Una citación del gran jurado, una de las docenas entregadas en las últimas semanas, indica que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) está llevando a cabo una investigación criminal sobre las actividades que cuestionan la integridad de las elecciones presidenciales de 2020, incluyendo los nombramientos de listas de electores alternativos y la disputa de la veracidad de los resultados de las elecciones.
La citación, con fecha del 6 de septiembre y obtenida por primera vez por Red State, ordena a los destinatarios que declaren ante un gran jurado federal en Washington. También deben presentar todas las comunicaciones relacionadas con las impugnaciones posteriores a las elecciones, incluidas las teorías de fraude electoral, si el entonces vicepresidente Mike Pence tenía autoridad para cambiar el resultado de las elecciones y «cualquier estrategia u opción para asegurar la certificación de Donald J. Trump como vencedor de las elecciones presidenciales de 2020».
La emisión generalizada de citaciones sugiere que el DOJ está intensificando las investigaciones centradas en el expresidente y sus aliados a solo dos meses de las elecciones de mitad de período.
El DOJ, según la citación, está interesado en documentos y comunicaciones que van desde los principales asesores de Trump hasta los electores estatales, funcionarios locales y docenas más de individuos en siete estados disputados donde Trump y sus partidarios han puesto en duda el resultado de las elecciones. Una de las líneas de investigación está relacionada con el Save America PAC, el principal canal de recaudación de fondos políticos utilizado por Trump y creado poco después de las elecciones, que no devolvió una solicitud de comentarios de The Epoch Times.
Otro foco de atención del DOJ parece ser la cuestión de los llamados electores suplentes. Tras las elecciones de 2020, los electores republicanos de los estados de Pensilvania, Georgia, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada y Nuevo México emitieron votos desafiantes por Trump, mientras que los electores certificados de los mismos estados votaron por Joe Biden. Los implicados en las gestiones han declarado públicamente que lo hicieron por las disputas en torno a la elección.
Efecto intimidatorio
Junto con la investigación en curso sobre el supuesto mal manejo de documentos clasificados en la residencia de Trump en Mar-a-Lago y la investigación de un comité de la Cámara de Representantes sobre la brecha en el Capitolio del 6 de enero de 2021, la investigación del DOJ sobre los esfuerzos para disputar los resultados de las elecciones de 2020 parece estar teniendo un efecto intimidatorio en los aliados y partidarios de Trump.
Pocas personas que fueron nombradas como parte de la solicitud de documentos de la citación estaban dispuestas a comentar sobre el tema cuando fueron contactadas por The Epoch Times. La mayoría de los que comentaron no habían recibido la citación, aunque algunos indicaron que se habían enterado.
«No tengo ningún comentario ni opinión», dijo a The Epoch Times Ash Khare, miembro del Comité Republicano del condado de Warren, en Pensilvania, que firmó un formulario para certificar los resultados del estado en 2020 para Trump, cuando se le preguntó por la inclusión de su nombre en la citación.
Uno de los abogados más prominentes nombrados es Sidney Powell, que sirvió brevemente como abogada de Trump después de las elecciones de 2020 y más tarde presentó demandas de forma independiente alegando fraude electoral.
Powell dijo a The Epoch Times que no estaba al tanto de una citación que la nombrara y señaló que una citación de Georgia para ella fue retirada recientemente. Además de la investigación federal, un gran jurado de Georgia también está investigando los presuntos esfuerzos de Trump y sus aliados para disputar los resultados de las elecciones en ese estado.
La abogada conservadora Cleta Mitchell, que ayudó a los esfuerzos de impugnación de Trump después de las elecciones, también figura en la solicitud de registros de la citación. La abogada dijo que no ha recibido la citación.
«Me he dado cuenta de que soy un ‘término de búsqueda’. Pero eso es todo lo que sé», dijo Mitchell, presidenta de Public Interest Legal Foundation, con sede en Indiana, a The Epoch Times. Añadió que ha proporcionado al Comité del 6 de enero «todos los documentos sensibles, no privilegiados», y «si el DOJ entrega a mi abogado una citación de documentos, responderíamos a ella de la misma manera que con el Comité del 6 de enero: Proporcionaremos todos los documentos sensibles y no privilegiados».
