El Departamento de Justicia solicitó el viernes a una corte de apelaciones que bloquee parcialmente los deberes asignados por la corte al «perito especial”, el juez senior Raymond Dearie, sobre revisar los documentos que el FBI incautó en Mar-a-Lago.
Un día antes, la jueza de distrito, Aileen Cannon, le encargó a Dearie que revise de forma independiente los documentos incautados en agosto de la propiedad del expresidente Donald Trump en Florida.
Parte de los deberes de Dearie es determinar si algún material es privilegiado, el que debería quedar fuera del alcance de los investigadores federales. El fallo de la jueza de distrito también rechazó la oferta del Departamento de Justicia (DOJ) de reactivar su investigación criminal sobre los documentos clasificados.
El DOJ dijo que esta parte de la orden «afecta» los esfuerzos del gobierno para determinar cualquier «posible divulgación no autorizada» de materiales secretos o clasificados que representen un riesgo para la seguridad nacional.
En sus presentaciones judiciales ante la Corte de Apelaciones del 11º Circuito de Estados Unidos, el DOJ describió el fallo de la jueza como una «orden sin precedentes» y argumentó que «se equivocó fundamentalmente al nombrar a un perito especial y otorgar medidas cautelares».
El Departamento de Justicia solicitó a la corte de apelaciones que suspenda o ponga en alto «solo las partes de la orden que causan el daño más grave e inmediato al gobierno y al público».
Según los documentos judiciales, esas porciones de la orden de la jueza incluyen las partes que «restringen la revisión y el uso por parte del gobierno de los registros que llevan marcas de clasificación», y también las partes que «requieren que el gobierno divulgue esos registros para un proceso de revisión del perito especial».
Registros clasificados
Trump sostiene que no se equivocó en la forma en que manejó los materiales clasificados. Él ha declarado en repetidas ocasiones que, como presidente, tenía una orden permanente de desclasificación de los materiales que salieran de la Oficina Oval y fueran llevados a Mar-a-Lago.
El Departamento de Justicia (DOJ) dijo el viernes a la corte de apelaciones que Trump «no tiene derecho a reclamar» la devolución de registros con marcas de clasificación y quiere que se excluyan del alcance del proceso de revisión de Dearie como perito especial.
Tales registros, según el DOJ, no podrían estar sujetos a «ninguna posible reclamación de privilegio personal entre abogado y cliente». Además argumentó que «pertenecen al gobierno y fueron incautados en una búsqueda autorizada por la corte».
El DOJ argumentó anteriormente que Trump no puede evitar que la rama ejecutiva actual del gobierno acceda a los registros presidenciales sobre los que él pueda reclamar privilegio ejecutivo.
Sin embargo, al nombrar a un perito especial, la corte de distrito rechazó los argumentos del Departamento de Justicia de que, debido a que Trump ya no es presidente, no puede reclamar el privilegio ejecutivo.
Pero el Departamento de Justicia argumentó en su última presentación que cualquier «posible afirmación de privilegio ejecutivo sobre estos registros sería especialmente insostenible».
Según el DOJ tal privilegio ejecutivo «sería superado por la ‘necesidad específica y demostrada’ del gobierno sobre ellos (…) porque son fundamentales para su investigación en curso».
Investigación criminal paralizada por fallo de la corte
Sin la suspensión, las investigaciones sobre si existe un riesgo para la seguridad nacional «por la posible divulgación no autorizada de los registros que llevan marcas de clasificación» se verían paralizadas, según el Departamento de Justicia.
“La orden de la corte paraliza esa investigación y coloca al FBI y [DOJ] bajo una amenaza de desacato de Damoclean si la corte luego no está de acuerdo con la forma en que los investigadores desagregaron sus actividades de seguridad nacional y de investigación criminal previamente integradas”, se lee en la presentación del DOJ.
«También daña irremediablemente al gobierno al imponer pasos críticos a una investigación criminal en curso y obligar innecesariamente a la divulgación de registros altamente confidenciales, incluso al abogado del demandante».
Trump y otros republicanos acusaron al FBI de atacarlo por razones políticas mientras considera postularse nuevamente para presidente en 2024.
Revisión de Dearie como “perito especial”
De otra parte el Departamento de Justicia no cree que su solicitud de suspensión se interponga en el camino de Dearie en la revisión como perito especial de los «otros materiales», como cualquier registro potencialmente sujeto al privilegio abogado-cliente.
El proceso de revisión de Dearie como perito especial incluirá la verificación de que los artículos identificados en el «Inventario detallado de propiedad» representen la «extensión total y precisa» de la propiedad incautada, lo que puede incluir la obtención de declaraciones juradas del personal del Departamento de Justicia, según los documentos judiciales.
Como perito especial, Dearie actualizará regularmente a la corte sobre su revisión de documentos para determinar su estado de privilegio, ya sea privilegio personal de abogado-cliente o ejecutivo.
Además, a Dearie se le asignó identificar documentos y artículos personales, así como registros presidenciales y recomendar a la corte cualquier disputa de categorización.
Suspender partes de la orden de la corte de distrito no «infringiría ningún interés en la confidencialidad» porque los «investigadores criminales del gobierno ya han revisado los registros que llevan la marca de clasificación», de acuerdo al Departamento de Justicia, el cual señala además que la comunidad de inteligencia podría continuar revisando los materiales incautados para «ciertos fines de seguridad nacional» bajo la orden de la corte de distrito.
El Departamento de Justicia solicitó a la corte de apelaciones que actuara «tan pronto como sea posible» sobre su solicitud.
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