La Corte Suprema dictaminó el viernes que la impugnación de la prohibición del aborto en Texas puede seguir adelante, aunque los jueces dijeron que la ley puede seguir en vigor por ahora.
Texas impuso en septiembre una de las prohibiciones más estrictas del país, que prohíbe los abortos en muchos casos después de que se detecte el latido del corazón de un bebé no nacido.
Las clínicas abortistas del estado demandaron la ley, argumentando que viola la Constitución de Estados Unidos.
La impugnación sobrevivirá a un intento de desestimación, dijo el juez Neil Gorsuch, nominado por Trump, en un dictamen mayoritario (pdf) el viernes, aproximadamente un mes después de que el tribunal escuchara los argumentos de ambas partes.
Sin embargo, Gorsuch también dijo que el caso solo procedería contra ciertos acusados.
La secretaria del tribunal estatal, Penny Clarkston, y el juez estatal Austin Jackson deben ser desestimados porque la vía legal que están utilizando las clínicas no suele incluir a los jueces ni a los secretarios, según la decisión.
El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, también debería ser descartado porque no tiene capacidad para hacer cumplir la ley, el proyecto de ley 8 del Senado de Texas.
La ley contiene la inusual disposición de que los funcionarios estatales no pueden hacerla cumplir, dejando en cambio a los ciudadanos privados la posibilidad de demandar a las personas acusadas de violarla.
Mark Lee Dickson, el único particular nombrado como demandado, también debería ser desestimado porque no ha presentado una demanda, dijo Gorsuch.
Las clínicas pueden intentar su caso contra los otros acusados: Stephen Carlton, director ejecutivo de la Junta Médica de Texas; Katherine Thomas, directora ejecutiva de la Junta de Enfermería de Texas; Allison Benz, directora ejecutiva de la Junta de Farmacia de Texas; y Cecile Young, comisionada ejecutiva de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas.
El tribunal se dividió en algunas cuestiones.
El juez Clarence Thomas, nominado por George H. W. Bush, dijo en un disenso parcial que no permitiría que la demanda continuara contra ninguno de los demandados del gobierno, afirmando que «no existe un derecho constitucional independiente a una revisión previa a la ejecución en un tribunal federal». El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, nominado por George W. Bush, al que se unieron los tres jueces nominados por los demócratas, dijo en un disenso parcial que Paxton debería mantenerse como demandado, al igual que la secretaria y el juez. La jueza Sonia Sotomayor —nominada por Obama y a la que se unieron los jueces Stephen Breyer, nominado por Clinton, y Elena Kagan, nominada por Obama— dijo en un disenso parcial que excluir la acción contra la secretaria, el juez y Paxton era una traición a los texanos y a «nuestro sistema constitucional de gobierno».
La Corte Suprema se negó previamente a bloquear la ley.
El caso volverá ahora a un tribunal de distrito que ordenó el bloqueo temporal de la ley, pero posteriormente fue anulado por el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de EE. UU., que ha dicho que la ley puede seguir en vigor mientras se resuelven las impugnaciones contra ella.
El mismo camino podría seguirse, con un eventual retorno al máximo tribunal del país.
La nueva orden se produjo después de que un juez estatal, David Peeples, dictaminara el jueves que la ley violaba la Constitución de Texas.
Peeples señaló el carácter «sin precedentes» de la disposición de aplicación de la ley, pero dijo que consideraba que delegaba inconstitucionalmente el poder de aplicación a personas particulares.
El fallo no bloquea la ley e iba a ser apelado por el grupo provida Texas Right to Life.
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