El 23 de agosto, un juez federal denegó las solicitudes hechas por los exfuncionarios de la administración Trump, Mark Meadows y Jeffrey Clark, para evitar el arresto en el Condado de Fulton, Georgia, por cargos estatales relacionados con los resultados de las elecciones de 2020, mientras sus solicitudes para trasladar el caso a una corte federal están pendientes.
El Sr. Meadows y el Sr. Clark fueron nombrados entre los acusados de una imputación contra el expresidente Donald Trump y un total de otras 18 personas. Sus acciones relacionadas a la impugnación de parte del expresidente de los resultados electorales de Georgia los han llevado a ser imputados por presuntamente violar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (ley RICO) del estado.
La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, alega que sus acciones constituyeron una «empresa de crimen organizado (asociación ilícita)» y dio a los acusados hasta el mediodía del 25 de agosto para entregarse voluntariamente o enfrentar el arresto.
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Tanto el Sr. Meadows como el Sr. Clark presentaron mociones de reparación de emergencia, argumentando que los procedimientos penales estatales no deberían continuar mientras esperan que su caso se traslade a una corte federal. Se le pidió a la Sra. Willis que respondiera antes del 23 de agosto, lo que ella hizo oponiéndose, calificando los argumentos de «infundados», «sin mérito» e «inadecuados».
El juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Steve Jones, del Distrito Norte de Georgia, designado por el expresidente Barack Obama, denegó las solicitudes de emergencia el mismo día. El juez hizo hincapié en que no había hecho ningún comentario ni decisión sobre las solicitudes de desestimación del caso, y que la pausa en el proceso, que habría permitido a los señores Meadows y Clark evitar el arresto, fue lo único que se negó en ese momento.
El Sr. Clark confirmó que se entregaría voluntariamente antes de la fecha límite.
«La presentación de un aviso para remover un proceso penal conforme a la Sección 1455 ‘no impedirá que la corte estatal en el que dicho proceso esté pendiente proceda adelante'», escribió el juez Jones en su orden, denegando la solicitud del Sr. Meadows, repitiendo los argumentos de la Sra. Willis.
La orden sobre la solicitud del Sr. Clark era un párrafo breve, pero la orden sobre la solicitud del Sr. Meadows tenía seis páginas y citaba una próxima audiencia programada como la justificación del juez para el fallo.
La corte ya había ordenado una audiencia probatoria con ambas partes el 28 de agosto sobre la notificación de remoción, y los abogados del Sr. Meadows señalaron que los casos habían sido removidos sin dicha audiencia, pero el juez no encontró los precedentes citados en la demanda de moción de emergencia para acordar algo similar.
«El lenguaje legal de la Sección 1455 deja claro que se debe llevar a cabo una audiencia probatoria una vez que se haya dictado una orden de prisión preventiva sumaria», escribió el juez Jones. «Como los argumentos de Meadows y los casos citados en sentido contrario no son convincentes, la corte rechaza la solicitud de Meadows de que decida su jurisdicción sobre su caso penal antes de celebrar una audiencia probatoria».
Legalidad
La fiscal de distrito Willis se había opuesto a las solicitudes en una respuesta de 13 páginas, citando la Sección 1445, que describe el proceso requerido para las remociones que no impide que se lleven a cabo procedimientos estatales mientras una solicitud de remoción esté pendiente, solo en una condena estatal.
Ambos acusados, junto con el acusado David Shafer, quien sirvió como elector suplente en Georgia después de las elecciones de 2020, habían argumentado que actuaban como funcionarios federales y, por lo tanto, son inmunes al procesamiento estatal en virtud de la cláusula de supremacía de la Constitución.
“Esta Constitución, y las Leyes de los Estados Unidos que se dicten en cumplimiento de la misma (…) serán la Ley suprema del País; y los jueces de cada estado estarán obligados a ello, a pesar de cualquier disposición en contrario en la constitución o las leyes de cualquier estado”, dice la Constitución.
En general, se ha interpretado que esto significa que las leyes federales prevalecen sobre las leyes estatales y que, por lo tanto, los funcionarios federales no están obligados por las leyes y los tribunales estatales.
El Sr. Meadows, como exjefe de gabinete del presidente Trump, era un funcionario federal de alto rango. El Sr. Clark, quien se desempeñó como fiscal general adjunto de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales y luego jefe interino de la División Civil en el Departamento de Justicia (DOJ) bajo el presidente Trump, también es un funcionario de alto rango, cuyos cargos incluyen emitir una declaración del Departamento de Justicia. Shafer, como elector suplente cuyo papel fue creado por la Ley de Conteo Electoral del Congreso, argumentó que el Congreso tiene jurisdicción sobre sus acciones, no una Corte Estatal, y que al menos estaba actuando «bajo la apariencia de un funcionario federal», lo que también le permite la misma inmunidad.
Los acusados han argumentado además las defensas de la Primera, Quinta y 14ª Enmienda.
Acuerdos de fianza
A más de una docena de acusados ya se les han fijado acuerdos de fianza y varios ya se han entregado.
En total, la fianza del presidente Trump fue fijada con el bono más alto, de USD 200,000. Al exabogado de Trump Rudy Giuliani se le fijaron USD 150.000, al Sr. Eastman USD 100,000, para la Sra. Powell USD 100,000, para el Sr. Chesebro USD 100,000, a Jenna Ellis USD 100,000, a David Shafer USD 75,000, a Cathleen Latham USD 75,000, a Stephen Lee USD 75,000, a Ray Smith USD 50,000, a Robert Cheeley USD 50,000, a Michael Roman USD 50,000, a Shawn Still USD 10,000, a USD Misty Hampton USD 10,000 y a Scott Hall USD 10,000.
Los abogados Sr. Eastman, Sr. Chesebro, Sr. Smith, Sr. Giuliani y la Sra. Powell, además de los electores suplentes, la Sra. Latham y el Sr. Shafer y el agente de bienes de Georgia, el Sr. Hall, fueron fichados en la cárcel del condado de Fulton y liberados bajo fianza.
Dos veces esta semana, el presidente Trump confirmó que se entregará el 24 de agosto y el 23 de agosto promovió un rally encabezado por su partidaria Laura Loomer.
A las 10 a. m., se espera que partidarios del favorito del Partido Republicano en la carrera presidencial del 2024 se reúnan en la calle frente a la cárcel del condado de Fulton.
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