El Partido Comunista Chino (PCCh) se atreve ahora a llevar a cabo su programa represivo en suelo estadounidense, declaró el presidente del Comité Selecto sobre China de la Cámara, el representante Mike Gallagher (R-Wis.), tras las recientes acusaciones contra dos presuntos agentes chinos.
Los dos individuos —un ciudadano estadounidense de 70 años y un residente permanente de 43— intentaron sobornar a un agente encubierto del FBI que se hacía pasar por agente del IRS, en un complot para revocar la condición de entidad sin ánimo de lucro a una entidad dirigida por practicantes de Falun Gong, según el Departamento de Justicia (DOJ). Ellos fueron detenidos en sus residencias de California el 26 de mayo y ahora se enfrentan a cargos de conspiración, soborno y blanqueo de dinero.
Los sospechosos, ambos nacidos en China, iniciaron su plan de sobornos en enero, bajo la dirección de funcionarios chinos, añadió el DOJ. Al menos uno de los funcionarios podría estar directamente implicado en la actual persecución china de los practicantes de Falun Gong en China, basándose en la conversación de una llamada telefónica interceptada entre ambos individuos, según un documento judicial.
«Estas denuncias desclasificadas contra dos presuntos agentes del Partido Comunista Chino son solo otro ejemplo de cómo el PCCh trata de socavar nuestra soberanía y silenciar toda disidencia, incluso aquí, en suelo estadounidense», dijo Gallagher en una declaración a The Epoch Times.
«El FBI llama a esto ‘represión transnacional’, pero debemos tener claro que se trata de un adversario extranjero que se atreve lo suficiente para cometer crímenes contra quienes considera una amenaza en Estados Unidos».
La representante Ashley Hinson (R-Iowa), miembro del comité, dijo que las autoridades estadounidenses apenas están «arañando la superficie» con el caso de soborno, en términos de desenterrar las operaciones de influencia de China en Estados Unidos, en una entrevista con Capitol Report de NTD, el 31 de mayo.
«Desgraciadamente, creo que este es solo uno de los muchos casos que vamos a ver de ellos intentando ejercer una influencia de opresión», declaró Hinson.
Otro miembro del comité, el representante John Moolenaar (R-Mich.), indicó que el caso de soborno ilustra que China tiene en el punto de mira a Estados Unidos con algo más que globos espía.
«Están utilizando activamente agentes en nuestro país para atacar la libertad de expresión e interferir en el gobierno estadounidense», afirmó Moolenaar en declaraciones a The Epoch Times. «No debemos hacer caso omiso de la agresión del PCCh y debemos hacer más para detener sus campañas represivas dentro de nuestras fronteras. Los Estados y las empresas deben reconocer el error histórico que cometerían asociándose con el PCCh o con cualquier empresa afiliada a él.»
Gallagher dijo que Estados Unidos no debería convertirse en el «terreno de caza» de China para los disidentes.
«El Congreso y todos los niveles de fuerza pública deben ayudar a proteger a los grupos que son objetivo del PCCh y continuar cerrando estas operaciones de espionaje y represión transnacional en suelo estadounidense», declaró Gallagher. «Estados Unidos debe ser un refugio contra la persecución, no un terreno de caza para los autoritarios».
Sustracción forzada de órganos
El caso de soborno del DOJ también arroja luz sobre el creciente número de muertes de practicantes de Falun Gong en China.
Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una práctica espiritual que combina ejercicios de meditación y enseñanzas morales. Según las estimaciones, en 1999, siete años después de que se diera a conocer al público, había entre 70 y 100 millones de practicantes en China.
Al considerar la popularidad de la práctica una amenaza para su gobierno, el PCCh comenzó a perseguir al grupo en julio de 1999. Ahora, más de 20 años después, la campaña de persecución de China —calificada de genocidio por algunos expertos— no se ha detenido, ya que muchos practicantes siguen siendo detenidos arbitrariamente, encarcelados, torturados bajo custodia policial y perseguidos hasta la muerte.
Al menos 172 practicantes murieron como consecuencia de la persecución en 2022, según Minghui.org, un sitio web con sede en Estados Unidos que realiza un seguimiento de la persecución de Falun Gong en China.
Muchos practicantes murieron víctimas de la práctica estatal china de sustracción forzada de órganos. Sus órganos se han utilizado para abastecer a la lucrativa industria china de trasplantes de órganos, ya que los hospitales chinos suelen ofrecer breves tiempos de espera para encontrar un órgano compatible.
«Es aterrador», dijo Hinson sobre las prácticas de sustracción forzada de órganos del régimen chino. «Estas personas están desapareciendo por practicar algo en lo que creen».
«Aquí, en Estados Unidos, alabamos a la gente por decir lo que piensa, por practicar su derecho de la Primera Enmienda, ya sea la libertad de expresión o la libertad religiosa, y en China te castigan, quieren que tus vecinos te delaten», agregó la representante.
«No solo lo hacen con los seguidores de Falun Gong, ellos también lo hacen con los musulmanes uigures. La gente está simplemente desapareciendo. Si ellos tienen la edad adecuada y están en las condiciones adecuadas, desaparecerán para proporcionar esos órganos a otras personas ricas en China».
La representante dijo que el caso de soborno del IRS es un recordatorio para que la gente en Estados Unidos hable.
“Creo que tenemos que estar ahí afuera contando esa historia sobre lo horrible y aterrador que es esto. Este es el Partido Comunista Chino en acción. Este es su sistema de valores”.
En marzo, Hinson fue una de las legisladoras de la Cámara que votó a favor de H.R. 1154, que también se conoce como la Ley para Detener la Sustracción Forzada de Órganos de 2023. La legislación, aprobada en la Cámara con una votación de 413 a 2, sancionaría a cualquier persona involucrada en la ley y requiere que se emitan informes gubernamentales anuales sobre tales actividades que se lleven a cabo en países extranjeros.
La legislación incluye sanciones para quienes se encuentren involucrados en el acto —una sanción civil de hasta USD 250,000 y una sanción penal de hasta USD 1 millón y 20 años de prisión.
En el Senado se presentó una versión complementaria de la legislación (S.761).
En Texas, el 29 de mayo se envió para la firma del gobernador Greg Abbot, un proyecto de ley para combatir la sustracción forzada de órganos en China. La legislación estatal, SB 1040, tiene como objetivo prohibir que los proveedores de seguros de salud patrocinen trasplantes de órganos de China o cualquier otro país que se sepa que ha estado involucrado en la sustracción forzada de órganos.
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