El director general de Salud Pública de EE.UU., el cirujano general Vivek Murthy, dijo el domingo que la administración no descarta ampliar la orden de vacunación contra COVID-19 para las empresas privadas a los empleadores con menos de 100 trabajadores.
El jueves pasado, el Departamento de Trabajo publicó su norma temporal de emergencia que estipula que las empresas con 100 o más trabajadores deben obligar a vacunarse o a someterse a pruebas semanales de COVID-19, así como a llevar mascarilla a quienes no se vacunen. Las multas podrían alcanzar decenas de miles de dólares por infracción.
Cuando se le preguntó durante una entrevista en ABC News el domingo sobre si esa política, que está previsto que entre en vigor el 4 de enero, se extendería a las empresas más pequeñas, Murthy declaró que «ciertamente nada está fuera de la mesa». Sin embargo, dijo que el «enfoque en este momento es implementar la regla actual».
Apenas unas horas después de que la administración publicara su norma, comenzaron a acumularse las demandas. Más de dos docenas de estados han demandado o se han unido a demandas contra la orden de la Casa Blanca, mientras que una serie de empresas privadas, individuos y organizaciones también han emprendido acciones legales.
Los estados han argumentado que la orden va en contra de la Constitución y que la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), la agencia que debe hacer cumplir la norma, carece de autoridad para hacerlo.
El sábado, un tribunal de apelación estadounidense bloqueó temporalmente la orden de vacunación, aunque funcionarios de la Casa Blanca dijeron durante el fin de semana que la defenderían en los tribunales.
«Debido a que las peticiones dan pie a creer que existen graves problemas legales y constitucionales con la orden, la orden queda SUSPENDIDA a la espera de una nueva acción por parte de este tribunal», escribió un panel del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Quinto Circuito en un breve fallo.
Pero el jefe de personal de la Casa Blanca, Ron Klain, un confidente clave del presidente Joe Biden, dijo el domingo en «Meet the Press» que cree que la administración prevalecerá en la aplicación de la orden de las empresas privadas, que podría afectar a decenas de millones de empleados del sector privado.
«Estoy seguro de que cuando esto se adjudique por completo, y no sea solo una orden temporal, se mantendrá la validez de este requisito. Es de sentido común, Chuck, si la OSHA puede decir a la gente que lleve un casco en el trabajo, que tenga cuidado con los productos químicos, puede poner en marcha estas sencillas medidas para mantener la seguridad de nuestros trabajadores», dijo Klain en la entrevista del domingo.
Asimismo, el 4 de noviembre, el gobierno de Biden amplió el plazo para que los contratistas federales y la mayoría de los centros de atención sanitaria obliguen a aplicar las vacunas COVID-19 hasta el 4 de enero. Los contratistas federales y los trabajadores sanitarios empleados en centros de trabajo financiados por Medicare o Medicaid no tienen la opción de someterse a las pruebas semanales, pero pueden solicitar exenciones religiosas o médicas.
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