La Administración del presidente Joe Biden, meses antes de la redada en Mar-a-Lago, pidió a la agencia federal encargada de guardar los registros de la nación que permitiera al FBI revisar los documentos que habían estado en la casa del expresidente Donald Trump, según muestra una carta recientemente revelada.
La Oficina del Consejero de la Casa Blanca envió la solicitud a la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA, por sus siglas en inglés) en abril, según dijo posteriormente la archivera en funciones Debra Wall a Evan Corcoran, abogado de Trump.
«El 11 de abril de 2022, la Oficina del Consejero de la Casa Blanca —confirmando una solicitud del Departamento de Justicia respaldada por un memorando con membrete del FBI— transmitió formalmente una solicitud para que la NARA proporcionara al FBI acceso a las 15 cajas para su revisión en un plazo de siete días, con la posibilidad de que el FBI solicitara copias de documentos específicos tras su revisión de las cajas», dijo Wall en la carta, obtenida y publicada por Just the News.
Las cajas fueron transferidas desde Mar-a-Lago, el complejo turístico de Trump en Florida, a la NARA a mediados de enero tras meses de negociaciones, según ha dicho la NARA. David Ferriero, el archivero hasta mayo, dijo previamente a un panel de la Cámara de Representantes que las cajas contenían documentos clasificados, aunque Trump ha mantenido que desclasificó los materiales y cooperó con la NARA.
Entre los materiales, según la carta de Wall: más de 100 documentos, o más de 700 páginas, con marcas de clasificación, incluyendo algunos con los niveles más altos de clasificación.
La División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia informó a Corcoran el 29 de abril que había iniciado una investigación penal, según la carta, y que solicitaba acceso a los materiales para la investigación.
Acceso concedido, pero no inmediatamente
Los abogados de Trump pidieron y recibieron una prórroga de la fecha de presentación, y la NARA no concedió inmediatamente al FBI el acceso a los materiales. Corcoran, por su parte, informó a Wall que el abogado necesitaba más tiempo para revisar los materiales y ver si alguno estaba sujeto al privilegio ejecutivo de Trump, y que la carta debía considerarse «una afirmación protectora del privilegio ejecutivo hecha por el abogado del expresidente».
Presentadas las alegaciones, Biden se remitió a la determinación de Wall, dijo el archivero en funciones. Wall pidió entonces el asesoramiento del Departamento de Justicia. Christopher Schroeder, designado por Biden, dijo que no tenía precedentes que un expresidente hiciera valer el privilegio ejecutivo «contra un presidente en funciones para impedir que este último obtuviera de la NARA los registros presidenciales pertenecientes al Gobierno Federal cuando «dichos registros contienen información necesaria para la realización de los asuntos actuales de la oficina del presidente en funciones y que no está disponible de otro modo», dijo Wall, citando el código de EE.UU.
La decisión de la Corte Suprema contra Richard Nixon en 1977 cuando invocó el privilegio sobre ciertos registros «sugiere fuertemente» que Trump no podría invocar con éxito el privilegio, añadió Wall.
Ella optó por rechazar la reclamación de Trump, y dijo que la NARA proporcionaría al FBI acceso a los registros a partir del 12 de mayo, dos días después del envío de la carta.
La NARA, el Departamento de Justicia, la Casa Blanca y Corcoran no respondieron a las solicitudes de comentarios.
En tres meses, el FBI solicitó y recibió una orden de registro para Mar-a-Lago, y allanó la residencia el 8 de agosto. Los agentes retiraron cajas de material y otros objetos, incluidos materiales clasificados. Los documentos no sellados de la orden mostraron que el gobierno cree que Trump violó varias leyes, incluyendo las relacionadas con el manejo de materiales de defensa. La declaración jurada de la orden permanece sellada, y Trump ha pedido que se designe a una parte independiente para que revise el material incautado y separe los artículos privilegiados.
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