El 25 de abril, un juez federal impidió que la administración del presidente Joe Biden pusiera fin a una orden de emergencia que ha estado ayudando a los funcionarios a controlar la frontera entre Estados Unidos y México, según varios fiscales generales.
Se ha informado que el juez de distrito de EE.UU. Robert Summerhays, designado por Trump, tomó la decisión durante una conferencia de estado cerrada.
“Missouri y otros estados acaban de obtener una orden de restricción temporal que impide que la Administración Biden rescinda el Título 42. ¡Gran victoria!”, escribió en Twitter el fiscal general de Missouri, Eric Schmitt, un republicano.
“Estoy muy orgulloso de los abogados de nuestra oficina que acaban de obtener una Orden de restricción temporal para mantener el Título 42 en vigor. Continuaremos luchando contra las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden”, agregó el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, otro republicano.
Arizona, Luisiana y Misuri presentaron el 4 de abril una queja contra el gobierno por la finalización anunciada del Título 42, una orden de emergencia que permite a los agentes de inmigración expulsar rápidamente a los inmigrantes ilegales para evitar la propagación de COVID-19.
La orden ha estado vigente desde principios de 2020, pero los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), con el apoyo del Departamento de Seguridad Nacional y la Casa Blanca, anunciaron a principios de abril que rescindirían la orden en mayo.
Posteriormente, diecisiete estados se unieron a la demanda, mientras que Texas presentó una denuncia por separado.
En una moción para una orden de restricción temporal, los fiscales generales señalaron cómo los funcionarios del gobierno de EE.UU. y el sindicato de la Patrulla Fronteriza dicen que la administración ya está reduciendo su uso del Título 42 y le dijeron al tribunal que aplicar la orden obligaría a la administración a mantener los poderes en su lugar mientras se decide el caso.
“El monopolio de los Demandados Federales sobre la información, relacionada con las acciones que están tomando, frustra… la capacidad de los estados para buscar reparación contra los daños irreparables en los que, de otro modo, incurrirán y la autoridad de este tribunal puede conceder alivio si concluye que la orden de terminación es ilegal”, dijeron los demandantes.
«Una vez que la orden entre en vigor -incluso parcialmente- pocos o ninguno de los daños resultantes podrán ser remediados por este Tribunal. Esto es particularmente cierto, ya que no se puede exigir una indemnización por daños y perjuicios y es dudoso que este Tribunal pueda rescindir efectivamente las concesiones ilegales de asilo o libertad condicional en Estados Unidos. De hecho, la naturaleza irrevocable de los daños que causará la terminación del Título 42 es precisamente la razón por la que los llamamientos bipartidistas para el abandono o el retraso de la Orden han sido tan rotundos».
El Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios al respecto.
Congresistas de ambos partidos han respaldado la legislación que obligaría al gobierno a mantener el Título 42 en vigor hasta que Biden rescinda el estado de emergencia nacional de COVID-19, incluido un caucus bipartidista importante y los senadores Mark Kelly (D-Ariz.) y James Lankford (R-Okla.).
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, se negó a decir durante una sesión informativa en Washington si Biden firmaría el proyecto de ley de llegar a su escritorio.
“Hay muchos pasos entre el presente y ese momento, así que en este punto eso es muy prematuro”, dijo.
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