Profesionales médicos y abogados están pidiendo a las sociedades mundiales de trasplantes que dejen de colaborar y prohíban los trabajos de investigación relacionados con trasplantes de China, alegando la atrocidad que supone para los derechos humanos la extracción forzada de órganos.
La petición se produce después de que la Sociedad Internacional de Trasplantes de Corazón y Pulmón (ISHLT), una asociación de trasplantes sin ánimo de lucro, impusiera por primera vez una restricción de este tipo. El grupo anunció a finales de agosto que dejaría de aceptar investigaciones sobre trasplantes de órganos procedentes de China, en una iniciativa que busca acabar con los abusos en materia de trasplantes que se producen bajo la supervisión del régimen comunista.
El equipo, dirigido por el cirujano británico de trasplantes de riñón, el Dr. Adnan Sharif, acogió con satisfacción la decisión en un artículo publicado en The Journal of Heart and Lung Transplantation el 22 de septiembre.
“La ISHLT se ha alineado firmemente con estos principios éticos, que aplaudimos, e imploramos a otros que sigan su liderazgo basado en principios”, escribieron los tres autores.
“Si bien el intercambio internacional de conocimientos, habilidades y experiencia ha sido un sello distintivo y valioso de la donación y el trasplante de órganos, la colaboración con un programa de trasplante se tiñó con evidencia creíble de prácticas de trasplante poco éticas que equivalen a crímenes de lesa humanidad en relación con las fuentes de donantes de órganos», escribieron.
La evidencia ha seguido aumentando desde que surgieron informes e investigaciones a principios de la década del 2000 que mostraban que el régimen chino estaba extrayendo por la fuerza órganos vitales de prisioneros de conciencia detenidos.
En 2019, un tribunal popular independiente concluyó que la sustracción forzada de órganos se ha llevado a cabo en China durante años “en una escala significativa”, siendo los practicantes de Falun Dafa encarcelados una fuente principal de órganos, ya que son perseguidos extensamente por el Partido Comunista Chino (PCCh).
Falun Gong, una disciplina espiritual que consiste en ejercicios de meditación y enseñanzas morales basadas en la verdad, la compasión y la tolerancia, ha sido brutalmente prohibida por el PCCh desde 1999. Los practicantes de la disciplina han sido arrojados a prisiones, campos de trabajos forzados y centros de lavado de cerebro, donde muchos han sido torturados en un esfuerzo por obligarlos a renunciar a su fe.
Tras un año de investigaciones, el tribunal independiente, también conocido como Tribunal de China, concluyó que el régimen chino ha cometido crímenes contra la humanidad, y declaró que los gobiernos y los organismos internacionales «deben cumplir con su deber» en relación con el hallazgo.
“Por lo tanto, el compromiso plantea graves riesgos para las instituciones de trasplante, los grupos y las sociedades de complicidad en crímenes atroces y el posterior procesamiento legal”, escribieron los tres defensores de la ética médica. El artículo está redactado por el Dr. Sheldon Stone, miembro del grupo de defensa del Congreso Mundial Uigur, y Susie Hughes, directora ejecutiva del grupo de defensa de la ética en materia de trasplantes, la Coalición Internacional para Acabar con los Abusos por Trasplantes en China (The International Coalition to End Transplant Abuse in China).
Los datos oficiales “no son de confianza”
El régimen chino afirmó en 2015 que dejaría de obtener órganos de prisioneros ejecutados y que confiaría exclusivamente en un sistema de donación voluntaria recientemente establecido.
Sin embargo, Sharif y otros investigadores han cuestionado las afirmaciones del régimen, planteando su preocupación después de que recientes investigaciones pusieran en duda la veracidad de las estadísticas oficiales de China sobre sus actividades de donación y trasplante.
Se refirieron a un estudio de 2019, publicado en la revista científica BMC Medical Ethics, en el que se concluye que «las cifras de donación de órganos comunicadas por Beijing no se sostienen y hay pruebas muy convincentes de que están siendo falsificadas».
La conclusión se basa en una revisión de los datos oficiales de China sobre órganos donados voluntariamente en hospitales entre 2010 y 2018, que fue publicado por el Sistema de Respuesta de Trasplante de Órganos de China (COTRS) y la Sociedad de la Cruz Roja de China.
Además, un informe separado, publicado en febrero de 2019 en la revista médica BMJ, identificó que 440 de 445 artículos médicos chinos no aclaraban si las personas habían dado su consentimiento para donar partes de su cuerpo. El estudio se basa en un análisis de artículos publicados en revistas revisadas por pares en inglés entre 2000 y 2017 con investigaciones relacionadas con trasplantes de órganos en la China continental.
Llamado a la acción
En 2021, 12 relatores especiales de las Naciones Unidas y expertos en derechos humanos dijeron en una declaración conjunta que estaban “extremadamente alarmados por los informes de que Beijing extrajo órganos de minorías encarceladas, incluidos los practicantes de Falun Gong, los uigures, los tibetanos y los cristianos”.
Sharif ha instado a las revistas médicas a rechazar la publicación de trabajos de investigación, que vienen desde Beijing, sobre la extracción de órganos.
“Dadas las acusaciones creíbles y la ausencia de evidencia de lo contrario, ¿podemos estar seguros de que la práctica china se ajusta al derecho internacional y las normas éticas? De lo contrario, las investigaciones relacionadas con el trasplante no ético no son éticas en sí mismas”, escribió Sharif en un artículo de opinión publicado en 2021.
En agosto, ISHLT actualizó su política con respecto a la ética de los trasplantes.
“Dado el conjunto de pruebas que muestran que el gobierno de la República Popular de China es el único que sigue apoyando sistemáticamente la obtención de órganos o tejidos de prisioneros ejecutados, las entregas relacionadas con trasplantes y que involucran órganos o tejidos de donantes humanos en la República Popular de China no será aceptada por ISHLT”, dijo la organización, refiriéndose al nombre oficial de China.
En su último llamado para defender los pilares éticos que sustentan la profesión, Sharif y sus coautores advirtieron a los profesionales que no capaciten a médicos o cirujanos visitantes que podrían utilizar los conocimientos adquiridos en «trasplantes basados en órganos de prisioneros ejecutados o cualquier otro delito relacionado con trasplantes» en sus países de origen.
“Creemos que este es un paso audaz que subraya la integridad ética de la sociedad y exhortamos a otros grupos de trasplante a seguir este ejemplo”, concluyeron Sharif y los otros dos expertos.
Eva Fu, Frank Fang y Cathy He contribuyeron a este artículo.
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