La campaña presidencial de Hillary Clinton está tratando de intervenir en un caso presentado por el abogado especial John Durham contra Michael Sussmann, un abogado que representó a la campaña cuando aportó información al FBI que alegaba un vínculo entre Donald Trump y Rusia en 2016.
En ese momento, Clinton era la candidata presidencial demócrata y Trump era el candidato republicano; Trump ganó las elecciones.
Los fiscales federales están tratando de obligar a la campaña de Clinton, al Comité Nacional Demócrata (DNC) y a Fusion GPS, la empresa que contrataron para llevar a cabo la investigación de la oposición sobre Trump, a presentar documentos que el gobierno podría querer admitir durante el juicio de Sussmann, que ha sido acusado de mentir al FBI por presuntamente afirmar que no traía la información sobre Trump en nombre de un cliente.
La campaña, el DNC y Fusion han reclamado el privilegio sobre los documentos, que incluyen comunicaciones entre Perkins Coie, un bufete de abogados contratado por los demócratas, y Fusion.
Sin embargo, la reclamación de privilegio, o la afirmación de que los documentos deben ser retenidos porque son comunicaciones entre abogado y cliente, se queda corta, alega el equipo de Durham en una reciente presentación.
«El gobierno no discute que [Fusion] llevó a cabo la investigación de la oposición con respecto a los supuestos vínculos de Trump con Rusia a instancias de la campaña de Clinton y el DNC a través de un acuerdo de retención con [Perkins]», dijeron los fiscales. «Pero al hacerlo, [Fusion] no estaba proporcionando o apoyando principalmente la experiencia relacionada con el asesoramiento jurídico; en cambio, parece que la función principal, si no la única, de la firma de investigación fue generar materiales de investigación de la oposición que la firma luego compartió ampliamente con miembros de los medios de comunicación, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigación (‘FBI’), miembros del Congreso y otros».
La investigación de la oposición dio lugar al llamado dossier Steele, que hizo una serie de afirmaciones sin fundamento sobre Trump y Rusia que el abogado especial Robert Mueller no pudo probar.
Una de las afirmaciones —sobre un supuesto canal secreto entre Trump y el Alfa Bank de Rusia— fue refutada por la CIA en 2017, según revelaron los recientes archivos del caso.
En las nuevas presentaciones, la campaña de Clinton desafió la representación de los fiscales, argumentando que el gobierno está tratando de obtener materiales que están protegidos.
La campaña de Clinton quiere ser escuchada en cualquier audiencia que se lleve a cabo sobre los esfuerzos del gobierno para obligar la entrega de los documentos, lo que dice que ayudará al tribunal a decidir sobre la moción del gobierno.
La campaña «afirma su privilegio abogado-cliente y la protección de los productos del trabajo del abogado con respecto a todos los documentos e información bajo el control de Perkins Coie o cualquiera de sus consultores, incluyendo Fusion GPS» y «no está renunciando a ninguno de sus privilegios, y se opone a la moción del gobierno para obligar», dijo John Podesta, presidente de la campaña, al tribunal en una presentación.
En otra presentación, Robby Mook, que fue director de la campaña, dijo que uno de los temas sobre los que Perkins prestó «servicios legales y asesoramiento jurídico» a la campaña «implicaba la determinación de hechos y la investigación que la campaña llevó a cabo con respecto» a Trump.
«Aunque no tuve conocimiento durante la campaña de ningún contratista que Perkins Coie contratara para ayudarle a prestar servicios legales y asesoramiento jurídico en relación con este trabajo, sí creí a lo largo de la campaña que cualquier trabajo que Perkins Coie realizara, ya sea a través de sus propios profesionales o a través de cualquier contratista que pudiera haber contratado para ayudarle, el trabajo se hizo con el fin de proporcionar servicios legales y asesoramiento jurídico a» la campaña, añadió.
En febrero, la campaña y el DNC acordaron pagar multas después de que la Comisión Federal de Elecciones determinara que probablemente habían violado la ley federal al declarar erróneamente los pagos a Perkins.
La campaña había dicho que pagó a Perkins Coie por «servicios legales», mientras que el DNC había descrito los pagos a la firma como «consultoría legal y de cumplimiento».
Dado que el dinero se destinó en realidad a Fusion para la investigación de la oposición, las entidades no cumplieron con una ley que exige a las campañas y grupos políticos que definan la finalidad de cada pago, según una denuncia, que motivó la investigación de la comisión.
Ni la campaña ni el DNC admitieron haber actuado mal cuando pagaron las multas, aunque Marc Elias, que estuvo en Perkins Coie hasta 2021, ha reconocido bajo juramento ante la Cámara de Representantes que el dinero para contratar a Fusion procedía de la campaña y del DNC.
Fusion, dirigida por los exreporteros del Wall Street Journal Peter Fritsch y Glenn Simpson, ya había presentado una impugnación similar a las mociones de Durham, mientras que el DNC solicitó el 20 de abril intervenir para hacer valer las reclamaciones de privilegio.
En una declaración separada que fue parcialmente desclasificada, Elias dijo al tribunal que Fritsch y Simpson se pusieron en contacto con él en la primavera de 2016 y en algún momento después de eso, Perkins Coie contrató a Fusion.
Elias recordó que pensó que Fusion le ayudaría en su trabajo para la campaña, y que en algunas ocasiones, el trabajo de la firma «fue condensado e incorporado a mis juicios sobre cuestiones legales, mientras que en otros casos, compartí los resultados del trabajo de Fusion con mis clientes».
Elias dijo al Panel de Inteligencia de la Cámara de Representantes en 2017 que Fusion no proporcionó servicios legales.
La campaña dijo que una versión desclasificada de la declaración de Elias podría presentarse al tribunal para que la revise a puerta cerrada, alegando que las partes ocultas están sujetas a reclamaciones de privilegio.
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