vacunación fue bloqueado en todo el país, pero un tribunal de apelaciones dictaminó a principios de esta semana que el juez que lo hizo proporcionó «poca justificación» y revocó la medida cautelar preliminar, lo que afectó a 24 estados.
Sin embargo, la orden de vacunación sigue suspendida. Los CMS la suspendieron en un memorando fechado el 1 de diciembre debido a que los tribunales la bloquearon temporalmente.
Un portavoz de los CMS dijo a The Epoch Times en un correo electrónico que la agencia está revisando las recientes decisiones y está evaluando los próximos pasos en relación con la orden de vacunación.
En otra sentencia dictada el jueves, el juez de distrito, Dee Drell, dijo que la orden de vacunación de Biden para los contratistas federales no debe entrar en vigor para los empleadores estatales de Luisiana, Misisipi e Indiana.
La orden dirigida a los contratistas ya está bloqueada en todo el país por una medida cautelar preliminar. A su vez Drell, un candidato de George W. Bush, dejó claro que la administración no puede hacer cumplir ninguna orientación relacionada con los estados demandantes.
La orden de vacunación probablemente viola la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, dijo Drell.
El fiscal general republicano de Luisiana, Jeff Landry, dijo que el dictamen «garantiza que Luisiana seguirá protegida si se anula la medida cautelar a nivel nacional».
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