Los países deberían emprender acciones legales contra el régimen chino por su encubrimiento inicial del brote del virus del PCCh, que ha causado decenas de miles de muertes en todo el mundo y ha costado a la economía mundial billones de dólares, según un nuevo informe.
«La verdad es que China es responsable del COVID-19, y si se presentaran demandas legales contra Beijing podrían ascender a trillones de libras», dice un informe del grupo de expertos con sede en Reino Unido Henry Jackson Society.
De acuerdo con el informe, los daños ascenderían al menos a 4 billones de dólares, que es la cantidad que los países del G-7 —las siete principales economías del mundo— estiman gastar para estimular sus economías en respuesta a la pandemia que puso fin a la mayor parte de la actividad comercial.
Solo el gobierno de Estados Unidos ha puesto en marcha más de 2 billones de dólares en medidas de estímulo para apoyar a las industrias y a los individuos durante la crisis.
El informe concluyó que el régimen comunista chino violó el derecho internacional al no revelar información vital sobre el brote inicial en Wuhan en diciembre y enero.
En virtud del Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el régimen está obligado a comunicar información oportuna, exacta y detallada sobre la salud pública. Pero no lo hizo, dice el informe.
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El coautor del informe, Matthew Henderson, dijo a NTD, filial de Epoch Times, que las pruebas demostraban que el fracaso del régimen en revelar dicha información era un acto de «engaño deliberado».
El régimen informó a la OMS del brote el 31 de diciembre y no confirmó la transmisión del virus de persona a persona hasta el 20 de enero. Sin embargo, se descubrió que el régimen había silenciado y amonestado a quienes trataron de dar la alarma sobre el brote a finales de diciembre.
Más reportes también muestran que las autoridades sabían que el virus se estaba propagando entre los humanos mucho antes del 20 de enero. Un informe del South China Morning Post, citando documentos del gobierno, decía que había más de 200 casos a finales de diciembre.
Henderson señaló que el régimen también impidió la investigación del virus por parte de los laboratorios al principio. El 1 de enero, el funcionario de la Comisión Provincial de Salud de Hubei dijo a una empresa de genómica que dejara de analizar las muestras de virus y que destruyera todas las muestras existentes, informó la revista financiera china Caixin.
«Ya había un esfuerzo no solo para ocultar la verdad, sino para evitar que se descubriera más verdad», dijo Henderson.
Henry Jackson Society concluye que era posible que, si el régimen hubiera proporcionado información precisa sobre el brote en la primera coyuntura, «la infección no habría salido de China».
Se esbozan 10 líneas de acción jurídica que los países podrían adoptar para que el régimen rinda cuentas de la pandemia en virtud del derecho internacional y en los tribunales nacionales.
Ya se han iniciado varias querellas en los tribunales de Estados Unidos en los que se demanda al régimen por los daños económicos que la pandemia inflige a los estadounidenses.
Henderson dijo que el objetivo de cualquier acción legal contra el régimen no es simplemente culpar. Más bien, lo describió como «un ejercicio para establecer qué podemos hacer [para] a) divulgar la información necesaria, y b) prevenir que algo como esto vuelva a suceder».
«La violación del derecho internacional ha devastado la economía mundial, ha matado a miles de personas y ha cambiado la vida de millones», dice el informe. «Si el mundo no actúa en respuesta a esta violación del derecho internacional, cabe preguntarse cuándo lo hará».
La corresponsal de NTD Jane Werrel contribuyó a la elaboración de este artículo.
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