El presidente de la Corte Suprema intentó la tarde del miércoles bloquear una nueva ley en Texas, argumentando que podría violar la Constitución de Estados Unidos.
El juez John Roberts votó con los tres jueces designados por los demócratas para prohibir el proyecto de ley 8 del Senado de Texas, que prohíbe que se realicen abortos después de que se detecte el latido del corazón del feto salvo en casos de emergencia médica.
Los cuatro, sin embargo, fueron superados por cinco jueces designados por los republicanos, que dijeron que los demandantes proveedores de abortos no habían «cumplido con su carga» de demostrar que probablemente tendrían éxito en su demanda.
Roberts, nombrado por George W. Bush, dijo que las disposiciones de la ley, que impiden a los funcionarios estatales hacer cumplir la prohibición y permiten a cualquiera presentar demandas contra los médicos u otras personas implicadas en un aborto ilegal, eran «no solo inusuales, sino sin precedentes».
«El poder legislativo ha impuesto una prohibición de los abortos después de aproximadamente seis semanas, y luego ha delegado esencialmente la aplicación de esa prohibición a la población en general. La consecuencia deseada parece ser aislar al Estado de la responsabilidad de aplicar y hacer cumplir el régimen normativo», escribió en su opinión disidente (pdf), a la que se sumaron los jueces Stephen Breyer y Elena Kagan.
Roberts dijo que habría concedido un alivio preliminar «para preservar el statu quo anterior —antes de que la ley entrara en vigor— para que los tribunales puedan considerar si un Estado puede evitar la responsabilidad de sus leyes de esa manera». Pero también dijo que no estaba seguro de si la ley violaba la Constitución o si el alto tribunal podía intervenir.
«Los demandados argumentan que las doctrinas existentes impiden la intervención judicial, y puede que tengan razón», continuó Roberts. «Pero las consecuencias de aprobar la acción estatal, tanto en este caso particular como de un modelo de acción en otras áreas, aconsejan al menos una consideración judicial preliminar antes de que el programa ideado por el Estado entre en vigor».
La nueva ley entró en vigor el 1 de septiembre. Un tribunal de distrito tenía programada una audiencia el lunes que habría incluido los argumentos de los proveedores de abortos y de los demandados, entre los que se encuentra el fiscal general de Texas, Ken Paxton, pero la audiencia se canceló antes de que se celebrara por orden de un tribunal de apelaciones, que está por encima del tribunal de distrito pero por debajo de la Corte Suprema.
Esto provocó una moción de emergencia ante el máximo tribunal del país, en la que los proveedores, incluida Planned Parenthood, pidieron a los jueces que impidieran que la ley entrara en vigor.
Los jueces no se pronunciaron hasta la noche del 1 de septiembre, con una estrecha decisión de 5 a 4 a favor de dejar que la ley se mantenga, al menos por ahora.
Roberts señaló que el tribunal tuvo que dictaminar sin que los tribunales de distrito o de apelación tuvieran que sopesar las sentencias, y sin que hubiera un informe sobre los méritos o un argumento oral.
«Estas cuestiones son particularmente difíciles, incluyendo por ejemplo si la excepción a la inmunidad soberana reconocida en Ex parte Young, 209, debe extenderse a los jueces de los tribunales estatales en circunstancias como éstas», dijo Roberts.
«En consecuencia, impediría la aplicación de la S. B. 8 por parte de los demandados para dar al Tribunal de Distrito y al Tribunal de Apelaciones la oportunidad de considerar la conveniencia de la acción judicial y la reparación preliminar mientras se examinan las reclamaciones de los demandantes», añadió.
Aunque la mayoría se pronunció en contra de bloquear la ley, también enfatizó que «no pretendemos resolver definitivamente ninguna reclamación jurisdiccional o sustantiva en la demanda de los solicitantes» y que su decisión no incluía una conclusión sobre la constitucionalidad de la ley de Texas.
«Aunque la Corte deniega hoy la petición de los demandantes de una medida de emergencia, la orden de la Corte es enfática al dejar claro que no puede entenderse como que sostiene la constitucionalidad de la ley en cuestión. Sin embargo, aunque la Corte no aborda la constitucionalidad de esta ley, por supuesto puede hacerlo oportunamente cuando esa cuestión se presente adecuadamente. En ese momento, la cuestión podría decidirse después de un informe completo y de los argumentos orales, considerando si el alivio provisional es apropiado en caso de que se permita la aplicación de la ley», escribió Roberts.
Algunos conservadores reaccionaron negativamente al voto de Roberts.
«¿Notan quién NO votó para proteger a los bebés? John Roberts. Nunca deja de disgustar y decepcionar», escribió en Twitter el exgobernador de Arkansas Mike Huckabee.
Ed Whellan, miembro distinguido del Centro de Ética y Políticas Públicas, dijo que «deberíamos haber esperado algo mucho mejor, especialmente de alguien que a menudo se presenta como muy serio sobre los límites jurisdiccionales del poder judicial».
Breyer, nombrada por Clinton, y Kagan, nominada por Obama, ofrecieron opiniones discrepantes por separado, al igual que la jueza Sonia Sotomayor, otra nominada por Obama.
Roberts no se sumó a ninguna de esas opiniones.
Breyer dijo que estaba de acuerdo con Roberts. Dijo que la ley de Texas parece entrar en conflicto con el precedente de las decisiones en Planned Parenthood of Southeastern Pa. vs Casey y Roe vs Wade.
«Como escribe el JUEZ JEFE, esta Corte no debe permitir que la ley entre en vigor sin asegurar a los demandantes (y a los demandados) una oportunidad completa de hacer (o refutar) estos y otros argumentos que apoyan la solicitud de un requerimiento», dijo Breyer en su opinión.
Sotomayor y Kagan ofrecieron opiniones similares, con la primera describiendo la orden como «increíble» porque cree que el proyecto de ley de Texas es «flagrantemente inconstitucional» porque fue «diseñado para prohibir a las mujeres el ejercicio de sus derechos constitucionales y evadir el escrutinio judicial».
Kagan acusó a sus colegas de «recompensar el plan de Texas para aislar su ley de la revisión judicial, al delegar a partes privadas la realización de restricciones inconstitucionales en nombre del Estado».
Ninguno de los cinco jueces que fallaron en contra de una orden judicial preliminar escribió opiniones de acuerdo. Son los jueces Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, todos ellos nominados por Trump, el juez Samuel Alito, nominado por George W. Bush, y el juez Clarence Thomas, nominado por George H. W. Bush.
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