Un juez federal de Texas extendió la suspensión de la moratoria de deportaciones de 100 días del presidente Joe Biden hasta el 23 de febrero.
El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Drew Tipton, en el Distrito Sur de Texas, dictaminó el martes que el gobierno federal no puede hacer cambios en la aplicación de la ley de inmigración sin consultar a Texas. Como resultado, extendió la orden de restricción temporal por otros 14 días, afirmando que el estado de Texas enfrentaría más daños que el gobierno federal si no se concedía la extensión.
«El daño irreparable que sufriría Texas, si no se concede una extensión de la [orden de restricción temporal] antes de que se considere su moción de orden judicial preliminar, es más sustancial que cualquier daño sufrido por los acusados», escribió Tipton en su fallo, agregando que su fallo les dará a las partes más tiempo para «proporcionar un expediente más completo» que ayude al tribunal a «resolver la petición de Texas de una orden judicial preliminar”.
Su orden señaló (pdf) que la administración Biden había argumentado que la pausa de 100 días en las deportaciones es necesaria para permitir que la Casa Blanca tenga en cuenta las consideraciones sobre inmigración, política exterior y necesidades humanitarias.
Según Tipton, un juez designado por el expresidente Donald Trump, “extender la [orden de restricción temporal] es apropiado porque el tiempo adicional es necesario para que el registro se desarrolle más completamente”.
El mes pasado, el procurador general de Texas Ken Paxton, un republicano, demandó a la administración de Biden por su orden de pausar algunas deportaciones, afirmando que la Casa Blanca violaría su acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y Seguridad fronteriza México-Estados Unidos, y el cual requiere un aviso de 180 días para cambiar la política de inmigración.
“En su primer día en el cargo, la Administración Biden dejó de lado las leyes de inmigración promulgadas por el Congreso y suspendió la expulsión de extranjeros ilegales cuya expulsión está obligada por esas mismas leyes. Al hacerlo, ignoró los principios constitucionales básicos y violó su compromiso por escrito de trabajar en cooperación con el estado de Texas para abordar las preocupaciones compartidas sobre la aplicación de la ley de inmigración”, dice la demanda de Paxton. «Esta revocación ilegal causará a Texas un daño inmediato e irreparable si no se detiene».
El 20 de enero, el secretario interino del DHS, David Pekoske, escribió en un memorando (pdf) para ordenar la «pausa inmediata en las deportaciones de cualquier extranjero con una orden final de deportación (excepto como se indica a continuación) durante 100 días».
Pero el memorando de Pekoske afecta a casi todos los inmigrantes ilegales con deportaciones pendientes, «incluidos aquellos cuya expulsión se ordenó después de una audiencia completa y justa y aquellos que no tienen derecho, y no afirman tener derecho, a más beneficios de inmigración», escribió Paxton en su demanda.
The Epoch Times se ha comunicado con el DHS en busca de comentarios.
Por otra parte, el lunes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció que los inmigrantes ilegales, que fueron condenados por asalto o por conducir bajo la influencia de drogas o alcohol, no serán deportados bajo las nuevas pautas proporcionadas por la administración Biden.
“La prioridad para la aplicación de la ley de inmigración estará en aquellos que representan una amenaza para la seguridad nacional, por supuesto una amenaza para la seguridad pública, y en los recién llegados. Nadie está diciendo que los DUI o la agresión sean un comportamiento aceptable, y los arrestados por tal actividad deben ser juzgados y sentenciados según corresponda por la policía local. Pero estamos hablando de la priorización de quiénes serán deportados del país”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.
Zachary Stieber contribuyó a este artículo.
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