Una jueza de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, concedió este martes un amparo a jueces y magistrados federales contra la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) dio a conocer este miércoles la decisión de la jueza Elizabeth Trejo Galán, señalando que se dio lectura en todas las sedes del PJF. La medida permite la suspensión provisional de la extinción de los fideicomisos que recortarían al Poder Judicial 15,000 millones de pesos de presupuesto.
«Hoy, las juzgadoras y juzgadores federales notificamos a la sociedad civil y a todo el personal que labora para la Judicatura Federal, que en el juicio de amparo indirecto número 1754/2023, promovido por la representación de esta Asociación, una juzgadora federal con competencia constitucional en la Ciudad de México, HA CONCEDIDO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL del Decreto que propone eliminar los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación», informó la JUFED en un comunicado.
La JUFED se refirió al decreto publicado el 27 de octubre en el Diario Oficial de la Federación por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde se lee que «en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al mencionado anteriormente».
La JUFED agregó, que la decisión «significa que será el resultado de una sentencia constitucional, no de un acuerdo de mayorías ni de planteamiento político alguno, lo que defina el destino correcto de los fondos de los diversos fideicomisos con que cuenta el Poder Judicial de la Federación».
Esta medida beneficia a los titulares federales representados por la JUFED, así como a todos los funcionarios públicos del PJF tanto en activo como en retiro, y tiene efecto para los 13 fideicomisos correspondientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), explicó la asociación.
Asimismo, los juzgadores federales señalaron que comenzaron a realizar gestiones ante organismos internacionales —acción que ya habían informado el 30 de octubre—, argumentando la defensa del estado de derecho y la división de poderes.
«En razón de las obligaciones que ha contraído el Estado Mexicano de respetar los derechos que derivan de los principios ya mencionados, que imponen la no intromisión, no dependencia, ni subordinación entre los Poderes de un Estado Democrático de Derecho, porque las instituciones no se protegen a sí mismas —pues ante los ataques inconstitucionales pueden caer una a una— a menos de que sean defendidas oportunamente», advirtieron.
La aprobación de la extinción de los fideicomisos suscitó una serie protestas de miles de trabajadores del PJF de todos los niveles, consideradas históricas. Quienes argumentaron que se están violando sus derechos laborales por los que han trabajado durante años, además de vulnerar la independencia del poder.
La medida, previo a su decreto, fue aprobada por la Cámara de Diputados y del Senado de mayoría oficialista, quienes en octubre aprobaron la disolución de los 13 de fideicomisos.
La Doctora en Derecho, Claudia Aguilar Barroso, explicó a The Epoch Times México en una entrevista, por qué el juicio de amparo que promovieron los juzgadores era viable y podría ser efectivo.
“El juicio de amparo es procedente y me parece que es una vía muy importante, porque las personas juzgadoras que resuelvan sobre esto estarán en posibilidad, por lo menos primero, de decretar una suspensión provisional, y posteriormente, una suspensión definitiva que impida, digamos, que se ejecuten y que sea irreparable la afectación que se le da a los trabajadores”, dijo.
No obstante, en opinión de la también Maestra en Derecho Procesal Constitucional, la medida idónea de impugnación contra la disolución de los fideicomisos del PJF, es la acción de inconstitucionalidad que recae en la minoría del poder legislativo.
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