La administración del presidente Joe Biden está abusando de la ley federal con su nuevo programa que otorgará a decenas de miles de inmigrantes autorización para vivir y trabajar en Estados Unidos, según una nueva demanda.
La ley federal permite que el secretario de seguridad nacional otorgue «libertad condicional» a inmigrantes ilegales después de determinar, «caso por caso», que un inmigrante enfrenta un problema humanitario o que permitir que la persona permanezca en el país tendría un “beneficio público significativo”.
Pero la administración está permitiendo que decenas de miles de inmigrantes de cuatro países, incluido Venezuela, reciban la libertad condicional después de pasar por una verificación de antecedentes y convencer a una persona que ya está en los Estados Unidos para que los patrocine.
El programa “se burla, en lugar de seguir, los límites claros impuestos por el Congreso”, acusa una nueva demanda de Texas y de otros 19 estados.
La demanda le pide a un tribunal federal en el sur de Texas que declare ilegal el programa y ordene a la administración que lo detenga.
“La agenda de fronteras abiertas de Biden ha creado una crisis humanitaria que está aumentando el crimen y la violencia en nuestras calles, abrumando a las comunidades locales y empeorando la crisis de los opiáceos”, dijo Ken Paxton, el fiscal general republicano de Texas, en un comunicado.
“Este programa de amnistía ilegal, que invitará a cientos de miles de extranjeros a Estados Unidos cada año, solo empeorará drásticamente esta crisis de inmigración”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió a una solicitud de comentarios.
El programa comienza y luego se expande
El programa se lanzó en el otoño de 2022, basado en un programa de libertad condicional para refugiados ucranianos. Inicialmente, solo a los ciudadanos venezolanos se les ofreció la oportunidad de solicitar la libertad condicional. Los funcionarios de la administración dijeron que otorgarían libertad condicional a hasta 24,000 ciudadanos venezolanos.
La administración amplió el programa a ciudadanos de otros tres países —Cuba, Nicaragua y Haití— en enero, y también anunció que aceptaría hasta 30,000 inmigrantes por mes de las cuatro naciones.
Según el programa, los inmigrantes deben solicitar la libertad condicional con anticipación proporcionando el nombre de una persona que aceptará apoyarlos financieramente si son aprobados. El inmigrante también debe pasar una verificación de antecedentes y presentarse en un puerto de entrada, en lugar de ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
Los inmigrantes pueden reclamar ciertos criterios para eludir el Título 42, una orden de salud pública que le permite a las autoridades estadounidenses expulsar a muchos inmigrantes ilegales. Los criterios incluyen estar embarazada y no tener acceso a una “vivienda segura” en México, según una reseña de The Epoch Times.
Los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera no pueden participar en el programa, dijeron funcionarios de la administración.
“Estamos tratando de facilitar que la gente llegue aquí, abriendo la capacidad para llegar aquí, pero sin que pasen por ese terrible proceso”, dijo Biden en una sesión informativa conjunta con los presidentes de Canadá y México a principios de este mes, describiendo el viaje hacia Norteamérica.
“No tiene la autoridad”
En los documentos oficiales que describen el nuevo proceso, el DHS dice que procesará las solicitudes caso por caso y otorgará dos años de autorización de trabajo a quienes sean aprobados. La agencia cita la capacidad de libertad condicional otorgada al secretario por el Congreso.
Pero Texas y los otros estados alegan que se está abusando de la autoridad, señalando que bajo el programa hasta 360,000 inmigrantes podrán ingresar a Estados Unidos.
“El Departamento no tiene la autoridad para invitar a más de un tercio de un millón de extranjeros ilegales a Estados Unidos anualmente como lo ha anunciado con este programa”, dice la demanda.
Los poderes de libertad condicional se estaban otorgando de manera demasiado amplia, dijo el Congreso en 1995 antes de agregar limitaciones.
“El texto de la sección 212(d)(5) es claro en cuanto a que la autoridad de libertad condicional estaba destinada a ser utilizada caso por caso para satisfacer necesidades específicas, y no como un complemento de la política de inmigración establecida por el Congreso. En los últimos años, sin embargo, la libertad condicional se ha utilizado cada vez más para admitir categorías enteras de extranjeros que no califican para la admisión bajo ninguna otra categoría en la ley de inmigración, con la intención de que permanezcan permanentemente en Estados Unidos. Esto contraviene la intención de la sección 212 (d) (5)”, indicó un informe del Congreso en ese momento.
Las limitaciones dejaban en claro que la libertad condicional solo se permitía «caso por caso… por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo».
El nuevo programa perjudica a estados como Texas porque cada vez tienen que gastar más dinero y recursos para lidiar con inmigrantes ilegales durante la crisis fronteriza que se ha desarrollado desde que Biden asumió el cargo, dijeron los estados.
“El programa dará como resultado un aumento de la delincuencia y el tráfico de drogas en las comunidades de Kansas, lo que requerirá gastos adicionales por parte de las fuerzas del orden público de Kansas. Esto se debe a que al menos una parte de esos extranjeros vendrán a Kansas”, afirmó. “Eso significa más personas en Kansas, al menos una parte de las cuales se involucrará en actividades ilegales y con quienes los agentes del orden público inevitablemente se encontrarán”.
El gobierno también violó la ley federal al no permitir comentarios públicos antes de implementar el nuevo programa, alega la demanda.
Uniéndose a Texas en la demanda estaban Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Idaho, Iowa, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, West Virginia y Wyoming.
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