Inmigrantes ilegales condenados por agresión y por conducir ebrios no serán deportados: Casa Blanca

Por Zachary Stieber
08 de Febrero de 2021 9:52 PM Actualizado: 08 de Febrero de 2021 9:52 PM

Los inmigrantes ilegales que son condenados por agresión o por conducir en estado de ebriedad se encuentran entre quienes no serían deportados bajo las nuevas pautas de la administración Biden, confirmó el lunes la Casa Blanca.

“La prioridad para la aplicación de la ley de inmigración estará en aquellos que representan una amenaza para la seguridad nacional, por supuesto una amenaza para la seguridad pública, y en los recién llegados. Nadie está diciendo que los [conducir en estado de ebriedad] o la agresión sean comportamientos aceptables, y los arrestados por tal actividad deben ser juzgados y sentenciados según corresponda por la policía local. Pero estamos hablando de la priorización de quiénes serán deportados del país”, dijo a la prensa la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Psaki estaba respondiendo a una pregunta sobre informes que citaban correos electrónicos internos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una agencia federal de inmigración dentro del Departamento de Seguridad Nacional, que describe nuevas pautas que les dirán a los agentes que no deporten a extranjeros condenados por delitos como agresión, fraude, y delitos relacionados con las drogas.

ICE dijo a The Epoch Times por correo electrónico: “El memorando del 20 de enero del entonces secretario interino Pekoske deja en claro que una persona que representa una amenaza para la seguridad pública no es solo alguien que ha cometido un delito grave agravado. Cometer un delito agravado es la prueba más concluyente de una amenaza a la seguridad pública. ICE conserva su discreción ilimitada para evaluar cualquier conducta al definir una amenaza a la seguridad pública. El memorando del 20 de enero es claro en este punto”.

La administración de Biden envió un memorando el 20 de enero para detener la mayoría de las deportaciones durante 100 días. El entonces secretario interino de Seguridad Nacional, David Pekoske, dijo en el memorando a los miembros del personal que la pausa “permitiría enfocar los recursos del Departamento en donde más se necesitan”.

“Estados Unidos enfrenta importantes desafíos operativos en la frontera suroeste, ya que se enfrenta a la crisis de salud pública mundial más grave en un siglo”, escribió. “A la luz de esas circunstancias únicas, el Departamento debe aumentar los recursos a la frontera para garantizar un procesamiento seguro, legal y ordenado, para reconstruir procedimientos de asilo justos y efectivos que respeten los derechos humanos y el debido proceso, para adoptar pautas y protocolos de salud pública apropiados. y priorizar la respuesta a las amenazas a la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza”.

El departamento daría prioridad a los inmigrantes ilegales involucrados o sospechosos de terrorismo o espionaje, detenidos mientras intentaban ingresar ilegalmente a los Estados Unidos el 1 de noviembre de 2020 o después, y a los extranjeros condenados por un delito grave agravado.

La orden suspendió efectivamente el 85 por ciento de todas las deportaciones de extranjeros criminales, dijo Jessica Vaughan del Centro de Estudios de Inmigración a The Epoch Times.

Un juez federal de Texas bloqueó la orden y extendió la suspensión el 29 de enero por dos semanas. La próxima audiencia en el caso Estado de Texas v. Los Estados Unidos de América et. al está programado para el 19 de febrero.

La ley federal de inmigración permite a los Estados Unidos deportar a extranjeros ilegales condenados por delitos, incluido el delito de estar ilegalmente en el país.

Biden ha trabajado para promulgar una revisión del sistema de inmigración, firmando varias órdenes ejecutivas el 20 de enero y tres más el 2 de febrero.

Las nuevas órdenes buscan en parte relajar los criterios de asilo, revertir la regla de carga pública de la administración Trump, crear un grupo de trabajo para nuevos estadounidenses, desarrollar una estrategia para abordar la “migración irregular a través de la frontera sur”, y crear un grupo de trabajo para reunificar las familias restantes que fueron separadas durante la administración anterior.

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