Un juez federal en Texas desestimó el 12 de junio una demanda presentada por 117 empleados del Hospital Metodista de Houston que buscaban bloquear una directriz que los obliga a recibir la vacuna anti-COVID.
En una opinión de cuatro páginas, la jueza de distrito de EE.UU., Lynn Hughes, escribió que despedir a los empleados como resultado de su negativa a recibir las vacunas anti-COVID no equivaldría a un despido injustificado. Según la ley de Texas, se considera que un empleado ha sido despedido injustamente si fue despedido únicamente por negarse a realizar un acto ilegal.
COVID-19 es la enfermedad causada por el virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
Hughes, designada por Reagan, también rechazó varios reclamos de los demandantes bajo la ley federal. Uno de los reclamos dice que los empleados se ven obligados a participar en un ensayo en humanos para las vacunas, ya que las inyecciones solo se permiten bajo autorización de uso de emergencia. El hospital, escribió el juez, no participa en un ensayo en humanos para las vacunas.
“Bridges dice que la están obligando a que le inyecten la vacuna o la despidan. Esto no es coerción. El Hospital Metodista está tratando de hacer su negocio de salvar vidas evitando que se trasmita el virus COVID-19”, dijo Hughes, refiriéndose a Jennifer Bridges, la demandante principal. “Bridges puede elegir libremente aceptar o rechazar una vacuna anti-COVID; sin embargo, si ella se niega, simplemente tendrá que trabajar en otro lugar”.
“Si un trabajador se niega a una asignación, cambió de oficina, orden de cambio de horario antes de la hora u otra directiva, es posible que sea despedido correctamente. Todo empleo incluye límites al comportamiento del trabajador a cambio de su remuneración. Todo esto es parte del trato”, agregó.
En una declaración sobre el fallo, Marc Boom, presidente y director ejecutivo del Hospital Metodista de Houston, les dijo a los medios de comunicación: «Ahora podemos dejar esto atrás y continuar con nuestro enfoque en la seguridad, la calidad, el servicio y la innovación sin igual».
“Nuestros empleados y médicos tomaron decisiones por nuestros pacientes, quienes siempre están en el centro de todo lo que hacemos”, agregó Boom. «Han cumplido con su obligación sagrada como trabajadores de la salud y no podríamos pedir un equipo más dedicado, solidario y talentoso».
Jared Woodfill, el abogado que representa a los demandantes, le dijo a The Epoch Times en una entrevista reciente que planeaba presentar una apelación si Hughes aceptaba desestimar el caso.
«Lo llevaremos hasta la Corte Suprema», dijo.
El Hospital Metodista anunció su directiva para vacunar a más de 25,000 de sus empleados el 1 de abril. Para el 8 de junio, 24,947 estaban completamente vacunados. Pero 178, que optaron por no recibir una vacuna o que no estaban completamente vacunados, fueron suspendidos durante 14 días sin pago.
Boom escribió en ese momento que los trabajadores “han decidido no dar prioridad a sus pacientes”, según un memorando interno obtenido por The Epoch Times. Los trabajadores suspendidos serían despedidos si no se vacunan completamente al final del período de suspensión.
El hospital permitió que algunos empleados renunciaran a la vacunación por motivos religiosos o pospusieran las vacunas debido a embarazos; 285 empleados recibieron una exención médica o religiosa, mientras que 332 recibieron aplazamientos por embarazo u otras razones.
La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo dijo recientemente que las empresas pueden exigir a los empleados que se vacunen sin violar las leyes federales, pero que los empleadores deben proporcionar «adaptaciones razonables» para los trabajadores que no pueden o no quieren vacunarse debido a razones religiosas, embarazo o discapacidad.
Más de 100 empleados del sistema presentaron la demanda el mes pasado, afirmando que los funcionarios estaban obligando a los empleados a «ser ‘conejillos de indias’ humanos como condición para la continuidad de sus empleos».
Bob Nevens, un exempleado del Hospital Metodista, que es uno de los demandantes, le dijo a The Epoch Times por correo electrónico que fue despedido después de pedir trabajar desde casa o mantener el distanciamiento social y usar una mascarilla en lugar de recibir una vacuna.
“Fui un empleado de 10 años altamente condecorado que era muy respetado hasta que tomé la decisión de esperar hasta que estas vacunas completaran sus ensayos clínicos”, dijo.
Bridges, el demandante principal, le dijo a The Epoch Times que los trabajadores del hospital han visto a numerosos pacientes que han sufrido reacciones adversas después de recibir la vacuna anti-COVID y una serie de los llamados casos de avance, o infecciones por COVID-19, que ocurren en personas que están completamente vacunadas.
«Así que no te protege de contraer o propagar el COVID y la probabilidad de una reacción adversa grave está ocurriendo mucho en este momento, por lo que su riesgo frente a los beneficios simplemente no tiene importancia. Así que no nos sentimos cómodos porque no queremos arriesgar nuestras vidas o nuestro futuro por recibir esta vacuna que ni siquiera funciona», dijo.
Las autoridades federales dicen que, según los datos de los ensayos clínicos, las tres vacunas autorizadas para uso de emergencia en Estados Unidos son efectivas para prevenir la infección por COVID-19. Sin embargo, un pequeño porcentaje de las personas que se vacunaron ha sufrido eventos adversos, incluidos coágulos de sangre e inflamación del corazón.
Bridges también señaló la creciente evidencia científica que indica que las personas que han tenido COVID-19 disfrutan de una inmunidad natural contra la enfermedad.
«La mayoría de nosotros ya hemos tenido COVID, por lo que esta vacuna no sirve en absoluto ya que tenemos nuestros propios anticuerpos», dijo.
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