El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) pidió el 11 de agosto a un tribunal federal que haga públicos los materiales sobre la orden de registro que los agentes del FBI obtuvieron y ejecutaron en la residencia del expresidente Donald Trump en Florida esta semana.
Los abogados del Gobierno pidieron al juez federal Bruce Reinhart que desclasifique la propia orden y los materiales de apoyo, así como un recibo con una lista de los objetos sustraídos del complejo Mar-a-Lago.
«El departamento presentó la moción para hacer pública la orden y el recibo a la luz de la confirmación pública del expresidente de la búsqueda, las circunstancias circundantes y el interés público sustancial en este asunto», dijo el fiscal general Merrick Garland, nominado por Biden, en declaraciones preparadas presentadas en Washington el jueves.
Antes de la redada, el gobierno pidió al tribunal que protegiera los documentos. Pero hacerlos públicos ahora «no ‘perjudicaría las funciones del tribunal’, incluyendo la capacidad del gobierno para ejecutar la orden, dado que la orden ya ha sido ejecutada», dijeron los abogados del gobierno.
«Además, el día en que se ejecutó el registro, el expresidente Trump emitió una declaración pública que proporcionó la primera confirmación pública de que el registro se había producido. Posteriormente, los representantes del expresidente han hecho declaraciones adicionales a la prensa sobre el registro, incluyendo caracterizaciones públicas de los materiales buscados», añadieron.
Christina Bobb, una de las abogadas de Trump, dijo a The Epoch Times que los agentes buscaban registros clasificados y presidenciales.
Reinhart es un juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. Los jueces magistrados son elegidos por otros jueces. Reinhart firmó la orden judicial el 5 de agosto, según el expediente del tribunal.
El DOJ le dijo a Reinhart que el asunto en cuestión «claramente ‘concierne a funcionarios públicos o preocupaciones públicas'», ya que los agentes tomaron medidas en la propiedad de un expresidente, y que el «interés claro y poderoso del público en comprender lo que ocurrió bajo estas circunstancias pesa mucho a favor de la desclasificación”.
Aun así, los abogados dijeron que proporcionarían una copia de la moción a Trump, y que éste debería tener la oportunidad de responder y presentar objeciones, quizás por cuestiones de privacidad.
Reinhart ordenó al gobierno que entregara inmediatamente una copia de su moción a Trump y notificara al tribunal antes de las 3 de la tarde del 12 de agosto si Trump se oponía a la moción.
La moción del gobierno parece ser un intento de responder a la indignación de muchos republicanos por la redada, dijo John Malcolm, director del Centro Meese de Estudios Legales y Judiciales de la Fundación Heritage, a The Epoch Times.
«Creo que se trata de un intento del Departamento de Justicia —que puede haber subestimado la reacción a esta redada— de tratar de adelantarse un poco a ella diciendo: ‘Oh, mira, lo que hicimos aquí fue perfectamente correcto'», dijo Malcolm.
Después de la redada, la organización sin ánimo de lucro Judicial Watch y varias organizaciones de medios de comunicación pidieron a Reinhart que desclasificara el material, argumentando que el público y la prensa tienen derecho a los registros, especialmente a la luz de las circunstancias sin precedentes que rodearon la redada. El juez ordenó al gobierno que respondiera a las solicitudes.
Bobb, que no respondió a una solicitud de comentarios, ha dicho que el expresidente pediría al tribunal que desclasificara los materiales en los que se basa la orden, incluida la declaración jurada que explica por qué los funcionarios pensaban que la orden debía aprobarse. No ha respondido a la solicitud de comentarios sobre la moción del gobierno.
Con información de Roman Balmakov.
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