El jefe de la Patrulla Fronteriza, Raul Ortiz, dijo que la frontera de Estados Unidos está en crisis, en gran parte debido a que no se aplican consecuencias a la mayoría de los extranjeros ilegales.
«En mi experiencia, hemos visto aumentos cuando no hay consecuencias», dijo Ortiz el 28 de julio durante una declaración para una demanda contra el gobierno federal por parte de la fiscal general de Florida, Ashley Moody.
Ortiz también dijo que la crisis fronteriza crea condiciones inseguras para los estadounidenses.
Sus comentarios difieren de los del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien ha dicho repetidamente que la frontera está cerrada y que no existe ninguna crisis.
«No se trata solo de que la gente esté cruzando la frontera», dijo el 29 de agostola secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
En los niveles actuales, los agentes de la Patrulla Fronteriza detienen a un promedio de 6000 personas al día que cruzan a pie la frontera sur de forma ilegal, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
Los agentes están en camino de detener a más de 2 millones de extranjeros ilegales durante el año fiscal que termina el 30 de septiembre. Los agentes de la Patrulla Fronteriza han detenido a 66 extranjeros ilegales a lo largo de la frontera sur que están en la lista de vigilancia terrorista del gobierno de Estados Unidos y a 9381 extranjeros criminales condenados.
Ortiz dijo que mientras la administración no detenga o expulse a la mayoría de los inmigrantes ilegales, las cifras aumentarán.
«Existe la suposición de que si se le dice a la población migrante que existe la posibilidad de que sean liberados, entonces sí, puedes ver incrementos», dijo.
Dijo que los migrantes tenían una «visión desfavorable» de las políticas de inmigración de la era Trump, pero una vez que el presidente Joe Biden fue elegido, un número sin precedentes ha entrado a Estados Unidos debido a la percepción de que serán liberados y podrán quedarse indefinidamente.
Ortiz dijo que la economía es un motor constante de la inmigración ilegal.
«Creo que casi todos los inmigrantes que encontramos están motivados por las oportunidades económicas que existen o por la falta de oportunidades económicas en su país de origen», dijo.
Captura y liberación
En los primeros 10 meses de este año fiscal, cientos de miles de extranjeros ilegales han sido liberados en Estados Unidos, a la espera de sus procedimientos judiciales de inmigración, según datos del CBP.
A través de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) de 1952, el Congreso ordenó que todos los extranjeros inadmisibles e ilegales sean detenidos hasta que se determine su estatus, tras lo cual son deportados o se les concede la entrada con un estatus legal.
La libertad condicional es una excepción a esto y, aunque no es un estatus legal, permite una entrada de un año «caso por caso» por «razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo», según la INA.
En los primeros diez meses de este año fiscal, el CBP ha liberado en masa a más de 252,300 extranjeros ilegales bajo su nueva categoría «Parole+ATD». ATD es un programa de Alternativas a la Detención, que actúa como una solución al requisito legal de detener a los extranjeros ilegales.
En el marco del ATD, el ICE entrega al inmigrante ilegal un teléfono móvil rastreable (o una tobillera) que puede utilizar para ponerse en contacto con la agencia de forma regular.
Bajo el estatus de libertad condicional, los inmigrantes ilegales no tienen que proporcionar a la Patrulla Fronteriza pruebas de miedo creíble para recibir el asilo y se les permite la entrada sin ninguna condición previa, excepto una rápida comprobación de antecedentes en la base de datos de delitos de Estados Unidos.
La intención del Departamento de Seguridad Nacional parece ser proporcionar a los inmigrantes ilegales la vía más rápida para ser liberados en Estados Unidos.
Ortiz dijo que uno de los objetivos actuales de la Patrulla Fronteriza es encontrar la manera de procesar y liberar a los extranjeros ilegales aún más rápidamente utilizando un sistema electrónico. En algunos lugares, el sistema electrónico reduce los tiempos de procesamiento a la mitad, dijo.
«Podemos tomar datos biométricos en el lugar y determinar inmediatamente si alguien ha sido detenido anteriormente, si tiene antecedentes penales y si es una amenaza para nuestra seguridad nacional o para nuestros agentes».
Dijo que los agentes de Yuma (Arizona) utilizan ahora un sistema de admisión móvil el 100% de las veces. El plan de la agencia es ampliar la práctica a todas las fronteras terrestres de Estados Unidos.
Además, Ortiz dijo que su agencia está dispuesta a reducir el uso de la «expulsión acelerada», que es un procedimiento acelerado para expulsar a los extranjeros ilegales.
El espacio de detención del ICE se ha reducido en los últimos años de 51,379 camas en 2018 a 30,000 en la actualidad. El presupuesto de Biden para el año fiscal 2023 pide que el Congreso recorte otras 5000 camas de detención en las instalaciones del ICE, así como que elimine las 2500 camas familiares.
Demanda en Florida
La demanda de Florida, cuyo juicio está previsto para enero de 2023, acusa al gobierno de Biden de violar la ley de inmigración y la Constitución. Quiere que el tribunal emita una orden judicial permanente que obligue a la administración a cumplir la ley de inmigración, a dejar de utilizar la vía Parole+ATD y a detener a los extranjeros ilegales hasta que se decida su caso.
Durante un periodo de ocho meses que finalizó en julio, casi 40,000 extranjeros ilegales que facilitaron una dirección en Florida y fueron incluidos en el recién creado programa Parole+ATD no se presentaron ante el ICE, declaró Moody en un comunicado de prensa.
«El gobierno federal ahora no tiene idea de su ubicación o actividad, a pesar de que la mayoría de ellos son legalmente inadmisibles», dice el comunicado.
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