El gobierno de Joe Biden retiró discretamente una norma propuesta por el gobierno de Donald Trump para salvaguardar la libertad académica de Estados Unidos ante la amenaza de los Institutos Confucio financiados por Beijing.
La norma fue presentada por el gobierno de Trump al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 31 de diciembre del año pasado y recibe el nombre de «Establecimiento del requisito de que las escuelas certificadas por el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio divulguen los acuerdos con los Institutos y las Aulas Confucio».
Los colegios y las escuelas K-12, que están certificados para acoger programas de intercambio extranjeros, tendrán que revelar sus vínculos financieros con el Instituto Confucio y su afiliación al Aula Confucio, dice la norma.
El mes pasado, un funcionario anónimo del DHS dijo a Axios que esta regla también se aplicaría a «cualquier otro instituto cultural o grupo de estudiantes, como las Asociaciones de Estudiantes y Becarios Chinos, que estén financiados directa o indirectamente por China».
La norma se retiró el 26 de enero, según la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios de Estados Unidos (OIRA), que es una división de la oficina de presupuesto de la Casa Blanca.
Un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el organismo policial dependiente del DHS, confirmó el 9 de febrero en una respuesta por correo electrónico, que esta se retiró el 26 de enero, pero se negó a comentar los motivos de la cancelación.
«El ICE no especula sobre futuras normas o políticas propuestas antes de la decisión», declaró el portavoz.
Bajo el gobierno de Donald Trump, los programas de lengua y cultura del Instituto Confucio fueron objeto de escrutinio por parte de funcionarios estadounidenses dada la preocupación de que difundan propaganda china, restrinjan la libertad académica y faciliten el espionaje en las aulas estadounidenses. En agosto del año pasado, el Departamento de Estado designó como misión extranjera a un centro con sede en Washington que promueve los Institutos Confucio en Estados Unidos.
En 2004, la Universidad de Maryland se convirtió en la sede del primer Instituto Confucio (IC) de Estados Unidos. Desde entonces se crearon más de 100 IC en escuelas estadounidenses.
La National Association of Scholars (NAS), un grupo de defensa de la educación, informó que para el 19 de enero, 55 IC de Estados Unidos cerraron o están en proceso de cierre y en la actualidad se mantienen abiertos 63 IC, incluyendo dos que están programados para cerrar a finales de este año.
El rechazo a la presencia del Instituto Confucio se produjo en todo el mundo, sobre todo en países como Australia, Canadá y el Reino Unido. En 2013, la Universidad McMaster de Canadá se convirtió en la primera universidad de Norteamérica en cerrar su IC.
La decisión del gobierno de Biden fue muy criticada por varios legisladores republicanos, entre ellos el senador Marco Rubio (R-Fla.) y la representante María Elvira Salazar (R-Fla.).
El representante Michael McCaul (R-Texas), principal republicano de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, criticó al gobierno de Biden por no haber consultado al Congreso sobre la decisión.
«Al retirarse discretamente de la norma propuesta sin consultar al Congreso, el gobierno de Biden está enviando una señal preocupante sobre su vigilancia a la influencia del PCCh [Partido Comunista Chino] en el mundo académico, y diciendo a las instituciones académicas que no necesitan ser transparentes sobre sus vínculos con el régimen de China», dijo McCaul en una declaración.
«Insto encarecidamente a la Administración Biden a que cumpla sus promesas de dar prioridad al PCCh como nuestro principal reto de seguridad nacional, incluso en el sistema educativo estadounidense», añadió.
El congresista John Joyce ( R-Pa.) dijo a través de Twitter que las IC son «una amenaza creciente tanto para nuestra seguridad nacional como para el futuro de la investigación y la innovación estadounidenses», señalando un informe de 2020 sobre China elaborado por el Grupo de Trabajo sobre China, un grupo de congresistas republicanos preocupados por las amenazas de Beijing.
«En lugar de fomentar la propaganda, el gobierno de Biden debería estar junto al pueblo estadounidense contra el PCCh», afirmó.
La representante Elise Stefanik (R-N.Y.) dijo que la decisión de Biden era «miope y perjudicial», según un declaración de su oficina.
«Esta decisión ilógica ayuda a alimentar la propaganda del adversario número uno de Estados Unidos, pone en peligro la integridad de nuestro sistema educativo y pone en riesgo a los estudiantes de los campus estadounidenses», declaró.
A nivel estatal se está ejerciendo presión para cerrar los IC locales.
La semana pasada, la legisladora del estado de Utah, Candice Pierucci, presentó la resolución (H.J.R.8) para proteger las instituciones de educación superior de su estado de la influencia del PCCh.
La resolución pide a los colegios y universidades de Utah que revelen sus contratos con los IC y cierren sus IC. Según la NAS, la Universidad de Utah y la Universidad del Sur de Utah, ambas tienen un Instituto Confucio en su campus.
En julio del año pasado, el representante del estado de Alabama, Tommy Hanes, presentó un nuevo proyecto de ley que prohíbe los IC en las universidades públicas de Alabama.
Al menos un funcionario estadounidense pidió públicamente que los estudiantes estadounidenses aprendan la lengua y la historia chinas en Taiwán en lugar de en los IC.
«Aprender mandarín con profesores taiwaneses significa aprender mandarín en un entorno libre de censura o coerción», declaró William Brent Christensen, director de la oficina de Taipei del Instituto Estadounidense en Taiwán, en una entrevista con el medio japonés Nikkei Asia, a principios de este mes. El Instituto es la embajada de facto de Estados Unidos en Taiwán.
Además de retirar la propuesta de norma sobre el Instituto Confucio, el gobierno de Biden desmanteló otras políticas del gobierno de Trump relacionadas con China, al reincorporarse al Acuerdo Climático de París, reincorporarse al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Organización Mundial de la Salud.
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