El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que el gobierno entrante está reteniendo las deportaciones de algunos inmigrantes ilegales por un plazo de 100 días.
Durante 100 días, a partir del 22 de enero, el DHS «pausará las expulsiones de ciertos no ciudadanos a los que se les ha ordenado la deportación, para asegurar que tenemos un sistema de control de inmigración justo y eficaz centrado en la protección de la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública», dice una declaración del 20 de enero.
«La pausa permitirá al DHS asegurar que sus recursos se dediquen a responder a los desafíos más apremiantes a los que se enfrenta Estados Unidos, incluyendo los desafíos operativos inmediatos en la frontera suroeste, en medio de la crisis de salud pública mundial más grave en un siglo», añade el comunicado. «A lo largo de este período provisional, el DHS continuará aplicando nuestras leyes de inmigración».
El secretario interino del DHS, David Pekoske, en un memorando (pdf) ordenó a las agencias dependientes del DHS que «revisen las políticas de control de inmigración y establezcan políticas provisionales para el cumplimiento civil». Una de las políticas provisionales es la pausa de 100 días en las expulsiones de ciertos inmigrantes ilegales, que debe aplicarse a más tardar el 22 de enero.
Pekoske presentó excepciones a la norma, la que incluyen los casos de individuos que fueron encontrados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como sospechosos de terrorismo o espionaje, o que representan un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, o para quienes el director interino del ICE determina que la expulsión es necesaria.
Otras excepciones incluyen a las personas que no estaban físicamente en Estados Unidos antes del 1 de noviembre de 2020, y a las que han «aceptado voluntariamente renunciar a cualquier derecho a permanecer en Estados Unidos».
La directiva se aplica al ICE, al Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) y al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
El memorando de Pekoske se libera después de que el presidente Joe Biden emitiera una «Orden Ejecutiva sobre la Revisión de las Políticas de Control de la Inmigración Civil y Prioridades», que busca revertir aspectos de la aplicación de la ley de inmigración de Trump, incluyendo la revocación de la Orden Ejecutiva 13768 de Trump firmada en 2017, que retuvo la financiación federal de las llamadas «ciudades santuario» que no cooperan con las autoridades federales de inmigración.
Biden había prometido la moratoria de las deportaciones en la campaña electoral. Seis de sus 17 órdenes ejecutivas emitidas el 20 de enero tienen que ver con la inmigración.
La «revisión en todo el departamento» de las políticas y prácticas de control de inmigración que dirigió Pekoske incluye múltiples aspectos.
«De acuerdo con la revisión, cada componente desarrollará recomendaciones para abordar los aspectos de las políticas de control de inmigración, incluyendo las políticas para priorizar el uso de personal, el espacio de detención y la remoción de activos; las políticas que gobiernan el ejercicio de la discreción de los fiscales; las políticas que gobiernan la detención; y las políticas relacionadas con la interacción con la aplicación de la ley estatal y local», dice el memorando que emitió.
«Estas recomendaciones garantizarán que el Departamento cumpla con sus obligaciones de hacer cumplir la ley y servir a la misión del Departamento en consonancia con nuestros valores. El jefe de Despacho presentará recomendaciones para la publicación de políticas revisadas en cualquier momento de esta revisión y a más tardar en 100 días a partir de la fecha de este memorando», añade.
La directiva señala que, mientras tanto, las prioridades del DHS se centrarán en las personas que supongan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, la seguridad fronteriza y la seguridad pública.
Con información de Reuters.
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