Un grupo sin ánimo de lucro ha descubierto 48 nuevas comisarías de policía en el extranjero vinculadas al régimen comunista chino, incluidas dos instalaciones desconocidas hasta ahora en Los Ángeles y Nueva York.
Los nuevos descubrimientos elevan a 102 el número total de comisarías conocidas en el extranjero, repartidas por 53 países.
Estas instalaciones han sido utilizadas por el Partido Comunista Chino (PCCh) para llevar a cabo una campaña ilícita de represión transnacional, según Safeguard Defenders, una organización sin ánimo de lucro que publicó un informe el 5 de diciembre, en el que actualiza sus conclusiones de una investigación anterior publicada en octubre.
«Es indignante que el gobierno comunista chino esté ejerciendo la represión extraterritorial en suelo estadounidense», declaró la representante Nicole Malliotakis (R-N.Y.) a The Epoch Times en un correo electrónico.
«Debería ser una prioridad máxima del secretario Blinken y del fiscal general Garland cerrar estas estaciones para proteger a nuestros electores chino-estadounidenses y la soberanía de nuestra nación de la invasión extranjera».
Malliotakis fue uno de los legisladores del Partido Republicano que enviaron una carta en octubre exigiendo al secretario de Estado y al fiscal general una explicación sobre la existencia de estas instalaciones.
El informe Safeguard Defenders encontró que cuatro departamentos de policía distintos en China continental ayudaron a crear las instalaciones, que el régimen comenzó a establecer en 2016. Las de Nueva York y Los Ángeles se establecieron en 2018, y están supervisadas por la Oficina de Seguridad Pública de Wenzhou, ubicada en la provincia oriental china de Zhejiang.
Exportar la represión
Las instalaciones fueron supuestamente creadas para ayudar a los inmigrantes chinos en naciones extranjeras con tareas que normalmente serían manejadas por un consulado, como la renovación de licencias de conducir y visas.
Sin embargo, cada vez más, las estaciones han estado vinculadas al Departamento de Trabajo del Frente Unido (UFWD, por sus siglas en inglés) del PCCh, una agencia que trabaja para promover los intereses del régimen en el extranjero mediante la difusión de propaganda, la realización de operaciones de influencia en el extranjero, la represión de los movimientos disidentes, la recopilación de inteligencia y la facilitación de la transferencia de tecnología a la China comunista.
Más notablemente, Safeguard Defenders vinculó las emisoras a la «Operación caza del zorro» del PCCh, un esquema transnacional diseñado para repatriar por la fuerza a disidentes y otros objetivos del régimen de vuelta a China continental para enfrentarse a la persecución comunista.
El FBI advirtió en 2020 que la «Caza del zorro» era un plan de represión transnacional a gran escala destinado a repatriar por la fuerza a disidentes chinos mediante el acoso, las amenazas, la intimidación y la fuerza directa. En muchos de estos escenarios, el régimen intentaba jugar con la lealtad racial y cultural a China, a través de la cual armaba a la diáspora china contra sí misma, instando a los chinos que vivían en el extranjero a delatarse unos a otros.
En una comparecencia en noviembre, el director del FBI, Christopher Wray, dijo que las emisoras constituían una violación de la soberanía estadounidense y que estaban siendo investigadas.
«Tengo que ser cuidadoso a la hora de hablar de nuestro trabajo de investigación específico, pero para mí, es indignante pensar que la policía china intente establecerse —ya sabes, en Nueva York digamos— sin la coordinación adecuada», dijo Wray.
«Viola la soberanía y elude los procesos habituales de cooperación judicial y policial».
Wray no comentó directamente la legalidad de tales instalaciones, pero dijo que formaban parte de la campaña de represión trasnacional del régimen del PCCh. Estados Unidos y otras 13 naciones han iniciado investigaciones sobre las instalaciones, y el Departamento de Justicia ha presentado numerosos cargos contra quienes presuntamente trabajan como agentes no registrados del PCCh en Estados Unidos.
Una amplia campaña
En relación con lo anterior, el nuevo informe de Safeguard Defenders descubrió que un centro de París había participado directamente en al menos una campaña ilegal para obligar a una persona a regresar a China, y probablemente había colaborado en 80 más. Para dar una idea de la magnitud del esfuerzo, el informe señalaba que la Oficina de Seguridad Pública de Qintian, en la provincia de Zhejiang, afirmaba haber contratado a 135 chinos residentes en el extranjero para ayudar en su misión.
El grupo también afirma que la policía china «persuadió» a más de 230,000 «fugitivos» chinos para que regresaran a China continental «voluntariamente». En muchos casos, esto se hizo amenazando con castigar a los familiares de los acusados que aún viven en China.
Wray explicó que los agentes de inteligencia comunistas chinos, actuando tanto en persona como a través de apoderados contratados en Estados Unidos, se dedicaron sistemáticamente a «acosar, acechar, vigilar, chantajear a personas que simplemente no les gustan o que no están de acuerdo con el régimen de Xi».
«Hemos visto muchas situaciones… en las que el gobierno chino, con el pretexto de perseguir la corrupción, ha utilizado esencialmente eso como vehículo para vigilar. Hemos tenido situaciones en las que han colocado micrófonos dentro de los autos de los estadounidenses».
«Es un problema real y es algo sobre lo que también estamos hablando con nuestros socios extranjeros, porque no somos el único país donde ha ocurrido».
En una rueda de prensa celebrada el 6 de diciembre, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, afirmó igualmente que el gobierno de Biden estaba al tanto de las estaciones y trabajaba para hacer frente a las implicaciones que planteaban las instalaciones tanto en Estados Unidos como en el extranjero.
«Bueno, estamos al tanto de estos reportes», dijo Price.
«Como no se trata solo de un fenómeno en Estados Unidos, es algo de lo que hemos tomado nota en todo el mundo, seguimos preocupados por la represión transnacional de la RPC. Nos tomamos este asunto muy en serio», añadió, utilizando el acrónimo del nombre oficial del régimen, República Popular China.
Asimismo, Price dijo que no era de extrañar que el PCCh utilizara estas instalaciones como medio para extender su poder sobre la diáspora china, y que tales maniobras estaban en consonancia con otras actividades ilícitas cometidas por el régimen en todo el mundo.
«El informe describe parte de los esfuerzos de represión transnacional de la RPC, en los que los funcionarios de la RPC se extienden fuera de sus fronteras para acosar, vigilar y amenazar a personas de todo el mundo, incluido Estados Unidos, con el fin de silenciar a quienes critican a su gobierno», afirmó Price.
«Es importante señalar que, aunque se refiera a estas denominadas comisarías no oficiales, las cuestiones subyacentes que estos informes han sacado a la luz no son en absoluto nuevas».
El Departamento de Justicia no devolvió la solicitud de comentarios.
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