Una jueza federal de Washington denegó este viernes la petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos de contratar a una empresa privada para crear una base de datos con las pruebas de la irrupción en el Capitolio el 6 de enero.
Beryl Howell, la jueza a cargo del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, denegó la solicitud del Departamento de Justicia de proporcionar el material del gran jurado a la empresa Deloitte Financial Advisory Services, porque las normas federales prohíben la divulgación de dicho material a las entidades gubernamentales, excepto a las públicas.
«Sin duda, el gobierno tiene una necesidad genuina de la experiencia altamente técnica que ofrece Deloitte para proporcionar apoyo al litigio y a procesar eficientemente las engorrosas miríadas de datos electrónicos recogidos en la investigación del ataque al Capitolio», escribió la jueza en una opinión de 54 páginas (pdf).
El Departamento de Justicia apuntó a ciertas excepciones en las prohibiciones para argumentar que Deloitte podía ser considerado personal del gobierno, explicando que la falta de una entidad centralizada para manejar todas las pruebas amenazaría con «ralentizar el proceso de descubrimiento, retrasar los procedimientos de juicio contemplados y socavar los considerables beneficios de tener una base de datos única, segura y con capacidad de búsqueda para los materiales que se están descubriendo».
Howell coincidió en que la necesidad del gobierno de contar con la ayuda de Deloitte es genuina, pero dictaminó que la definición de lo que es una entidad pública gubernamental «no puede extenderse para incluir a un contratista privado como Deloitte, por muy imperiosa que pueda ser la necesidad de revelación de datos».
Más de 500 personas de todo Estados Unidos fueron acusadas de delitos y faltas en relación con la irrupción del Capitolio el 6 de enero de 2021. El gobierno describió el volumen de pruebas recogidas en el marco de la investigación como «el mayor de la historia de Estados Unidos, tanto por el número de acusados como por la naturaleza y el volumen de las pruebas».
Las pruebas incluyen grabaciones de vídeo, publicaciones en redes sociales, historial de localización de dispositivos y datos de torres de telefonía móvil de cientos de dispositivos situados en el Capitolio en el momento de la irrupción. Para manejar el enorme volumen de datos como parte de su responsabilidad de presentar pruebas exculpatorias a los abogados de la defensa, el Departamento de Justicia (DOJ) contrató a Deloitte el 28 de mayo de 2021.
El DOJ argumentó que la experiencia de la firma privada «es vital para la capacidad de Estados Unidos de revisar grandes producciones de datos/documentos y es esencial para la capacidad [del gobierno] de procesar estos casos de manera efectiva» y «para garantizar que todos los acusados obtengan un acceso significativo a la voluminosa información que puede contener material exculpatorio», mientras que «protege adecuadamente los intereses de privacidad y seguridad de los testigos y sujetos de los que se derivaron esos materiales».
La participación de la empresa se vio complicada por el hecho de que el material del gran jurado se utilizó en los procesos de unas 200 personas, incluida la información obtenida mediante más de 6000 citaciones del gran jurado.
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