«Operación de tanteo del terreno»
El abogado Timothy Parlatore, cuyo cliente, el excomisario de policía de Nueva York Bernard Kerik, fue nombrado en la citación, dijo que no está preocupado por el DOJ.
«Me parece una completa operación de tanteo del terreno», dijo Parlatore a The Epoch Times. «Normalmente, el DOJ es mucho más selectivo con sus citaciones».
«Definitivamente, se parece mucho más a disparar sin apuntar esperando a dar en el blanco, dijo. «Pide todo lo que hay bajo el sol, y tal vez tengas suerte de que realmente puedas tener algo con uno o dos de estos puntos».
Teniendo en cuenta el momento, dijo, las citaciones son probablemente un esfuerzo para influir en las elecciones de mitad de período en las que los republicanos están buscando un reinicio en la dinámica del poder.
Lauren Bowman Bis, portavoz de la Public Interest Legal Foundation, señaló que la citación «incluye documentos que constituyen cualquier prueba de que hubo fraude de cualquier tipo en las elecciones de 2020».
«Esto es una extralimitación flagrante y tendrá el efecto amedrentador de impedir que la gente denuncie los delitos electorales», dijo a The Epoch Times. «Esta citación es una prueba de lo que ya sabíamos, el DOJ está lleno de burócratas partidistas».
«Toda la campaña de Trump» está en el punto de mira
Bruce Marks, un exsenador estatal republicano de Pensilvania y abogado que representó a la campaña de Trump en 2016, describió la citación como «indignante».
«Parece que están investigando toda la campaña de Trump», dijo Marks, también nombrado en la citación, a The Epoch Times.
«Es un ataque de represalia, por motivos políticos», dijo. «Lo que están haciendo es citar a personas que no tienen los recursos para luchar contra estas citaciones, y lo están usando como una forma solapada de obtener las comunicaciones de la campaña, y está mal».
Marks afirmó que la campaña de Trump estaba siguiendo el libro de jugadas que tuvo lugar en las elecciones presidenciales de 1960, cuando el gobernador de Hawái certificó a los electores para el republicano Richard Nixon mientras que los electores demócratas emitieron votos para el demócrata John F. Kennedy, el ganador final tras un recuento posterior que determinó que Kennedy había asegurado más votos en el estado.
«No se ocultó nada. Se envió a los Archivos Nacionales. Se envió al Congreso. Todo se hizo de forma transparente», dijo.
Marks, que lideró la impugnación de la integridad de las elecciones de 2020 en su estado natal, insistió en que «no hay base alguna para pensar que estuve involucrado en algo que fuera incorrecto».
«Soy una de las pocas personas que realmente ha probado el fraude electoral en Estados Unidos, y más aún en mi propio caso», dijo.
En 1993, Marks, que entonces tenía 36 años, parecía haber perdido inicialmente unas elecciones al Senado por Pensilvania, pero salió vencedor después de que un juez federal determinara que su oponente, William G. Stinson, había cometido fraude electoral mediante «numerosos votos por correo obtenidos ilegalmente».
Considera que las citaciones constituyen una violación del privilegio abogado-cliente y de los derechos de la Primera Enmienda, que protegen la libertad de asociarse con fines políticos. La divulgación de esas comunicaciones también hará públicas las estrategias de campaña de los republicanos, lo que a su vez ayudará a los demócratas en las elecciones, alegó.
Una serie de incautaciones de teléfonos de los abogados de Trump y del representante Scott Perry (R-Pa.) por parte del FBI también han sido inquietantes, dijo Marks.
Habiendo vivido en Moscú durante la Unión Soviética y luego fundado un bufete de abogados allí en 1998, dijo que había visto «el impacto de no tener un sistema político justo y libre».
«Y me asusta que esto esté ocurriendo ahora en Estados Unidos».
Funcionarios del Departamento de Justicia no respondieron antes de la publicación de este artículo a una solicitud de comentarios de The Epoch Times.
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