El 5 de septiembre, una jueza estadounidense acordó incluir a un perito especial en el proceso de revisión de los registros incautados en la casa del expresidente Donald Trump.
La jueza de distrito Aileen Cannon, nominada por Trump, ordenó el nombramiento de un perito especial para revisar la propiedad incautada en busca de artículos y documentos que puedan estar cubiertos por el privilegio abogado-cliente y/o ejecutivo.
«Además de ser privado de documentos personales potencialmente significativos, lo que por sí solo crea un daño real, el demandante se enfrenta a un daño potencial incuantificable por medio de la divulgación al público indebida de información sensible», escribió Cannon en su orden de 24 páginas, publicada varios días después de una audiencia en la que escuchó los argumentos de los abogados de Trump y los abogados del gobierno.
«Además, el demandante corre el riesgo de sufrir un perjuicio por la retención y el uso potencial por parte del gobierno de materiales privilegiados en el curso de un proceso que, hasta ahora, ha dejado fuera al demandante y que ha suscitado al menos algunas preocupaciones en cuanto a su eficacia, aunque sea de forma inadvertida», añadió.
Un perito especial es un tercero independiente que asiste en casos delicados.
Cannon aún no ha nombrado a una persona específica para ser el perito especial.
Los agentes del FBI incautaron registros, notas y otros artículos en el complejo turístico de Trump en Palm Beach, Florida, el 8 de agosto.
Cannon dijo que se inclinó por el lado de Trump en parte porque el equipo de filtrado del gobierno estadounidense, que debía identificar todos los elementos potencialmente privilegiados, no lo hizo.
«Esas instancias por sí solas, aunque sean totalmente inadvertidas, plantean dudas sobre la idoneidad del proceso de revisión por parte del filtro», dijo la jueza.
Privilegio ejecutivo
Funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) han sostenido que Trump no puede ejercer legítimamente las reclamaciones de privilegio ejecutivo porque ya no está en el cargo, señalando una determinación de la archivista en funciones de Estados Unidos, pero Cannon dijo que no estaba necesariamente de acuerdo.
«En la estimación de la Corte, esta posición podría exagerar la ley», dijo.
En la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. en el caso Nixon contra el Administrador de Servicios Generales, citada por la archivista interina Debra Wall y los abogados del Departamento de Justicia, la mayoría del tribunal consideró que una nueva ley que regulaba la custodia de los archivos presidenciales no violaba la Constitución de EE. UU. ni el privilegio ejecutivo.
Sin embargo, el tribunal tampoco «descartó la posibilidad de que un expresidente se sobreponga a un presidente en funciones en materia de privilegio ejecutivo», dijo Cannon.
«Además, este mismo año, la Corte Suprema señaló que, al menos en relación con una investigación del Congreso, «las cuestiones de si un expresidente puede obtener una orden judicial que impida la divulgación de registros privilegiados de su mandato, y en qué circunstancias, frente a la determinación del presidente en ejercicio de renunciar al privilegio, no tienen precedentes y plantean preocupaciones graves y sustanciales», añadió, citando una decisión en el caso Trump contra Thompson.
Incluso si la afirmación de Trump sobre el privilegio ejecutivo finalmente fracasa, los expresidentes todavía pueden plantear la posibilidad «como una cuestión inicial», lo que hace que el fracaso del equipo de filtrado para filtrar el material que posiblemente cae bajo la afirmación sea otra razón para nombrar un perito especial, según la jueza.
Pausa
Cannon también ordenó al gobierno que deje de revisar y utilizar los materiales incautados para su investigación en curso sobre Trump.
Los funcionarios alegan que las pruebas indican que Trump violó varias leyes, incluida una que prohíbe cierto manejo de información de defensa.
Los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos, sin embargo, están siendo autorizados a continuar su revisión de los posibles daños de que Trump tuviera registros marcados como clasificados.
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